Vialidad podría hacerse cargo de las concesiones de Brazo Largo y Victoria-Rosario

Caminos del Río Uruguay entró en convocatoria de acreedores y analizan si el distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional toma el control de los corredores viales.

Interés General19/04/2023EditorEditor
Peaje Estación Yeruá

La concesión de los peajes en las rutas nacionales 12, 14 y 18 en el territorio entrerriano, abruptamente podrían caer por parte de la empresa Caminos del Río Uruguay, y pasar a ser controlados por el Estado. Con esta alternativa no se descarta, que el proceso de estatización quede a cargo del distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional. Todo esto se precipitó por la convocatoria de acreedores que presentó la empresa al no poder emprender las inversiones y saldar las millonarias deudas impuestas por las moras.

La principal arteria del Mercosur, durante años fue controlada por la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión iba a finalizar este año en el mes de octubre. Sin embargo, los pleitos y desajustes económicos llevaron a la empresa a caer en reiteradas oportunidades en incumplimientos de los contratos.

Caminos del Río Uruguay tiene el control de los peajes ubicados en la ruta 12 y 14, en el territorio entrerriano, de esa manera, recauda en las cabinas ubicadas en cercanías de Concordia, en el puente Brazo Largo Zárate y en el enlace vial Victoria-Rosario.

La empresa privada monopolizó el control de la principal vía de comunicación entre Brasil, Uruguay y Argentina, obteniendo extraordinarias ganancias con el paso fluido de vehículos pequeños, medianos y de gran porte.

Se informó que anticipándose a la caída de la concesión y la segura no renovación, Caminos presentó la convocatoria de acreedores y al mismo tiempo una serie de reclamos al Estado nacional por no cumplir con el contrato.

La Justicia estableció la apertura formal de la instancia concursal desde el 1 de Marzo de 2023 y dio plazo hasta el 24 de Mayo de 2023 a los acreedores, para presentar “los títulos justificativos de sus créditos”.

Ni lerdos, las autoridades esperaban ese movimiento de la empresa, y al abrir el camino, estarían dispuestos a que el Estado nacional a través de Vialidad Nacional u otro organismo oficial que monitorea las rutas, puedan hacerse cargo de las dos rutas estratégicas para el tránsito que tienen un 100% de injerencia en el territorio entrerriano.

Paso estratégico

La idea de avanzar con el proceso de estatización, fue confirmado por el director del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional (DNV), Daniel Koch.

El funcionario oriundo de Nogoyá detalló el proceso que se está analizando en el organismo nacional, en Buenos Aires, como las alternativas que se podrían tomar, para evitar males mayores a la salida de Caminos del Río Uruguay.

La empresa se presentó en concurso preventivo en la Justicia comercial, ya que no puede pagar sus pasivos.

Al inicio del contrato el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Victoria-Rosario, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo la empresa 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.

En 1995, se acordó una modificación al contrato que implicó una inversión de 82 millones de dólares, mantener las tarifas reducidas durante la ejecución de las obras, y una ampliación de plazo de 15 años, extendiendo la concesión hasta octubre de 2018. El proyecto principal fue la autopista desde Arroyo Negro a Ceibas. En 2001, se suscribió una adenda para incorporar al contrato la construcción de la autopista de Ceibas a Gualeguaychú.

Por la inflación y los vaivenes económicos en la Argentina, se acordaron nuevas obligaciones para la empresa y el Estado, permitiéndose actualizaciones tarifarias para poder cumplir con los servicios y mejoras viales.

Desde marzo de 2019 hasta ahora, con una inflación que ya supera el 300% y costos del sector que treparon 523%, hubo dos aumentos tarifarios que en conjunto representan un incremento de 37,5%.

En el último tiempo, Vialidad inició un proceso de imposición de multas y reclama 2804 millones de pesos de compensación por obras no realizadas. En los expedientes administrativos, la empresa dice que no se hicieron por falta de cumplimiento de contrato por el Estado y que pese a eso, ejecutaron obras por 2666 millones de pesos.

Se hizo saber que la estrategia de Caminos es el reclamo a través de la vía judicial, para de esa manera tratar de abrir un proceso de renegociación final, que no se dará. Todo parece indicar que la estatización de las rutas nacionales por Entre Ríos, será anunciado en poco tiempo más.

En este marco, Koch comentó que se encuentra en Misiones participando de un encuentro nacional de directores del organismo de integra. Allí se conversó del problema y la posible solución al pedido de quiebra formulado por Caminos del Río Uruguay. "La empresa hizo saber que no puede seguir con la concesión, por lo que más allá que en octubre se venza la misma, Vialidad Nacional tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial, el mantenimiento y las obras que se necesitan, haciéndose cargo de los corredores", hizo notar para agregar cuáles son las alternativas que se barajan: "Se estudian tres situaciones: una que las autoridades de Vialidad Nacional, dispongan que el distrito Entre Ríos de esa repartición se haga cargo de la concesión de las rutas; una segunda, que el Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales), sea la que siga con la concesión; y la tercera es que se llame a una nueva licitación", explicó Koch.

Lo cierto es que hasta tanto se realice el proceso de un nuevo llamado a licitación, pasarán varios meses, por lo que es muy factible que a partir de un corto tiempo el Estado se haga cargo de modo transitorio de las rutas, cobrando el peaje correspondiente. "Si esto avanza, el Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional tendría que conformar un ente mixto para avanzar con el proceso de recaudación de fondos, tal cual lo marca la normativa vigente", consideró el funcionario, para indicar finalmente que "las fechas probables para que este proceso se de, podrían ser entre los meses de julio y agosto". (UNO)

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