Un reciente informe científico presentado en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental reveló niveles récord de glifosato en afluentes entrerrianos que desembocan en el río Paraná. Pero lo más alarmante no es solo el dato científico: detrás de este desastre ambiental, se esconde una red de permisividad estatal, desregulación legal y lobby empresarial que pone en riesgo a millones de personas y al ecosistema de la principal cuenca hídrica del país.
Interés General17/06/2025
TABANO SC
El modelo que envenena
El uso masivo de glifosato en Argentina está directamente vinculado al modelo agroexportador basado en transgénicos, instaurado en los años 90 con el desembarco de Monsanto y el paquete tecnológico soja-RR. Desde entonces, el país pasó de usar 38 millones de litros de agroquímicos por año en 1990, a más de 600 millones en la actualidad, con el glifosato como el producto estrella.
Entre Ríos es parte del llamado “núcleo sojero”, junto con Santa Fe y Córdoba. En la provincia, más del 70% de la superficie cultivada está destinada a soja o maíz transgénico, lo que implica aplicaciones intensivas de herbicidas.
Los ríos contaminados, el silencio estatal
El informe presentado en el Congreso Internacional reveló que arroyos como el Las Conchas y el Doll, entre otros afluentes entrerrianos del Paraná, presentan concentraciones de glifosato y su metabolito (AMPA) que superan los valores tolerables para ecosistemas acuáticos establecidos por organismos internacionales.
“No es solo presencia, es acumulación crónica. Se trata de uno de los niveles más altos registrados en Sudamérica”, denunció el Dr. Damián Marino, del Conicet.
Pero pese a la evidencia científica:
No existen controles sistemáticos ni periódicos del agua en estos cursos.
No hay sanciones conocidas a empresas ni productores.
No hay una base pública de datos de aplicaciones de agroquímicos.
La complicidad estructural del Estado
En Entre Ríos, tanto gobiernos peronistas como de Juntos por el Cambio han sostenido el modelo sin fisuras. Ni Gustavo Bordet ni Rogelio Frigerio impulsaron legislación para proteger a las poblaciones expuestas ni para delimitar zonas libres de agroquímicos. Tampoco hay fiscalización efectiva sobre lo que se aplica y dónde.
Además:El Ministerio de Producción y el de Salud no cuentan con equipos técnicos ni presupuesto para monitoreo ambiental.
El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) funciona con poca transparencia y sin controles reales.
Las leyes de fitosanitarios en la provincia datan de 1987, totalmente obsoletas ante el actual modelo intensivo.
El poder del lobby empresarial
Empresas como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y BASF dominan el mercado de semillas y agroquímicos. Sus representantes están presentes en cámaras empresarias, entidades rurales y hasta en asesorías de organismos públicos.
Estas compañías:
Presionan para frenar ordenanzas municipales que limitan las fumigaciones.
Financian campañas políticas en zonas rurales.
Participan de mesas técnicas del Estado provincial, condicionando normativas.
“Hay una captura del Estado por parte del agronegocio. La política no legisla porque depende económicamente del modelo, y quienes se oponen son estigmatizados o silenciados”, advierte el abogado ambientalista Darío Ávila.
Una legislación débil y a medida del agronegocio
Argentina no tiene una ley nacional de agroquímicos ni una ley de presupuestos mínimos de protección de zonas fumigadas. Las normativas dependen de cada provincia y muchas veces de ordenanzas municipales, que suelen ser derogadas o frenadas judicialmente por presión de productores o empresas.
En Entre Ríos:
No hay distancias mínimas efectivas de aplicación en cercanías de escuelas o barrios rurales.
No se exige licencia ambiental para fumigar.
Las denuncias por fumigaciones ilegales raramente prosperan.
¿Y la salud de la gente?
En decenas de pueblos fumigados de Entre Ríos —como San Salvador, Gualeguay, Urdinarrain o General Campos— los vecinos denuncian mayor incidencia de enfermedades oncológicas, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.
El sistema de salud no sistematiza los datos ni realiza estudios epidemiológicos vinculados al uso de agroquímicos. Todo queda en manos de médicos voluntarios, organizaciones sociales o universidades públicas con escaso presupuesto.
¿Qué se puede hacer?
Expertos y colectivos socioambientales reclaman:
Una ley nacional de protección a pueblos fumigados.
Monitoreo estatal independiente y continuo del agua y del aire.
Zonas de resguardo amplias entre áreas urbanas y zonas fumigadas.
Una transición agroecológica real, que preserve la producción y la vida.
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