TABANO SC
Este lunes puede marcar un punto de inflexión en la historia económica y jurídica de la Argentina. La jueza federal estadounidense Loretta Preska decidirá si acepta la apelación presentada por el gobierno argentino para frenar la entrega del 51 % de las acciones de YPF a dos fondos de inversión, Petersen Energía y Eton Park, beneficiarios de un fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.
En septiembre de 2023, Preska falló en contra de Argentina, argumentando que la estatización de YPF en 2012 —durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— no respetó los derechos de los accionistas minoritarios. Ahora, tras rechazar múltiples recursos y pedidos de reconsideración, la jueza ordenó el 30 de junio de este año la transferencia efectiva del paquete accionario estatal a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon, en un plazo de 14 días.
El gobierno argentino solicitó una suspensión urgente de esa orden mientras se tramita la apelación ante el Segundo Circuito de Nueva York. Hoy se sabrá si Preska acepta ese pedido. Si lo rechaza, la entrega del paquete accionario sería inminente, aun cuando el proceso de apelación esté en curso.
Lo que está en juego
La participación estatal en YPF representa no solo un activo estratégico en términos de producción energética, sino también un símbolo de soberanía económica. Perder el 51 % de las acciones implicaría:
Privar al Estado del control de decisiones clave en la empresa.
Afectar la capacidad de planificación energética en un contexto de crisis energética y presión sobre reservas.
Habilitar la venta futura de esas acciones por parte de los fondos buitres, lo que podría traducirse en una privatización de facto sin pasar por el Congreso.
Para los juristas argentinos que siguen el caso, la situación resulta alarmante. “Es el peor escenario posible: una jueza extranjera ordenando la transferencia de un activo estratégico sin respetar la ley nacional”, señaló un especialista en derecho internacional.
Impacto político
La decisión también tiene una lectura política. El presidente Javier Milei, férreo defensor del libre mercado y crítico de la estatización de 2012, no celebra el fallo pero tampoco lo condena con firmeza. Su gobierno considera que el daño ya estaba hecho y que ahora se trata de minimizar el costo económico y legal del proceso.
Sin embargo, legisladores de la oposición acusan al gobierno de “entregar la soberanía energética sin resistir”. Algunos incluso plantean que el Ejecutivo debería convocar a una sesión especial en el Congreso para debatir el tema y evitar que una jueza extranjera disponga sobre un recurso nacional.
¿Qué puede pasar hoy?
Si la jueza Preska acepta la suspensión del fallo, el país ganará tiempo hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie. Pero si la rechaza, Argentina podría perder el control de YPF en cuestión de días.
Se trata de un conflicto que va mucho más allá de una disputa comercial. Es, en palabras de economistas y constitucionalistas, una disputa por el futuro del control de los recursos estratégicos del país.
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