María de los Ángeles Duarte Pesantes necesitaba un salvoconducto para abandonar Quito, pero la cancillería ecuatoriana rechazó ese beneficio al considerar que no corresponde en casos con sentencia firme.
Política15/12/2022
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La tensión entre los gobiernos de Argentina y Ecuador sumó un nuevo capítulo porque la cancillería ecuatoriana rechazó conceder el asilo diplomático de María de los Ángeles Duarte Pesantes, la ex ministra de Rafael Correa que fue condenada a 8 años de prisión por corrupción. La ex funcionaria permanece refugiada en la embajada argentina en Quito desde agosto de 2020 y la administración de Alberto Fernández había pedido su asilo a principios de diciembre.
Mediante un comunicado, el ministerio que conduce el canciller Juan Carlos Holguín expresó que “tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el Gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 -del que ambos países son parte- no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”.
Luego de consignar que Duarte Pesantes fue condenada “tras un proceso penal en el que tuvo todas las garantías legales para su defensa” y “que es evidente que la señora Duarte no ha cumplido su pena”, la cancillería ecuatoriana sostuvo que “en consecuencia no concederá el salvoconducto para que ella salga del país”.
Holguín, antes de hacer este anuncio, citó este martes 13 al embajador argentino en la capital ecuatoriana, Gabriel Fuks, para que explicara las razones por las cuales el gobierno que encabeza Alberto Fernández había pedido que en un plazo de 48 horas se decidiera el otorgamiento del salvoconducto para la exfuncionaria que le permitiría viajar rumbo a Buenos Aires.
En un primer comunicado anterior a ese encuentro, el canciller de Ecuador había rechazado la carta que le enviara su par argentino, Santiago Cafiero, un día antes.
Cafiero le había enviado este lunes una carta de una carilla de extensión a Holguín, en la que le reiteró la decisión del gobierno de Argentina de otorgarle asilo diplomático a Duarte Pesantes y a su hijo de 11 años, de padre argentino. Fue ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Ecuador para realizar el lunes 12 de diciembre una reunión técnica-jurídica entre ambos equipos para definir las condiciones del salvoconducto para Duarte Pasantes, que hace más de dos años permanece junto a su hijo en la residencia de la Embajada de nuestro país en Quito.
Argentina pedía en la última nota enviada que, conforme lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, se decida “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.
A la ex ministra se le probó su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.
Duarte Pesantes integraba el gabinete del expresidente Rafael Correa -también condenado por corrupción en la misma causa y quien logró asilo diplomático en Bélgica en abril de 2022-, y se encuentra refugiada en la embajada argentina en Quito. Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano, resiste el pedido de asilo solicitado por la Cancillería alegando que no existe ese beneficio legal para condenados por corrupción.
Si Lasso concedía el asilo a la exministra sentenciada por corrupción, no tendría otra alternativa que hacer lo mismo con Rafael Correa, que está prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas. Bélgica concedió asilo diplomático al ex presidente Correa en abril de este año y Ecuador exigió su extradición sin resultado positivo.
El gobierno argentino también había mantenido una reunión de trabajo la semana pasada con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, que se realizó en Washington y de la que participaron la jefa de gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el consejero legal Holger Federico Martinsen y el embajador ante la OEA Carlos Raimundi. Allí se dieron a conocer los fundamentos y la preocupación por el deterioro psíquico debido a la prolongación de la grave situación de Duarte Pesantes y su hijo –de padre argentino- que permanecen hace más de dos años en la residencia argentina en Quito.
La causa que involucró a Duarte Pesantes se inició en 2019. Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.
La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 de abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional ecuatoriana sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y ex vicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, ex asesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el ex asambleísta Christian Viteri”.
Aunque los implicados apelaron ante el Tribunal de Casación, la sentencia quedó confirmada el 7 de septiembre de 2020. Y dos semanas antes de este fallo definitivo, Duarte ya había ingresado a la Embajada de Argentina. Fue por recomendación de Correa, que estaba en Bélgica.
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