Frigerio y los puertos: el negocio detrás del dragado

 
El dragado a medida del poder
En plena revisión de los términos del pliego de licitación, Frigerio operó directamente para incorporar los tramos Paraná–Guazú y Pasaje Talavera al corredor principal. Esta modificación no fue inocente: beneficia de manera directa a los puertos privados del sur entrerriano, operados por grupos económicos vinculados al macrismo como Vicentin, AGD, ACA y Terminal Puerto Rosario, todos con fuerte peso en el negocio agroexportador.

La extensión de la traza concesionada también incluye la profundización del dragado de 28 a 36 pies en esa zona, lo que garantiza mayor capacidad de carga y menor costo logístico para estas empresas.

 
Concesiones en Entre Ríos: la avanzada silenciosa
Mientras Nación reactiva la licitación de la Hidrovía, en Entre Ríos Frigerio impulsa un proceso paralelo de privatización y concesión de puertos públicos como Ibicuy, Diamante y Concepción del Uruguay. Lo hace a través del Instituto Portuario Provincial (IPPER), que fue presidido por Juan Ruiz Orrico, exfuncionario del PRO y protagonista de un trágico accidente vial que causó la muerte de cuatro personas.

Uno de los casos más recientes fue el convenio con PTP Warrant S.A., empresa de logística fluvial que firmó un permiso de uso oneroso por 25 años para operar instalaciones en Ibicuy, con una inversión anunciada de USD 12 millones. El acuerdo fue rubricado en un acto encabezado por Frigerio, y desató críticas por falta de licitación pública, ausencia de estudios de impacto ambiental y opacidad contractual.

 
Empresas amigas, consultoras y puertas giratorias
El interés de Frigerio por “abrir los puertos” tiene antecedentes: ya como ministro del Interior de Macri impulsó un esquema de desregulación y concentración en manos privadas, diseñado por los exfuncionarios Guillermo Dietrich y Gustavo Lopetegui, duramente cuestionado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía están a cargo del Estado, que subcontrata a Jan de Nul y Emepa

Entre las firmas beneficiadas por ese modelo se encuentran:

Hidrovía S.A., controlada por Jan de Nul y Emepa, con contratos prorrogados por décadas sin licitación.
Benito Roggio e Hijos S.A., que participó de grandes obras de dragado y tiene vínculos con operadores PRO.
Grupo Macri, que históricamente mantuvo interés en el negocio logístico y portuario a través de SOCMA y SIDECO, empresas asociadas a cuentas offshore.
A esto se suma un entramado de exfuncionarios devenidos asesores: Dietrich, Iguacel, Lopetegui y otros nombres del gabinete PRO hoy forman parte de consultoras privadas que asesoran a empresas del sector para competir —o presionar— en las licitaciones portuarias y fluviales.

 
Entre Ríos: la llave del Paraná inferior
El sur entrerriano —donde se concentran los enclaves fluviales de Ibicuy, Zárate, Diamante y Concepción del Uruguay— representa el tramo estratégico del Paraná inferior, donde circula más del 70% de la producción agroindustrial argentina. En este contexto, Frigerio no quiere quedar como espectador: pretende que la provincia sea socia del negocio, reclamando regalías, canon portuario y poder de veto sobre el modelo concesional.

El riesgo es que, bajo el argumento de “federalizar la Hidrovía”, se termine consolidando un esquema de privatización encubierta, donde el Estado provincial se convierte en gestor de intereses corporativos. Mientras tanto, los beneficios —infraestructura, acceso, tarifas, control ambiental— quedan subordinados al interés privado.

 
Opacidad, deuda ambiental y blindaje judicial
Pese a la magnitud del negocio, la transparencia brilla por su ausencia. El convenio con PTP Warrant no fue publicado en su totalidad, no hay información sobre los términos económicos ni se conocen estudios de impacto ambiental. La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) presentó un pedido formal de acceso a la información pública al IPPER, aún sin respuesta. A su vez, la Auditoría General de la Provincia no ha emitido informes sobre el estado de los puertos concesionados ni sobre las obras anunciadas.

A esto se suma un blindaje judicial preocupante: el titular del IPPER, Juan Ruiz Orrico, no ha sido imputado formalmente por el choque que dejó cuatro muertos, pese a ser el único sobreviviente, mientras su esposa, Valeria Coria, trabaja como fiscal adjunta en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

 
Final abierto
Mientras el Gobierno nacional y las cámaras empresarias avanzan en la “nueva” Hidrovía, y Frigerio busca consolidarse como gestor portuario regional, la trama del dragado, las concesiones y los actores invisibles exige un seguimiento periodístico riguroso. Porque donde hay agua, hay poder. Y donde hay poder, muchas veces hay negocios que navegan bajo la línea de flotación de la legalidad.

 
Fuentes clave para la nota
Portal oficial de Entre Ríos (IPPER, convenios)
Boletín Oficial (convenios con PTP Warrant)
Análisis Digital, UNO Entre Ríos, El Heraldo
Denuncias y causas judiciales (Carrió, AGN)
Registros IGJ / TAD (composición accionaria)
Declaraciones públicas de Frigerio