El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró este jueves en Rosario durante un encuentro de jueces federales que "la decisión política de los tres poderes del Estado es fundamental" para enfrentar al narcotráfico, y llamó a dar una "batalla cultural y educativa" en pos de "la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social" como parte de esa pelea.

Junto al resto de los integrantes del máximo tribunal, Rosatti encabezó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario un encuentro organizado por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) con la intención de brindar un gesto de apoyo a la Justicia Federal de esta ciudad, atravesada por el fenómeno narco.

Más de 100 miembros del Poder Judicial se mostraron junto al Procurador General interino, Eduardo Casal, representantes de la Corte santafesina, el gobernador Omar Perotti y legisladores nacionales por esta provincia en un acto de apoyo a las autoridades judiciales.}

Para Rosatti, "no se puede combatir con éxito el narcotráfico sin una batalla cultural previa, sin un Estado consolidado, sin una sociedad comprometida".

El presidente de la Corte sostuvo que "estos factores deben estar acompañados por una decisión política muy firme, muy clara, muy contundente. De lo contrario, cualquier esfuerzo puede naufragar".

En ese sentido, señaló que "la decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito cuando éste ya se ha consumado", sino que "debe partir de mucho antes".

Así, mencionó como factores claves para abordar el problema "la inclusión social, la cultura del trabajo y el respeto por el prójimo".

Rosatti también reclamó al Consejo de la Magistratura, que ahora preside, la cobertura de vacancias, que en la Justicia Federal de Rosario supera el 30% de los cargos existentes.

"No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces", dijo, a la vez que anunció "la instalación de un salón multimedia con la última tecnología" en la Justicia Federal de Rosario, el segundo en el país además del que existe en Casación.

El titular de la Corte aseguró que el acto en Rosario "no lo hicimos para sacarnos una foto"; reclamó la protección estatal de jueces y fiscales que abordan causas por narcotráfico; y sostuvo que "la cárcel no debe controlar la calle", en referencia a las personas condenadas que continúan ligadas al delito desde el Servicio Penitenciario.

A su turno, el vicepresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien participa de la Comisión de Narcotráfico del tribunal, planteó la necesidad de "hacer un diseño de una política integral o sistémica y permanente" contra el mercado ilegal de comercio de estupefacientes.

Afirmó que el país lleva "más de una década sin políticas de Estado" en esa materia y que "el problema central es que cada uno mira o resuelve una parte, y nunca logramos entender el todo".

Como solución a esa fragmentación, Lorenzetti propuso la creación de "una agencia" integrada por distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Judicial, las provincias y los municipios, que "esté por afuera de las urgencias y con el propósito de encaminarse a una solución del narcotráfico".

El ministro de la Corte aseguró que "la buena noticia es que esto se está logrando" porque "acá no hay divisiones" y "todos acordamos que hay un problema superior a cada una de las partes, y también que es necesario crear una especie de agencia".

La mayoría de los oradores del encuentro, convocado bajo la consigna "Juzgamiento del narcotráfico", coincidieron en la necesidad de reforzar la Justicia Federal, tanto en materia de cargos como de infraestructura.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, recordó que "hace 43 años" no se crean juzgados ni fiscalías en Rosario, cuando "de hecho ni existía el narcotráfico, por lo menos como lo conocemos hoy".

Dijo que "hoy padecemos el 35% de vacancias en la jurisdicción" y reclamó la aplicación del sistema acusatorio, que hoy solo funciona en las provincias de Salta y Jujuy.

Pineda remarcó "la necesidad extrema de que se consensue un plan común de seguridad de todos los partidos políticos, de todos los poderes del Estado" y que el mismo "se mantenga a largo plazo, 10 años como mínimo, y trascienda a los gobiernos".