En la generación de los informes técnicos que actúan como prueba en el juicio que se lleva adelante contra el exgobernador Sergio Urribarri, exministros y funcionarios y también particulares, el MPF se apartó de lo dispuesto por la ley que instituyó el Código Procesal Penal de la provincia, que ordena peritajes independientes a cargo de personal del Superior Tribunal, y confió en lo que puedan aportar sus técnicos de parte.

En el artículo 304, la normativa dispone: “Calidad habilitante. Los exámenes periciales se realizarán por el Cuerpo Pericial de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con excepción de aquellos casos que requieran exámenes periciales de ciencias o materias que no posean expertos en dicho cuerpo, en este caso se llevarán a cabo por Peritos habilitados, los que deberán poseer título habilitante en la materia a la cual pertenezca el punto sobre el que han de expedirse, y estar inscriptos en las listas oficiales.”

Este proceso garantiza la presencia de las partes y un informe final objetivo donde, en todo caso, queden contempladas las discrepancias particulares.

Pero Fiscalía consideró que era más pertinente llevar informes de parte y no pericias ante el Tribunal de Juicio que integran José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón.

• Uno por uno

Sobre este flanco abierto dejado por la acusación cargaron con fuerza las defensas en las audiencias donde los profesionales tuvieron que ir a presentar sus conclusiones y defenderlas. Cuatro fueron los casos donde quedó más patente esta situación.

Los dos primeros fueron los testimonios de Guillermo Fritz y de Fernando Ferrari. Ambos son ingenieros biomédicos pero realizaron pericias informáticas sobre computadoras y celulares respectivamente. Sus dichos quedaron bajo la lupa debido a la falta de incumbencia profesional sobre la materia, situación agravada por la información aportada por el Colegio profesional de ciencias informáticas.

Para intentar reparar este bache, el MPF sentó como testigo a Martín Herrlein, licenciado en informática y también empleado del Gabinete Forense. Su rol era el de dar aval a lo actuado por Fritz y Ferrari. Sin embargo, su testimonio terminó rengo. Es que debió reconocer que era subordinado de los bioingenieros cuyo trabajo debía supervisar. Y además terminó reconocimiento una grave irregularidad: siendo pasante actuó como perito en un allanamiento. Y procesó allí junto con Fritz el material del informe que luego debía convalidar.

Entremedio, Fiscalía llevó al ex oficial de Policía Héctor Enrique. De su informe surgió el monto de reclamo por $ 24 millones de pesos a un grupo de imputados por el supuesto desvío de publicidad oficial. Pero cuando se analizó su informe, quedó demostrado que la cuenta estaba mal hecha. En el mismo plano de inexactitudes, terminó reconociendo que había hecho mal cálculos porcentuales por lo que había gráficos donde la suma de las participaciones era superior al 100%. (APFDigital)