Trabajó nueve años en condiciones precarias para el Estado, pero fue despedido sin aviso. Se encadenó frente al municipio de San Benito y expuso el drama de miles de trabajadores entrerrianos que hoy quedan a la intemperie, sin salario, sin obra social y sin respuestas.
Provinciales03/07/2025
EDITOR1
“Tengo cuatro chicos. Mi dolor es ese: son ellos los que van a sufrir la falta de alimento.” La frase de Mariano, trabajador despedido por la Municipalidad de San Benito, sacude el aire helado de una provincia en emergencia social.
Después de cuatro años trabajando en negro y cinco como contratado por servicios, Mariano fue notificado —sin previo aviso ni explicaciones— de que su contrato no sería renovado. Ante la injusticia, decidió encadenarse en la puerta del municipio, como forma de visibilizar su situación.
“Me trataron como un perro, me sentí como un perro. Por eso estoy encadenado acá como un perrito”, denunció con la voz quebrada.
Ningún funcionario se acercó a hablar con él. Ni el intendente ni su gabinete dieron la cara. “Me vieron esta mañana y cerraron la puerta. No se me acercó nadie”, contó.
Sueldo de subsistencia
Por su trabajo, Mariano cobraba $400.000 de bolsillo, un ingreso apenas por encima de la línea de pobreza en una economía marcada por la inflación y los tarifazos. “Me servía estar en blanco porque mis hijos se hacían atender con la obra social”, relató, dejando al descubierto cómo el despido impacta también en la salud y el futuro de su familia.
Un caso que refleja el abandono generalizado
Lo de Mariano no es un caso aislado. En toda la provincia, trabajadores precarizados por el Estado —en municipios, consejos escolares, hospitales o programas sociales— están siendo desvinculados sin explicación, sin indemnización y sin redes de contención. El ajuste tiene nombre, rostro y consecuencias.
Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio guarda silencio. No hay medidas para frenar los despidos ni políticas de empleo o reinserción. La desidia institucional ya es estructural.
El grito de Mariano
“Estoy indignado. Estuve en parte de enfermo, volví, y me encuentro con que ya no tenía más contrato. Me dijeron: ‘no necesitamos más tus servicios’. Así, sin más. No me dieron ni una explicación.”
Mariano no pide privilegios. Pide trabajo. Pide comer. Pide que alguien lo escuche. Su cuerpo encadenado a la reja de un municipio que le dio la espalda es una radiografía de la provincia: funcionarios que se encierran, puertas que se cierran, y del otro lado, ciudadanos rotos, que siguen pidiendo con dignidad lo mínimo: vivir, trabajar, ser reconocidos.(LAVOZ901)
El Ministerio de Seguridad lanzó una línea de asistencia tras cinco suicidios en la fuerza este año. La medida llega tarde y desnuda una realidad ignorada: la falta de centros públicos de atención psicológica, el abandono estatal frente al malestar emocional de sus trabajadores y el crecimiento alarmante del suicidio adolescente.
Desde este martes y hasta el viernes, los empleados del Ministerio de Salud provincial realizarán retención de servicios y asambleas en rechazo al recorte del 20 % en las horas extras. El conflicto se agrava mientras ATE evalúa adherirse al paro nacional del jueves.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
Los candidatos a legisladores nacionales del PJ, Guillermo Michel y Adán Bahl, mantuvieron un encuentro este jueves en la localidad de Victoria con diversos representantes del turismo local. Se analizó la situación crítica que atraviesan y la falta de acción gubernamental.
“Esta decisión surge de la convicción profunda de que el peronismo es la única fuerza capaz de frenar el proyecto de hambre, desocupación y pobreza”, dice el documento.
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La jueza Loretta Preska resolverá si suspende la orden de transferir el 51 % de las acciones de YPF a fondos buitres. Si el fallo se ejecuta, el Estado argentino perdería su participación mayoritaria en la petrolera más importante del país, con consecuencias económicas, políticas y soberanas de gran escala.
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