El conflicto en la región etíope del Tigré está marcado por una "brutalidad extrema" y todos los actores involucrados pueden haber cometido "crímenes contra la humanidad", según informe de la ONU.
Internacionales04/11/2021
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La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una investigación conjunta de la ONU y la Comisión Etíope de Derechos Humanos que concluye que "existen motivos razonables para creer que todas las partes (...) cometieron violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad".
La guerra entre los rebeldes del Tigré y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (FPLT) en represalia por un ataque contra una base militar federal, después de una escalada de tensiones políticas.
Desde entonces miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazadas internamente en Tigré y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales. Además, casi siete millones de personas afrontan una "crisis de hambre" por la guerra, según advirtió en septiembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
Estado de emergencia
Este martes, el Consejo de Ministros de Etiopía anunció el estado de emergencia con efectividad inmediata y durante un plazo de seis meses (prorrogable, si es necesario) para, según el Gobierno, frenar a las fuerzas tigriñas e impedir la desintegración del país.
Los rebeldes del FPLT afirmaron entretanto que el estado de emergencia declarado por las autoridades es una medida "para encarcelar o matar a los tigriños a su voluntad".
"Mientras que el régimen del primer ministro Abiy Ahmed se tambalea al borde de su colapso, sus lugartenientes están desatando un reino de terror y venganza", afirmó su portavoz, Getachew Reda, en su cuenta oficial de Twitter.
Una veintena de ataques en aguas del Caribe y el Pacífico oriental que han causado ya más de 100 muertes, justificadas de modo unilateral por un gobierno que acusó a los destinatarios de sus misiles y drones de traficantes de droga o “narcoterroristas”, sin aportar aún prueba fehaciente alguna de su imputación.
En un documento conjunto que se conoció tras la cumbre en Foz do Iguaçu, los mandatarios señalaron que el acuerdo comercial hubiera significado una "señal positiva" para el mundo. "Es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones", afirmaron.
Aghil Keshavarz tenía 27 años y los jueces islámicos lo vincularon al Mossad. Para Iran Human Rights, se trató de "otra ejecución basada en confesiones obtenidas bajo tortura".
Trinidad y Tobago abrió sus terminales aéreas a operaciones logísticas estadounidenses “en las próximas semanas”. Dura acusación de Caracas.
Las autoridades taiwanesas informan que las fuerzas armadas han reforzado su preparación ante la intensificación de ejercicios militares del régimen de Beijing. Cooperación con Polonia en drones
Ocurrió durante una fuerte tormenta que azotó a la ciudad de Porto Alegre.
Las defensas pidieron la absolución y buscaron desligar responsabilidades, mientras la Fiscalía insistió en la culpabilidad conjunta de Abdala y De la Cruz Vázquez.
Una comisión de Bomberos Zapadores, Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría Cuarta de Concordia debió intervenir a raíz del incendio de una vivienda ubicada sobre boulevard San Lorenzo Oeste al 160, entre 25 de Mayo y Brown.
La mañana del viernes 26 de diciembre comenzó con un fuerte despliegue policial en Concordia. Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal.
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