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La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una investigación conjunta de la ONU y la Comisión Etíope de Derechos Humanos que concluye que "existen motivos razonables para creer que todas las partes (...) cometieron violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad".
La guerra entre los rebeldes del Tigré y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (FPLT) en represalia por un ataque contra una base militar federal, después de una escalada de tensiones políticas.
Desde entonces miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazadas internamente en Tigré y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales. Además, casi siete millones de personas afrontan una "crisis de hambre" por la guerra, según advirtió en septiembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
Estado de emergencia
Este martes, el Consejo de Ministros de Etiopía anunció el estado de emergencia con efectividad inmediata y durante un plazo de seis meses (prorrogable, si es necesario) para, según el Gobierno, frenar a las fuerzas tigriñas e impedir la desintegración del país.
Los rebeldes del FPLT afirmaron entretanto que el estado de emergencia declarado por las autoridades es una medida "para encarcelar o matar a los tigriños a su voluntad".
"Mientras que el régimen del primer ministro Abiy Ahmed se tambalea al borde de su colapso, sus lugartenientes están desatando un reino de terror y venganza", afirmó su portavoz, Getachew Reda, en su cuenta oficial de Twitter.
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