Radio estatal: el falso debate sobre un problema que no debería existir

El periodista Federico Odorisio denunció persecución política tras su despido, pero admitió que en el sector privado gana “varias veces más” de lo que cobraba en la radio pública. Este simple hecho demuestra que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión, sino de una disputa por los privilegios del sector estatal. Si el mercado premia su trabajo con ingresos mucho mayores, ¿para qué se necesita una radio estatal? No hay ninguna razón válida para que los ciudadanos de Concordia, que ya enfrentan enormes dificultades económicas, financien con sus impuestos un medio que claramente no es indispensable ni para los propios periodistas afectados. Pero el problema va más allá de un despido.

La existencia misma de un medio público es incompatible con la verdadera libertad de expresión, porque siempre estará sujeto a la influencia política de quienes lo administran. El PJ ahora en la oposición denuncia censura, pero cuando eran gobierno manejaban la radio como un instrumento de propaganda y precarizaban a sus propios trabajadores a través del monotributo. Entonces, ¿el problema es la censura o que perdieron el control del micrófono? El concejal Felipe Sastre también dejó en evidencia otro aspecto clave: los beneficios discrecionales que algunos periodistas recibían dentro del sistema estatal. Horarios flexibles, falta de controles en el uso del medio, conflicto de intereses con trabajos privados… todos estos privilegios solo refuerzan la pregunta central: ¿por qué los ciudadanos deben sostener con sus impuestos una radio que solo beneficia a una minoría vinculada al poder político?

En la actual situación de emergencia fiscal, el intendente Francisco Azcué tiene la oportunidad de alinearse con la política de austeridad del gobierno nacional y tomar una decisión histórica: eliminar el financiamiento estatal a la radio y dejar que se sostenga con recursos privados. El presidente Javier Milei ya demostró que el Estado no tiene por qué financiar medios de comunicación y redujo al mínimo la pauta oficial.

 
En Concordia, ese mismo principio debe aplicarse: el periodismo debe depender de la voluntad de su audiencia y no de los impuestos forzosos de los ciudadanos. Y si el oficialismo local realmente quiere demostrar que está comprometido con la responsabilidad fiscal, puede ir aún más lejos. ¿Por qué no suspender también la “dieta” de casi 3 millones de pesos de los concejales o fijarla en cero? En una ciudad donde los ciudadanos deben hacer sacrificios diarios, donde los comerciantes enfrentan tasas asfixiantes y donde los trabajadores no tienen acceso a los privilegios de la clase política, sería un gesto de coherencia y justicia. La política no debe ser un refugio de privilegios sino un servicio a la comunidad.

Si los concejales consideran que el periodismo debe ser independiente del Estado, que den el ejemplo y renuncien a sus propios beneficios estatales.

Este debate no se trata solo de una radio, sino de la hipocresía de la clase política local. Mientras los concejales discuten cómo se debe manejar un medio estatal, los ciudadanos no eligieron ni su creación ni su financiamiento.

La radio pública no es más que otro botín de guerra entre facciones que buscan imponer su control sobre la narrativa local con dinero ajeno. Pero la libertad de expresión no se garantiza con radios estatales, sino con la existencia de un mercado libre de medios, donde cada ciudadano elige qué consumir y a quién financiar. Concordia tiene una amplia oferta de medios privados, que van desde radios hasta periódicos digitales con diversas líneas editoriales. No existe ninguna justificación para que una radio pública siga funcionando con dinero de los contribuyentes.

Si realmente es un espacio de valor para la comunidad, que se sostenga con aportes voluntarios, publicidad privada o suscripciones. El verdadero debate aquí no es sobre un despido, sino sobre si seguimos permitiendo que el Estado maneje medios de comunicación con fondos públicos. Y la única respuesta correcta es: terminar con el subsidio estatal al periodismo y dejar que el mercado, es decir, los propios ciudadanos, decidan qué medios merecen existir. 

Cristian Nahuel Centurión 
Las Fuerzas del Cielo Entre Ríos. 
Fuente: La Libertad Avanza Departamento Concordia.