Tras conocerse este martes la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, desde Presidencia de la Nación se emitió un comunicado oficial para expresar su repudio.
"El fallo dictado luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones", sostiene el documento oficial de Casa Rosada en su página web.
Y agrega: "La sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial".
Comunicado completo
El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023. De esta manera, el fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones.
Para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara. Sin embargo, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Sólo de esa manera el Tribunal, haciendo lugar a lo solicitado por los fiscales federales que intervinieron, pudieron construir y dictar esta condena ilegítima.
En consecuencia, la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial.
Ante esta situación, y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país, y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa.
Como contracara de esta persecución a la principal referente política de este país, se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población.
A su vez, los escasos avances de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta, con la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales, y la reticencia para investigar las conexiones políticas, evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial. Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores.
La situación actual del funcionamiento del Poder Judicial y sus relaciones oscuras con el poder político y económico, que hoy cuenta con una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, implica exponer la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares.
Miles de estudiantes, docentes, graduados y vecinos autoconvocados marchan desde Plaza 1° de Mayo hacia Casa de Gobierno en la más multidinaria de las manifestaciones, que se repiten en todas las ciudades y pueblos de Entre Ríos. Ahora, hay algarabía y el pueblo baila en las calles.
Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.
La Cámara de Diputados rechazó hoy por por 181 votos contra 60 el veto del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan, al conseguir los dos tercios que exige la Constitucional para insistir con una ley.Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno. (ampliaremos)
Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional
“Milei quiere seguir manejando de manera discrecional y arbitraria las partidas”, afirmó el ex titular de Aduanas y candidato de Fuerza Patria en Entre Ríos
Se destacó que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, fue concebido como una herramienta para que las provincias pudieran afrontar situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. Se trata de 1% de impuestos coparticipables que “aunque pequeño en proporción, resulta vital en momentos de crisis para sostener servicios básicos que son responsabilidad de las provincias, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia”.
La seccional Concordia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adhiere al paro nacional convocado para este miércoles, en rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de Emergencia de Salud Pediátrica y Financiamiento Universitario.
Las agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes se reunirán en distintos puntos desde el mediodía. A las 18 comenzará el acto central en la Plaza del Congreso
La UNER, la UTN y Humanidades de UADER convocan a manifestarse en defensa de la Ley de Financiamiento y contra el veto de Milei. Los puntos de concentración. EL SOL.Tele5, transmitirá en directo C5N por este portal.
Un auto pasó un semáforo en rojo en Villa Adela y chocó con una 4x4 que tumbó y volcó sobre otra camioneta. Videos y fotos del siniestro, registrado por Canal 9 Litoral.
