Tras conocerse este martes la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, desde Presidencia de la Nación se emitió un comunicado oficial para expresar su repudio.
"El fallo dictado luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones", sostiene el documento oficial de Casa Rosada en su página web.
Y agrega: "La sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial".
Comunicado completo
El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023. De esta manera, el fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones.
Para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara. Sin embargo, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Sólo de esa manera el Tribunal, haciendo lugar a lo solicitado por los fiscales federales que intervinieron, pudieron construir y dictar esta condena ilegítima.
En consecuencia, la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial.
Ante esta situación, y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país, y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa.
Como contracara de esta persecución a la principal referente política de este país, se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población.
A su vez, los escasos avances de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta, con la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales, y la reticencia para investigar las conexiones políticas, evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial. Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores.
La situación actual del funcionamiento del Poder Judicial y sus relaciones oscuras con el poder político y económico, que hoy cuenta con una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, implica exponer la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares.
El exministro del Interior, Federico Storani, criticó duramente el plan económico del Gobierno, asegurando que el ajuste recae sobre jubilados y la paralización de la obra pública. Además, arremetió contra los dirigentes de la UCR que "claudicaron" ante la Casa Rosada, e impulsó la construcción de una oposición socialdemócrata fuerte.
Mediante un proyecto de declaración, el bloque justicialista criticó la “manera arbitraria e inconsulta” en que la Dirección de Educación Superior definió “políticas educativas vinculadas a los Institutos de Educación Superior de la Provincia”. Se afirmó que “sostener y fortalecer la educación superior gratuita no constituye un gasto prescindible, sino una inversión estratégica para el desarrollo provincial”.
Un comunicado del PJ Concordia ataca directamente a la política llevada adelante por el titular del ejecutivo municipal, Francisco Azcué. El texto completo más abajo.
A través de un comunicado, las integrantes del PJ sostuvieron que el apartamiento es un "disciplinamiento selectivo" por lo que solicitaron la revisión de la decisión del Consejo Provincial.
Los cinco diputados nacionales electos juraron este miércoles poco después de las 14 y asumirán el 10 de diciembre. Tres fueron electos por la Alianza La Libertad Avanza (Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider) y dos por el peronismo (Guillermo Michel y Marianela Marclay). Milei presenció la sesión preparatoria
Este jueves, pasadas las 11:30, la Municipalidad de Colón emitió un nuevo reporte sobre el estado de salud de la esposa de José Luis Walser y de su hija, especialmente afectadas por el accidente ocurrido un día antes en territorio brasileño.
El "Polaco" Martínez y otros integrantes de la banda “Los Chacales de la Ruta” fueron capturados tras una serie de ocho allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense.
La cobertura sanitaria provincial atraviesa su peor crisis desde la creación de OSER. Lo que fue anunciado como “una reforma estructural” para mejorar la salud pública, hoy genera angustia, Desprotección y costos humanos y sociales muy graves. El vicepresidente de OSER, Ricardo García, afirmó recientemente que “el sistema todavía necesita ordenarse”, y reconoció que aún no logró instalar en la sociedad que “la obra social se está poniendo de pie”. Pero la realidad que viven afiliados, jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del interior de la provincia desmiente ese optimismo de papel.
Dos personas de 25 años terminaron presos luego de un allanamiento en la zona semi rural de Concordia.
Cerca de la navidad, los controles policiales, fagocitan las arterias de ingreso a la ciudad y se alegran de múltiples secuestros, sobre todo de motos, que anoche fueron 21 en una sola jornada. Claro que nadie piensa que las motos son el medio de transporte de la gente más humilde y en ella se traslada a los niños a la escuela y la gente a trabajar. El peso de la ley cae para todos a los que les falte algún foquito, se olvidó el carnet, o no tiene todos los papeles en regla, en fín, el garrote se dirige a los pobres y pega fuerte.
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