La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habilitó una ampliación de denuncia que realizó Daniel Rossi

El 6 de noviembre de este año,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirigió a la Misión Permanente de la República de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, y le transmitió copia de una nota que fue dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, relativa al caso 13.588 Domingo Daniel Rossi.

 
Aquel organismo internacional le solicitó “respetuosamente al Gobierno de su excelencia tenga a bien presentar las observaciones que considere oportunas dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación”. El requerimiento fue dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina, Gerardo Werthein, en Esmeralda 1.212 Piso 3, Buenos Aires.

 
La Comisión, tras analizar la amplia documentación que aportó Rossi, acogió la conclusión a la que arribó aquel cuando sostuvo que “el Estado Argentino ha fallado en proteger mis derechos fundamentales, garantizados por la Convención Americana. He sido víctima de una persecución política, judicial y mediática orquestada para neutralizarme como líder político. Las violaciones a mis derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial efectiva, a participar en el gobierno, a la igualdad ante la ley y a la integridad personal no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia coordinada para destruirme políticamente”.

 
En 2010, Rossi llevó su caso a la CIDH denunciando lo que entendió como “múltiples violaciones a mis derechos humanos que venía padeciendo desde finales de los años 90”. Rossi recordó que “la CIDH reconoció la gravedad de lo ocurrido y, tras un largo proceso, decidió reabrir mi causa en 2016. La Comisión le exigió al Estado argentino que explicara las irregularidades y abusos cometidos durante mi procesamiento”.

 
Medidas

 
A partir de la presentación de la ampliación de la denuncia, Rossi, a través de su abogado, Carlos Guillermo Reggiardo, solicitó a la CIDH el “cese de la persecución judicial” y que intervenga “para detener las investigaciones sesgadas y acusaciones sin fundamento que han afectado gravemente la vida de Daniel Rossi, su familia y la ciudad en general de Santa Elena”. La “Reparación del daño moral: Pedimos que se reconozca y repare el daño al honor y la reputación de Rossi, provocado por más de dos décadas de persecución judicial y mediática”.

 
Como medidas cautelares solicitaron que “la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger los derechos políticos de Rossi, garantizando su seguridad personal y su derecho a participar en la vida política de su país sin miedo a represalias, previa audiencia, que solicitamos con urgencia, virtual o presencial para entregar documentación y exponer ante UDS un caso emblemático de persecución judicial”.

 
Finalmente se reafirmó “la urgencia de que la Comisión intervenga en este caso, ya que el sistema judicial de la provincia de Entre Ríos ha demostrado, una y otra vez, su falta de imparcialidad y su utilización como una herramienta de persecución política” y se consideró que “la intervención de la CIDH es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de Rossi, y para asegurar que los procesos judiciales en su contra sean conducidos con imparcialidad y justicia”.

 
Ejemplo

 
Rossi sostuvo que su caso “continúa siendo un ejemplo de la utilización de la justicia como herramienta de persecución política en la provincia de Entre Ríos”. Denunció que “durante más de 25 años”, es “objeto de una serie de procesos judiciales plagados de irregularidades, las cuales han afectado gravemente su vida personal, su participación política y su reputación”. Añadió que desde 2010, “se han intensificado los ataques mediáticos y judiciales…”, coincidiendo con “momentos clave de su participación política en la ciudad de Santa Elena, evidenciando un patrón sostenido de persecución. A pesar de ello, la ciudad ha experimentado avances bajo su gestión, lo que demuestra su compromiso con el bienestar de la comunidad, incluso en medio de las acusaciones infundadas”.

 
Rossi  que es intendente de Santa Elena y fue vicegobernador de Entre Ríos, sostuvo: “Mi lucha contra la persecución política y judicial comenzó hace más de 27 años, desde 1997, cuando fui sometido a un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Desde entonces, he estado bajo proceso judicial de manera continua, una situación sin precedentes, donde me han mantenido en una especie de ‘libertad condicional permanente’, utilizando el sistema judicial como una herramienta de represión política”.

 
Disfraz

 
El dirigente peronista cuestionó ante la CIDH que “el proceso judicial que se me inició en 1997 por enriquecimiento ilícito ha sido un ejemplo de persecución política disfrazada de legalidad. En todas las instancias judiciales en Entre Ríos, fui condenado con una alevosía y prepotencia que no dejaron margen para la justicia”.

 
Destacó que “los medios de comunicación se ensañaron conmigo, promoviendo un escrache público que ha durado más de dos décadas. Durante este tiempo, fui destituido como intendente de Santa Elena y, pese a que la ley me permitía postularme nuevamente, mi candidatura fue constantemente impugnada. En el 2011, conseguí la rehabilitación para ocupar cargos públicos, pero el Ministerio Público Fiscal, comandado por Jorge Amílcar García, emitió dictámenes en mi contra, argumentando razones ‘morales’ que no tenían sustento en la ley”. (APFDigital)