El jefe de Gobierno porteño habló de "fortalecer la seguridad en las comisarías" y "deportación a extranjeros que delinquen".
Nacionales04/05/2024
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El anuncio empezó hablando de la "herencia". Se trata de 2.000 personas privadas de su libertad que hoy están detenidas en comisarías y alcaidías porteñas en situaciones de hacinamiento y precariedad. El Gobierno de la Ciudad anticipó que, para "resolver la situación urgente", apuntará a instalar 19 contenedores, a los que definen como "módulos de detención", en tres comisarías, con capacidad para unos 80 presos cada uno.
Con esos cupos, además de 2.000 tobilleras electrónicas y pedidos de extradición, buscarán bajar la sobrepoblación.
El anuncio no es aislado: en lo que va de 2024 hubo 13 fugas de comisarías porteñas, un promedio de una cada cada nueve días.
Desde la pandemia de COVID-19, la sobrepoblación carcelaria afecta a miles de personas que son detenidas en la Ciudad de Buenos Aires y que no tienen cupo en los penales federales, adonde deberían ser trasladados.
De esos 2.000 detenidos, el 20 por ciento tiene condenas firmes y sigue en situaciones de detención precarias y transitorias. Las comisarías no tienen baño, ducha, sectores de esparcimiento, cocina o áreas de visita. En algunos casos hasta deben turnarse para dormir.
Mientras el traspaso de la Justicia penal de la órbita nacional a la porteña no parece ni cerca de avanzar, el 94 por ciento de los detenidos por la Policía de la Ciudad tienen causas en juzgados nacionales o federales.
El presupuesto para alojar y trasladar a esos presos depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el SPF no les asigna cupos, la Ciudad no puede trasladar a los presos que ahora están abarrotados en comisarías y alcaidías que no están preparadas para alojar detenidos.
La gestión en Seguridad porteña, que asumió el 10 de diciembre, se adjudica como un logro la aceleración de las detenciones en un 22 por ciento, algo que profundiza un problema que ya era grave.
Detienen más, tienen menos cupos para alojar presos y no crecen las plazas del SPF para dar abasto con ese incremento. Es así como se aceleró el "cuello de botella" que deriva en condiciones precarias de detención y, también, en las 13 fugas de 2024.
Este viernes, para demostrar diálogo político entre la Ciudad y la Nación, Jorge Macri anunció medidas para descomprimir la crisis carcelaria en Villa Soldati, donde ya funcionan los "módulos de detención equipados" -realizados con contenedores - donde alojarán a unos 300 presos-
"La herencia recibida tanto en Ciudad como en Nación con los presos alojados en comisarías llegó a una situación crítica. Para tomar dimensión, en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías porteñas. Hoy hay más de 2.000 (70% en alcaidías y 30% en comisarías)", dijo Macri en Villa Soldati, acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin dar precisiones, agregó: “Esta solución que ha encontrado la Ciudad ayuda mucho al proceso de ordenamiento que tenemos que hacer. Nosotros, a nivel Nación, estamos analizando todas las soluciones para complementar lo que está haciendo la Ciudad tratando de vaciar las comisarías”.
Tres anuncios
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dividió el plan en "decisiones físicas" y en "definiciones rápidas". Por un lado, la construcción de la Alcaidía Central en el sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo, sobre la calle 27 de Febrero, y la relicitación de la obra para terminar con la Unidad Penitenciaria en la cárcel de Marcos Paz.
Ambas, anunció Macri, estarían listas para diciembre de 2025. La alcaidía le permitiría a la Ciudad sumar 300 cupos. Y el penal de Marcos Paz, mudar la cárcel de Devoto.
En 2018, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, la Ciudad firmó un convenio con el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
De acuerdo a ese convenio, destinarían 65 millones de dólares para hacer una unidad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires y mudar a los 1.800 presos de Devoto. A cambio, lograrían sacar la cárcel de la Ciudad y apropiarse de las tierras para hacer, según había anunciado Horacio Rodríguez Larreta en ese momento, un negocio inmobiliario y un parque. Ante la consulta de este diario no dieron especificaciones sobre cuál sería el destino final de esas tierras de concretarse la mudanza.
Con la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad, ese proyecto se estancó. Nación realizó su parte y avanzó en un 70 por ciento de la obra. El resto correspondía a la Ciudad pero nunca lo ejecutó. Ahora deben renegociar la licitación para terminarlo. Prevén completarlo recién para fines de 2025.
Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad, anticipó que "Devoto tiene 1.800 presos y la nueva unidad 2.200 cupos". El convenio establece que la mudanza se realizará una vez concretada la obra pero buscarán ajustarlo para hacerlo en etapas y empezar antes con dos de los institutos que ya están a un 70 por ciento y que podrían ser los primeros en terminarse.
Además, intentarán que los 400 cupos que sobran "también sean para la Ciudad y ayuden a descomprimir".
Eso dependerá exclusivamente de la decisión de Nación que podría usarlos para lo que requiera el SPF.
Los nuevos módulos para alojar presos
Respecto de las decisiones urgentes, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, aseguraron que generarán nuevos cupos con "19 módulos de detención equipados y preparados para 300 detenidos en playones dentro de la Comisaría Comunal 12 de Saavedra, la Comisaría Comunal 15 de Chacarita, y la Comisaría Comunal 4D de Barracas".
"Las comisarías comunales ya tienen un límite, tienen cercos, tienen un muro. Estos módulos se instalan dentro de esos límites físicos, por lo cual son de absoluta seguridad", detalló Macri sobre las nuevas estructuras, y agregó que además habrá trabajos para "remodelar, modernizar, y fortalecer la seguridad en algunas comisarías".
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