Entre los múltiples reclamos que recibirá, deberá fundamentar una resolución que, firmada por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 17 de agosto, le otorga a la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande un “refuerzo” de crédito por $ 200 millones para el funcionamiento en el Ejercicio 2023.

El interrogante será planteado desde filas de la misma coalición de gobierno. “Debe haber una rendición de cuentas muy detallada de cómo se gasta ese dinero”, le dijo al diario El País el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), al señalar que el ministerio debería ser el principal interesado en aclarar el tema. “Yo espontáneamente vendría a responder sobre este punto”, sostuvo el legislador.

La polémica partida suplementaria se convirtió en el más reciente punto de discusión en la agenda política, pero los cabildantes procurarán ahondar en otros aspectos críticos en la gestión de la principal represa hidroeléctrica del país y que Domenech considera “escandalosos”.

El senador se hizo eco allí de lo informado semanas atrás por M24. Allí se indicaba que el jefe de seguridad de la CTM, Carlos Gelpi, fue “prejubilado” con 56 años de edad tras ser ascendido a asesor, por lo que en los próximos siete años cobrará una suma cercana a los US$ 700 mil.

Cabildo Abierto fijó su mira en estas partidas desde hace varias semanas, en medio de la polémica por sus reclamos presupuestales. Los liderados por Guido Manini Ríos -incluso el propio senador -observaron que las partidas suplementarias a la CTM equivalen prácticamente al monto que serviría para financiar el incremento salarial en las Fuerzas Armadas que vienen reclamando.

La razón oficial de la partida extra es que los recursos disponibles no acompasan el incremento en los gastos de los últimos años: insumos, reajustes salariales y gastos referidos a las “cuestiones sociales” que, más allá de la generación eléctrica, el ente asume como cometido, destinados al área de influencia de la represa.

“Hace ocho años que funcionamos con la misma plata”, le dijo a El País el presidente de la delegación uruguaya ante la CTM, el nacionalista Carlos Albisu. Y explicó que la CTM cuenta para su funcionamiento con una partida anual de $ 744 millones, que sigue sin variaciones desde 2015. UTE a su vez aporta otros $ 200 millones al año, a partir de lo establecido en la ley de Presupuesto de 2005, en concepto de “comisión por administración”.

“Necesitamos ese dinero para tener un margen de administración más adecuado a los que son hoy los gastos de funcionamiento de la represa”, indicó el presidente de la comisión técnica mixta. En total, y al igual que en 2022, la CTM recibiría $ 1.144 millones.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) le planteará hoy al resto de la bancada del Frente Amplio la necesidad de realizar un triple llamado a sala por este tema. Además de Economía, quiere que también respondan ante el Parlamento Cancillería y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La diputada Bettiana Díaz sostuvo que las autoridades deberán fundamentar la partida -que la CTM también había recibido en el ejercicio pasado- que, a su juicio, responde a la “política clientelar” que se aplica en el organismo.

La bancada frenteamplista se basa en la respuesta que obtuvo a un pedido de informes el año pasado: desde 2020 ingresaron a la CTM 36 personas. De ellos, 27 por designación directa. La mayoría, se indicó desde la oposición, corresponden a integrantes de la Lista 404 de Salto -a la que pertenece Albisu-, de otros dirigentes nacionalistas y también del Partido Colorado. Eso llevó a que Salto Grande, desde 2020, haya incrementado 12% la plantilla de origen uruguayo y haya incrementado 15% el gasto en salarios en términos reales. Según Díaz, esto significa unos US$ 2 millones al año.

Toda esta polémica registra sus antecedentes. En 2022 la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande también tuvo que pedir la partida suplementaria de $ 200 millones. Ese pedido anterior había originado un planteo de la diputada Díaz a principios de agosto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas había ido a exponer sobre la Rendición de Cuentas correspondiente a ese ejercicio. La diputada frenteamplista preguntó directamente si el equipo económico estaba en condiciones de “avalar” ese pedido. La legisladora del MPP relató que la respuesta al respecto fue “administrativa”. Llegó por parte de la asesora Jessika Mosteiro, que reparó en la “forma jurídica” particular que tiene esa comisión, al ser un organismo binacional, y cuyo presupuesto debe ser acordado conjuntamente con Argentina.

“El margen que tiene el ministerio para influir es muy limitado”, advirtió Mosteiro. No obstante, indicó que se hicieron “algunos esfuerzos” en procura de reducir el gasto. Según Mosteiro, el pedido suplementario original de la CTM había sido el año pasado por $ 700 millones. “Lo que pudo asignar el ministerio fueron $ 200 millones”, afirmó a asesora. En cuanto a las partidas pagadas por UTE, permanecen sin cambios por lo menos desde el anterior período de gobierno. “Vienen siendo de $ 200 millones en los últimos cuatro o cinco años”, informó Mosteiro. (El País)