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El Tribunal Oral Federal de Corrientes informó este martes que resolvió entregar con carácter definitivo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) la posesión de dos inmuebles rurales ubicados en el departamento de Santo Tomé (Corrientes) que habían sido decomisados en el marco de la causa de "los narcoaviones", donde se juzgó a una organización transnacional que ingresaba cocaína al país mediante vuelos clandestinos.
En el expediente intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (Dgrdba), María del Carmen Chena.
El tribunal -conformado por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni- hizo lugar el jueves pasado al pedido presentado por el Inta de la entrega de las fincas “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula", de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente.
En la presentación, los representantes del organismo habían solicitado gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Abbe) la transferencia definitiva de los inmuebles debido a que el Inta logró "poner en orden" estos establecimientos y expresaron que los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales.
Fundamentos de la decisión
Desde la Fiscalía hicieron foco no solo en que el decomiso dispuesto ya está firme sino también en el desarrollo adecuado de la administración que lleva adelante el organismo en calidad de depositario judicial.
Recordaron además que el proyecto del Inta presentó adhesiones del Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste.
Por estos motivos, consideraron pertinente que“se provea favorablemente respecto de lo solicitado por el Inta, otorgando el traslado del dominio definitivo de las fincas”.
En la resolución, los jueces indicaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el organismo dedicado a la experimentación y estudio de variedades forestales, de cultivos y ganaderos y sostuvieron que los responsables del mismo “recuperaron el establecimiento rural que le fue cedido vacío, y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado”.
De esta forma, destacaron que resultó "valiosa" la labor ejecutada por el organismo durante los seis años en los que lo tuvieron a su cargo, "con un cuidado responsable", monitoreado por la Cooperadora del INTA Mercedes y con el aporte de distintas organizaciones provenientes de sectores sociales, agrícolas y ganaderos, a las que se sumó en algunas oportunidades la comunidad universitaria, lo que ha dado como resultado un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.
Por este motivo, y en línea con lo planteado por el MPF, el tribunal destacó la tarea que llevó adelante el Inta, aprobó el plan propuesto para su ejecución y consideró que corresponde que se haga la entrega definitiva de los inmuebles.
Los magistrados explicaron que el organismo deberá cumplir con dos condiciones estipuladas por el artículo 39 de la Ley 23.737. Por un lado, destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería Nacional, que contenga en preferencia un lugar mínimamente edificado, a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región.
Por otra parte, implementar en algún sitio del inmueble el acondicionamiento de un lugar, de alrededor de 10 hectáreas, a disposición del Estado provincial o nacional, para el funcionamiento de una institución dedicada a la rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.
La causa
En abril de 2017, el TOF de Corrientes -integrado en esa oportunidad por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni-, había condenado a penas de entre ocho y 20 años de prisión a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.
En ese marco, la Cámara Federal de Casación Penal había ratificado los decomisos oportunamente ordenados sobre los dos establecimientos rurales -que eran utilizados por la organización para descargar la droga- y sobre las aeronaves, vehículos, dinero y demás bienes secuestrados durante la investigación.
En la causa, la DGRADB había colaborado con el trabajo llevado adelante durante por el fiscal general Schaefer en relación a los requerimientos de las medidas cautelares de orden patrimonial finalmente obtenidas.
En su dictamen, el MPF había manifestado que en la sentencia se ordenó el decomiso de la totalidad del inmueble "por ser instrumento del delito”. Explicó que si bien en principio fueron entregados los dos inmuebles en depósito judicial a los hijos de la imputada María Hilda Calabrese, ellos incumplieron con las obligaciones de informar todas y cada una de las operaciones económicas y financieras realizadas. Por ese motivo, debieron ser reemplazados en ese rol por el INTA, para que las estancias sean conservadas y administradas "de manera eficiente, transparente y orientada hacia fines de utilidad social de modo de reparar el daño causado a la sociedad y al Estado". (El Litoral)
La Policía, en sus comunicados, a través de medios que tienen la información antes que los demás y que enaltecen la labor profesional de la Policía y en sus propios comunicados, emitidos desde la Departamental de Policía, publicitan los procedimientos considerados "exitosos" y dan detalles de las increíbles detenciones que se registran en Concordia en los últimos tiempos con un promedio de diez detenidos por día que son "depositados" en celdas a la espera de ser llamados a indagatoria judicial.
Es por los supuestos delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. La presentación recayó en el juzgado Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para impedirle a García-Mansilla intervenir en las causas en trámite en la Corte y a Ariel Lijo jurar ante el máximo tribunal.
Los abogados que representan al ex senador Edgardo Kueider apelaron la decisión del juez de Garantías de Concordia, Edwin Ives Bestián, en la que rechazó el pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para que cancele la investigación por enriquecimiento ilícito y le remita las actuaciones, confirmaron fuentes judiciales.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, la presidenta de la Sala Civil y Comercial, Gisela Schumacher , junto al vocal Federico Tepsich, dio a conocer el proyecto denominado “Automatización de Procesos Sucesorios”. Es una iniciativa en la que se trabaja como parte de las políticas de innovación del Poder Judicial, orientadas a integrar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial como aliados en el desarrollo de los procesos judiciales.
El martes 18 de marzo, la localidad de Colón fue escenario de un episodio de violencia desatado tras conocerse que una joven de 18 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Claudio Barrios, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. En medio de los pedidos de justicia, vecinos enfurecidos atacaron al acusado, requiriendo la intervención policial para rescatarlo. Durante el tumulto, una mujer, Mabel Viollaz, recibió un disparo de bala de goma en la pierna, efectuado a corta distancia por un efectivo policial. La lesión sufrida es de tal gravedad que podría derivar en una amputación, según indicaron fuentes médicas.
Siete minidosis de cocaína fueron encontradas en un domicilio allanado por la Policía en la búsqueda de los bienes que fueron robados al Club Comunicaciones de Concordia, estaban en bolsitas de plástico y con un peso que sumados el producto y las bolsitas, arrojó un peso de 0,9 gramos,de tal manera que resultó de inmediato, imputada del supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. En el resto, encontraron también una pistola de plástico, de aire comprimido, similar a una Browing.
Es por los supuestos delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. La presentación recayó en el juzgado Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
Un mujer que cultivaba marihuana en el patio de su casa, extraía sus flores y vendía el producto final de su producción fue allanada esta tarde por policías de Investigaciones tras un llamado anónimo que alertaba que en ese lugar se procedía al cultivo y venta de marihuana y detuvieron a la mujer de 76 años y a quien sería su hija, una mujer de 57 años y las conducieron detenidas a la Departamental de Policía.
La Liga de Intendentes Justicialistas tuvo un nuevo encuentro y en esta oportunidad la ciudad de Villaguay fue la anfitriona de la reunión, que se llevó a cabo en la jornada de este jueves.
La Policía, como auxiliar de la justicia, intervino ayer en diez allanamientos, ordenados por el Juez de Garantías y llevados a cabo por el Personal Policial al mando del Jefe Crio. José María Rosatelli, como consecuencia del avance en la investigación de robos y hurtos cometidos en los últimos días, en la zona de competencia de las Comisarías Cuarta, Séptima y Décima. Si bien en su gacetilla de prensa la Departamental informó de la detención de las abuelas que cultivaban marihuana, también se produjeron otros 9 allanamientos.
