El hombre había engañado a trabajadores forestales oriundos de Misiones, los hacía trabajar de sol a sol en condiciones infrahumanas y sin percepción de salario alguno. La causa y el juicio.
Judiciales27/04/2023
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Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, compuesto de manera unipersonal por Mariela Rojas, condenó a ocho años de prisión a Juan Manuel Maydana tras encontrarlo responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en calidad de autor y en perjuicio de trece víctimas en situación de vulnerabilidad.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia de Concepción del Uruguay a cargo de Josefina Minatta, mientras que durante el juicio intervino la fiscal general María de los Milagros Squivo, junto al fiscal auxiliar Francisco José Bernhardt.
En el veredicto, la magistrada ordenó además la indemnización integral para cada una de las víctimas del caso por un monto de 2 millones de pesos y de 1,5 millón de pesos, en concepto de indemnización por daño material.
A su vez, dispuso el decomiso de una camioneta Toyota Hilux 4x4, un camión marca Mercedes Benz, un acoplado marca Sola y Brusa, una maquina marca Fiat para levantar postes, un arma de fuego calibre 9 mm, un cargador, una vaina servida calibre 9 mm, más de 20 cartuchos de diferentes calibres y un celular marca Samsung.
El resultado obtenido de la venta de los bienes decomisados deberá destinarse al pago de las indemnizaciones y, en caso de que hubiera un remanente, se pondrá a disposición del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
La causa
La investigación del caso se había iniciado el 31 de agosto de 2021, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional en Concordia.
En esa oportunidad, el hombre detalló que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto, “en condiciones infrahumanas”: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.
El pago acordado con el capataz era de $200 la hora o $65 por poste, por trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Sin embargo, nunca percibieron suma alguna. El capataz contaba con armas de fuego, que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso.
Como consecuencia de esa denuncia, al día siguiente se realizó un allanamiento en la finca “La negrita”, ubicada en la zona rural de Concordia. Doce trabajadores rurales fueron rescatados y el hombre señalado como capataz, Maydana, resultó detenido.
Según se consignó en ese momento, las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres.
Al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno.
El juicio
El debate había comenzado el pasado 3 de marzo pasado y, a lo largo de siete audiencias, declararon 23 testigos, entre ellos cuatro víctimas -lo hicieron mediante videoconferencia, en modalidad cámara Gesell-, testigos que participaron del procedimiento y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata y de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito de Entre Ríos.
La Fiscalía formuló su alegato el 31 de marzo pasado y solicitó la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Maydana.
El tribunal consideró acreditado que Maydana era el capataz de un campo llamado “La negrita”, dedicado al raleo de eucalipto. Según la investigación, el hombre engañó al menos a trece trabajadores oriundos de la provincia de Misiones y se ocupó de su traslado en remís hasta Concordia.
El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
La causa inició tras allanamientos concretados en el mes de agosto, donde se constató que la pareja ahora condenada venía dosis de drogas a consumidores en presencia de menores de edad.
El tribunal de juicios y apelaciones hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del ex ministro Pedro Báez, condenado por delitos de corrupción.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.
El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.
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