La cantidad de apoyos que juntó la iniciativa del Presidente fue un tema ríspido durante toda la jornada: el Gobierno, de hecho, envió un comunicado a la prensa y un texto con el pedido de juicio político que figuraba con la adhesión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que sin embargo no respaldará la medida, según publicaron hoy los diarios Clarín y La Nación.
Otros dos mandatarios, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá, que habían acompañado al Presidente cuando recusó a los cortesanos por el fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal, esta vez tampoco acompañaron la iniciativa.
El escrito del Presidente cuestiona el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 -que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura y restituyó la ley anterior-, así como también al fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación primaria a la administración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En un comunicado, el Gobierno señaló que Fernández y los doce gobernadores firmantes -la mitad de los mandatarios del país- decidieron “impulsar el juicio político contra el presidente de la CSJN, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti”. “Por último, pedimos al bloque del Frente de Todos que impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso”, agregaron.
Según fuentes de la Casa Rosada, Fernández presentará el pedido de juicio político mañana en la mesa de entradas de Diputados, para que tome curso en comisión. Pese a que el oficialismo no contaría con los votos en la Cámara baja, cerca del Presidente creen que el proceso, de mínima, obtendría dictamen, ya que la comisión tiene mayoría peronista y justamente la entrerriana Carolina Gaillard es quien tiene en sus manos el pedido. Se supone que "Caro" tendrá por estas horas, el llamado de los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de San Luis, Rodriguez Saá, con quien está emparentada ya que está casada con un Rodriguez Saá. Ambos mandatorios no adhirieron al pedido de juicio político al Presidente de la Corte, lo que preanuncia un escándalo polìtico, de impredecibles consecuencias.
Además de Jorge Capitanich (Chaco), a la sede de gobierno asistieron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Los primeros cuatro fueron los que, en todo momento, pidieron tomar las medidas más extremas. Algunos de ellos, de hecho, ya le habían pedido a Fernández que avanzara con el juicio político en la reunión de diciembre, una idea que recién prendió en el Presidente con el Año Nuevo.
A Rosada también asistieron los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) -que enviaron a sus segundos- se conectaron por videoconferencia. Lo mismo hizo Bordet. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, suscribió el pedido de juicio político. La reunión comenzó al mediodía en el Salón Eva Perón del primer piso y finalizó poco antes de las 14. El Gobierno trabajó durante el mediodía en convencer a algunos de los caciques provinciales más dubitativos.
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El senador del Departamento Uruguay del Frente Más para Entre Ríos, Martín Héctor Oliva, consideró que las amenazas atribuidas al presidente de fundir a las provincias que no acompañen la ley Ómnibus, son “inaceptables” y constituyen una “extorsión” de “gravedad institucional”.
Así lo manifestó el senador entrerriano de Unidad Federal tras el pedido de sesión a la vicepresidenta Victoria Villarruel para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía.
“No sabemos siquiera con claridad cuáles son los recursos que pierde Entre Ríos por la quita de fondos que realiza el gobierno de Milei, y menos aún vemos a un gobierno provincial en actitud de reconocer ese problema”, dice un documento de los bloques legislativos. Aseguran que en campaña no dijo las cosas que se escucharon este jueves.
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En tanto el Ejecutivo no solucione los inconvenientes con los trabajadores municipales, los contribuyentes tendrán problemas para abonar sus tasas por la reducción en los horarios de atención, lo que afecta directamente a la recaudación de impuestos.
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