Se presume que el juez llegará a la misma información que Gendarmería: que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el personal desplazado a ese país. La justicia busca determinar qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto.
Internacionales07/03/2022
Editor
Los gendarmes argentinos que integraron el segundo comando Alacrán desplegado en Bolivia tras el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales comienzan a declarar hoy como testigos en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de 2019.
Se trata del "personal de la Gendarmería Nacional que se encontró desplegado en el Estado Plurinacional de Boliva desde el 10 de enero de 2020 al 1 de marzo" del mismo año, según surge de la resolución judicial firmada por el juez en lo Penal Económica, Alejandro Catania.
Los once gendarmes convocados para esta tanda de declaraciones testimoniales son los que llegaron a Bolivia para reemplazar a aquellos que llegaron en noviembre de 2019 a bordo de un avión Hércules C-130 junto con las municiones anti tumulto de elaboración argentina que habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas.
En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones antitumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de utilizarse para defender la Embajada nacional en Bolivia y la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
En la primera tanda de testimoniales "no hubo sorpresas" porque los gendarmes del tercer grupo que llegó a Bolivia confirmaron que no utilizaron las municiones exportadas a ese país y que no realizaron prácticas de tiro, por lo que desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual los pertrechos no regresaron a la Argentina, informaron fuentes con acceso al expediente.
Los gendarmes que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio del 2020 relataron ante la justicia que viajaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país -que les fueron entregadas allá- estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados por lo que allí no hubiera entrado, por ejemplo, las 70.000 balas de goma cuyo destino se investiga.
Las convocatorias fueron dispuestas por el juez Catania, en diciembre pasado cuando junto con una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en la Argentina y en Bolivia con el objetivo de reconstruir el destino de las municiones antitumulto.
En total, fueron 21 gendarmes convocados a prestar testimonio bajo juramento de decir verdad, mientras que luego el magistrado deberá evaluar la convocatoria de aquellos miembros de esa fuerza que viajaron junto a las municiones el 13 de noviembre de 2019.
A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información pero en el marco del expediente judicial.
La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.
La denuncia
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
Los elementos hallados
En los depósitos de la Policía Boliviana se encontraron los siguientes elementos que, según las denuncias presentadas ante las justicia habían salido de Argentina y se habían desviado en su destino final: 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y dos granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.
"De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018", se consignó en una de las presentaciones judiciales que realizó el Gobierno nacional.
"Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia", se indicó en aquel escrito.
En la denuncia se señaló además que parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como "guantes", dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.
Para los denunciantes, según la información aportada esta tarde al expediente judicial "corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ´ejercicios de entrenamiento', como se intentó encubrir después".
El disparador del caso fue una nota hallada en Bolivia y firmada por el General de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la que le agradecía al entonces embajador argentino en ese país, Álvarez García, el envío de 40.000 cartuchos AT 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas.
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