El designado secretario de Comunicación y Prensa, Juan José Ross, se desempeñaba hasta ahora como director nacional de Publicidad Oficial, cargo en el que había sido nombrado el 30 de enero de 2020 con una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete. Alberto Fernández lo eligió para reemplazar a Juan Pablo Biondi.
Ross es un abogado administrativista nacido en Gualeguaychú con experiencia en la gestión pública había trabajado en la Secretaría de Medios durante tanto el gobierno de Néstor Kirchner como en la gestión de Cristina Fernández.
Antes había pasado por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), el organismo regulatorio que tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se convirtió en Afsca y que, finalmente, con el inicio de la gestión Cambiemos, pasó a ser el Enacom (al unificarse Afsca con la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC).
Ross, que ocupó varios roles en la gestión y planificación de la comunicación gubernamental, también tuvo responsabilidad de dirección en el Sistema de Medios Públicos cuando Alberto Fernández ocupó la Jefatura de Gabinete, también en la etapa kirchnerista.
Quién es Juan Pablo Biondi
Biondi trabajó hasta ahora como secretario de Comunicación de Alberto Fernández, pero tras ser uno de los funcionarios más cuestionados por Cristina en su carta presentó su renuncia.
Al referirse a él, la vicepresidenta fue lapidaria y lo tildó de “operador”. “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”, escribió. Y añadió: “A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off, por ejemplo? Verdadero misterio”.
Fuentes al tanto de la escena dijeron que “la renuncia de Biondi fue entregada en mano al Presidente” y “hablaron durante dos horas”. Es que este funcionario no solo era el vocero presidencial, sino que amigo personal de Fernández y uno de sus incondicionales.
Un comunicado de fuerte tono crítico fue remitido a la redacción de EL SOL-Tele5 por el PJ de Concordia, el que se reproduce en forma textual, abajo.
Desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista repudiaron la cesantía de un centenar de trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporales que tenían con el Gobierno provincial. Calificó la medida como un acto de "crueldad mileísta" y acusó al gobernador de utilizar argumentos falaces de eficiencia para encubrir una persecución laboral y disciplinar a los trabajadores estatales.
El Consejo Departamental Justicialista de San José de Feliciano elevó una nota a las autoridades partidarias de la provincia solicitando que se evalúe la expulsión de la senadora provincial Gladys Domínguez por actuar como "engranaje del ajuste” del gobernador Frigerio y estafar la confianza de los votantes. La acusan de nepotismo, persecución a militantes y de votar sistemáticamente en contra de los intereses de los trabajadores y la salud pública.
La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi por un dolor abdominal que, tras los estudios correspondientes, derivó en un diagnóstico de "apendicitis con peritonitis localizada". Permanece internada mientras se monitorea su evolución.
La discusión del Presupuesto 2026 en Diputados y el debate sobre Reforma Laboral en el Senado parecían una victoria segura. Sin embargo, se convirtieron en una derrota plagada de errores y con un costo altísimo para el oficialismo, que incluso se enemistó con muchos de sus aliados.
Se trata de la adhesión a la Ley Olimpia y la creación de un programa de prevención. La reunión está pactada para las 9:30 y trabajarán de forma conjunta la Comisión de Educación con la de Legislación General.
La Sala II de la Cámara de Casación de Entre Ríos, integrada por las Dras. María Evangelina BRUZZO y María del Luján GIORGIO y el Dr. Darío Gustavo PERROUD, resolvió atenuar de manera sustancial las condenas al exjefe policial Guillermo Ocampo y al empresario distribuidor de Manaos, Claudio Barrios, que en primera instancia habían sido hallados culpables por 10 hechos y por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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