La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para disolver el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y crear una nueva entidad generó un contundente rechazo por parte del bloque de diputados justicialistas, quienes comunicaron formalmente su decisión a la Intersindical en una reunión mantenida este lunes. Tanto legisladores como representantes gremiales coincidieron en que no es necesaria la disolución de IOSPER para resolver sus problemas de funcionamiento, y reclamaron mayor tiempo de debate en el Senado antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.
Provinciales02/06/2025
EDITOR1
El proyecto de ley, promovido por el Gobierno provincial y respaldado por un sector del oficialismo en el Senado, propone la disolución total de IOSPER, actualmente intervenida, para dar lugar a la creación de un nuevo organismo (OSER) con una estructura distinta, nuevos criterios de gestión y cambios en el modelo de financiamiento y administración. El argumento central del Ejecutivo es que el actual sistema presenta fallas estructurales que impiden garantizar una atención médica de calidad a los trabajadores estatales, y que solo una reforma integral —con la creación de una nueva entidad— permitiría solucionar los déficits crónicos de la obra social.
No obstante, la propuesta ha despertado un amplio debate político y gremial. En el encuentro mantenido entre diputados justicialistas y dirigentes de la Intersindical, se acordó un rechazo conjunto al proyecto en su forma actual. Los legisladores plantearon que la reforma debe discutirse con mayor profundidad y con participación real de todos los actores involucrados, especialmente los trabajadores, quienes serían los principales afectados por un cambio tan drástico.
Reclamo por una reforma consensuada
Desde los gremios se sostiene que los problemas de IOSPER, si bien reales y preocupantes, pueden abordarse mediante mecanismos de control, auditorías, mayor transparencia y reformas administrativas, sin necesidad de disolver la obra social y fundar una nueva. Además, se advirtió que la iniciativa oficialista no garantiza la continuidad de los derechos adquiridos, ni de la cobertura médica actual, y genera una fuerte incertidumbre entre los trabajadores activos y jubilados.
“Disolver una obra social no es como cerrar una oficina. Estamos hablando de prestaciones médicas, de tratamientos en curso, de personas que dependen día a día del funcionamiento de la institución. Si hay irregularidades, que se investiguen y se corrijan, pero no creemos que fundar una nueva institución sea el camino”, expresó un dirigente gremial presente en la reunión.
Los diputados justicialistas remarcaron que no están dispuestos a acompañar un proyecto “a libro cerrado” y que resulta irresponsable avanzar con una votación exprés en la Cámara Alta, como propone el oficialismo, sin un debate serio sobre el impacto real de la medida.
El rol del Senado y el apuro oficial
El proyecto tiene previsto ser tratado en Diputados este viernes, pero ante la falta de consenso y las posturas críticas que emergen incluso dentro de algunos sectores del oficialismo, crecen las posibilidades de que su tratamiento sea postergado. La intervención actual de IOSPER finaliza el 12 de junio, lo que agrega presión a los tiempos legislativos.
El Gobierno ha manifestado, a través de sus voceros y senadores aliados, que la reforma es urgente y que no puede postergarse más. Desde el Ejecutivo aseguran que se está actuando con responsabilidad y que el nuevo proyecto busca garantizar una atención médica digna para los trabajadores del Estado, con una estructura más eficiente, moderna y menos permeable a la corrupción.
Panorama político y sindical incierto
Frente a este escenario, los gremios han comenzado a movilizarse y no descartan medidas de fuerza si el Gobierno insiste en avanzar con el tratamiento del proyecto sin modificaciones. “Queremos diálogo, no imposiciones. No se puede resolver la salud de los trabajadores a las apuradas ni sin su participación”, advirtieron desde la Intersindical.
Por su parte, el bloque justicialista pidió que se extienda el plazo de intervención del IOSPER para permitir un proceso de discusión más amplio, que incluya a técnicos, legisladores, sindicatos y usuarios. De no llegar a un acuerdo en los próximos días, la tensión podría trasladarse al recinto de Diputados.
Mientras el Gobierno provincial insiste en la necesidad de una reforma estructural de la obra social estatal, una parte importante del arco político y sindical pide prudencia, más tiempo y una construcción colectiva de soluciones. La salud de miles de trabajadores está en el centro del debate, y lo que suceda en los próximos días marcará un punto de inflexión en el sistema de salud pública para empleados estatales.
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