El Gobierno convocó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al Grupo de los Seis para avanzar en la composición de una mesa tripartita. El encuentro está previsto para este miércoles en principio y se trata del primer acercamiento entre el Ejecutivo y la central sindical tras la salida del dirigente de Camioneros Pablo Moyano.
La mesa política de Nación busca profundizar el vínculo con los dirigentes sindicales dialoguistas en medio de las tensiones con Camioneros por la advertencia de Hugo Moyano de convocar a un paro nacional. Apunta además a negociar una reforma laboral ampliada para tratar en las sesiones ordinarias durante 2025. Incluye también cambios en el régimen previsional.
El encargado de gestionar la reunión es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. En Balcarce 50 esperan que participen el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
La Casa Rosada citó también a Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).
La reforma laboral forma parte de las propuestas que quiere impulsar el Gobierno a través del Consejo de Mayo, que busca concretar a principios de 2025. La mesa chica de Balcarce 50 busca negociar los próximos cambios en la legislación laboral con la CGT dialoguista. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabeza las conversaciones.
Apuntan a realizarle modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para incentivar la formalidad, de manera que haya más aportantes para el sistema previsional y que se amplíen las afiliaciones a los sindicatos. “Queremos establecer un sistema de acuerdo entre privados en el que no se metan más partes de las necesarias”, expresó a TN un funcionario.
La Casa Rosada evalúa también reducir impuestos al trabajo -como las cargas sociales- y se comprometió con la central gremial a no impulsar una reforma sindical en el corto plazo. Descarta presentar un proyecto de ley con los puntos del DNU 70/23 que fueron frenados por la Justicia, como la optatividad del pago de la cuota solidaria.
Lo mismo aplica para la penalización de las asambleas de trabajadores y de las medidas de fuerza, junto con la eliminación de la ultraactividad (prórroga) de los convenios colectivos, que busca imponer los acuerdos específicos por sobre el resto. Tampoco tienen en carpeta limitar las elecciones sindicales y modificar el esquema de obras sociales.
El Gobierno ya le realizó cambios a la reglamentación de la reforma laboral que incluyó en la Ley Bases por pedido de la CGT. Los equipos técnicos de Nación y de la central sindical trabajaron el texto en conjunto.
Se trata del artículo 97 que establece que los independientes puedan contratar hasta tres trabajadores para un emprendimiento productivo sin que exista un vínculo de dependencia. Contiene el aporte individual de una cuota mensual que comprende el régimen previsional, la obra social y el seguro. Nación evitó reglamentar el artículo 94, que penaliza bloqueos sindicales.
El Ejecutivo ya sancionó la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad como el de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y dispuso el establecimiento de un período de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho meses en casos de empresas que tengan entre seis y cien trabajadores.
La mesa chica ampliada de la CGT se reunió tras la renuncia Pablo Moyano -que fue reemplazado por Octavio Argüello- y descartó la convocatoria a un paro general. La central sindical ratificó su voluntad de dialogar con la Casa Rosada. Hugo Moyano amenazó este viernes igualmente con lanzar medidas de fuerza si no logran cerrar la paritaria con un aumento salarial del 15% para el período diciembre-febrero.
El Partido Conservador Popular (PCP), de la diputada Liliana Salinas ya no existe más. La Cámara Nacional Electoral confirmó la caducidad dispuesta por la Justicia Federal en Entre Ríos. No tiene el mínimo de afiliados y no hubo internas. Salinas lanzó recientemente un frente con otros libertarios, ajenos al partido LLA.
Rubén Pagliotto, recientemente elegido dentro de UCR Activa Entre Ríos como precandidato a diputado nacional en primer término, opinó sobre el posicionamiento de algunos legisladores nacionales –entre los que mencionó al radical Atilio Benedetti-, y fue terminante al sostener que “con la salud y la educación no se negocia. Son derechos humanos, no moneda de cambio”.
El diputado nacional del MID Eduardo Falcone reconoció que el espacio se está “separando” de La Libertad Avanza y marcó sus diferencias con respecto a la políticas implementadas. "Hay que pasar a una etapa de desarrollo y crecimiento”, afirmó.
Detrás del relanzamiento de la licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná, una figura gana protagonismo silencioso: Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, con vínculos históricos con el PRO, Mauricio Macri y sectores empresarios ligados al comercio fluvial y agroexportador. Su rol en la rediscusión de los pliegos y la avanzada privatizadora sobre los puertos provinciales lo posicionan como uno de los operadores clave en el nuevo mapa portuario del litoral argentino.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
