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Más de 17 millones de personas en Argentina están expuestas al consumo de agua con arsénico, según reveló una investigación reciente que será publicada en la revista Water and Health (Agua y Salud). Por la dimensión del conflicto sanitario, Alejandro Oliva, el científico que lideró el trabajo, lo equipara “a una epidemia”. De hecho, se han realizado y actualmente se elaboran estudios que comprueban la conexión entre este contaminante y enfermedades como cáncer y Alzheimer. Con la información recopilada de 12 provincias, elaboraron un mapa que podría servir a la población como alarma y a los gobiernos como base de políticas públicas orientadas a frenar su impacto.
“Con este tema todos miran para el costado. Ya lo hemos conversado con diferentes ministerios provinciales y lo único que les preocupa es que esto no salga a la luz, porque deberían dar respuestas”, indica Oliva, responsable del Programa de Medio Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y autor del estudio. Luego continúa: “Si no se monta una vigilancia y se garantiza una seguridad hídrica que controle obligatoriamente lo que sucede, esto se volverá mucho más serio que cualquier problema de salud pública”.
El arsénico es un contaminante de origen natural que proviene de la erosión de las rocas en los acuíferos. Sin embargo, también se reporta, en menor medida, como el resultado de actividades humanas, vinculadas a procesos industriales como minería, fundición de metales y uso de pesticidas. Con el objetivo de conocer cuán contaminada está el agua que beben los argentinos, un equipo de científicos de la UNR decidió recopilar toda la información disponible y establecer un mapa.
En esta línea, utilizaron la información publicada y suministrada por 12 provincias que actualmente representan al 70 por ciento de la población total de Argentina. Y, en base al parámetro de la OMS --límite de 10 microgramos por litro de agua de consumo-- hallaron que más de 17 millones de individuos estaban expuestos al contaminante.
“Hay que tener en cuenta que otras 12 jurisdicciones no manejan información. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no aporta datos porque se supone que no hay arsénico en el agua que toman los porteños porque las bocas provienen del Río de La Plata. Sin embargo, no es tan así: hay zonas de la capital que están abastecidas de napas locales”.
Una cuestión de límites
A lo largo del tiempo, Argentina participó de una discusión internacional en torno a decidir qué nivel de arsénico podía considerarse un “límite”. Si para la Organización Mundial de la Salud, la máxima concentración permitida de este elemento en el agua potable es de 10 microgramos por litro (10 partes por billón), a nivel doméstico el Código Alimentario Argentino colocó la barrera más arriba y permitió la presencia de 50 microgramos por litro. De esta forma, por una actitud permisiva, se amplió la posibilidad de que una mayor proporción de la población afrontase los efectos de su consumo.
“En el pasado el límite era 50 microgramos por litro, porque era la cifra que servía para identificar el Hacre (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), una afección que afectaba la piel y que se reportaba en niños a principio de siglo. Se hicieron muchas investigaciones y las enfermedades conectadas con la presencia de arsénico en agua se ampliaron. Me refiero a cáncer, anomalías congénitas, problemas renales, de todo. Esto es: bastaba con una menor concentración del elemento para que las personas manifestaran enfermedades. La OMS emitió una alerta, lo bajo a 10 y la Comunidad Europea aceptó. Argentina adhirió a este nuevo consenso, pero en la práctica no pudo sostenerlo”.
Dos razones, cuenta Oliva, imposibilitaron la adecuación a la medida internacional por parte del territorio doméstico. Por un lado, en muchas comunidades había que hacer osmosis inversa, la metodología tradicional de remoción del arsénico, que es cara y consume mucha energía; y, por otro lado, un conflicto adicional: no se sabía muy bien qué hacer con el arsénico removido del agua. “Las comunidades manifestaron estos obstáculos y le pidieron al Estado que el límite fuera otro. Eso hizo que, finalmente, en el Código Alimentario se definiera en 50”. Hace seis años, el Conicet y el Instituto Nacional del Agua establecieron un comité para rever el asunto, aunque finalmente quedó en manos de un ente privado. “El estudio encargado, aunque exhaustivo, solo se limitó a revisar la situación en Provincia de Buenos Aires y no lo que sucedía en todo el país. Publicaron un trabajo, pero no se avanzó más allá”.
En el pasado, hubo intentos valiosos por parte de equipos científicos en Argentina de constituir un mapa de características similares. Sin embargo, para Oliva los ejemplos previos enfrentaban algunos problemas: por ejemplo, remitían a “valores aislados sin especificación de la población involucrada”. Así se llegaban a resultados considerables, pero que no hacían justicia a lo que sucedía en la realidad. Por ejemplo, hay trabajos que mencionan que el total de población expuesta en el país era de aproximadamente de 4 millones de habitantes, cuando desde la perspectiva de este grupo de la UNR la cifra es cuatro veces superior. Una de las diferencias puede estar en el modo en que se realizan las mediciones y los límites contemplados en uno y otro caso.
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