Instituciones críticas al proyecto de reforma de la Ley de Juicio por Jurados fueron convocadas por Diputados.

El martes a las 11 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Será en el Salón de los Pasos Perdidos para seguir debatiendo el proyecto de reforma del artículo dos de la Ley Juicio por Jurados de Entre Ríos que impulsa el Poder Ejecutivo.  

El dato que le da relevancia a la propuesta consistió en que se cursó las invitaciones para concurrir a la Comisión y realizar los aportes y críticas que crean necesarias, tres de cuatro organizaciones que tuvieron manifestaciones críticas al proyecto que le hicieron llegar al gobierno altas autoridades judiciales.

Se trata de la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; la Asociación Argentina de Juicio por Jurados 8AAJJ) Filial Entre Ríos; y el Instituto de Estudio Comparados de Ciencias Penales Sociales (Inecip). En la información que se brindó desde la Cámara Baja no se mencionó a la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer).

La primera reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), se realizó el martes 13 de agosto. Del encuentro participaron el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, y la vocal del mismo organismo, Claudia Mizawak; el defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; el procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amílcar Luciano García; el coordinador general de la Secretaría de Justicia de la Provincia, Alejandro Weber, y por el Colegio de la Abogacía: Andrea Belén Saxer, vicepresidente 2º, y María Ariadna Del Porto, titular Instituto de Género.

Cuestionamientos

Antes de aquel encuentro, el Instituto Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que preside el abogado Miguel Cullen, elevó una nota a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juico Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena, en la que señalaron que no fueron invitados a la reunión de la Comisión y formularon su “profunda preocupación por el proyecto de ley mediante el cual se busca restringir de manera abiertamente inconstitucional la competencia del juicio por jurados modificando el artículo 2 de la ley 10.746”.

También sostuvieron que las entidades “todas ellas, deben ser escuchadas en el marco del compromiso real de tener mejores instituciones. Asimismo, proponemos en caso de que vuestra Comisión tenga una agenda apretada y disponga de escaso tiempo, fijar una nueva fecha para exponer nuestros puntos de vista”. Finalmente se manifestaron por “el derechos a ser oídos por nuestros representantes en el marco democrático indica madurez y respeto por la opinión del otro, a pesar de ser distinta”.

No hay plata

El Inecip también cargó contra el argumento económico esgrimido por “sectores minoritarios” del Poder Judicial provincial enarbolados para reducir la competencia del juicio por jurados.

Vaciar

A las críticas al proyecto se sumó el abogado paranaense, Rubén Apgliotto, que se reunió con Julián Alfie, director Ejecutivo del Inecip, y con Silvina Manes, presidenta de la AAJJ.
Durante el encuentro con las autoridades de las dos máximas asociaciones nacionales en materia de juicio por jurados, Pagliotto afirmó que el sector que impulsa esta propuesta "utiliza argumentos aparentes para vaciar un instituto que habilita con ejemplaridad, la participación de la ciudadanía, juzgando a vecinos, como mandan la Constitución Nacional y la Provincial.
Las pretendidas reformas que incentivan algunos funcionarios son excusas para sacar del poder ciudadano esta eficaz herramienta de juzgamiento de delitos”.

Desde el Inecip se estimó que el costo total anual de los juicios por jurados sería de 530 millones. En comparación al presupuesto anual de 65 millones de pesos del Poder Judicial de Entre Ríos, el procedimiento insumiría apenas el 0,8 por ciento “aun exagerando los días y duplicando la cantidad de juicios por jurados que se hacen por año”. (APFDigital)