El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó ayer que existió “complicidad” y “causas armadas” en las reuniones secretas que mantuvo la titular del PRO, Patricia Bullrich, con jueces y funcionarios mediáticos durante su gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
“Los listados de ingresos y egresos al Ministerio de Seguridad de la Nación durante el macrismo revelan la complicidad y la manera desvergonzada con la que se armaban causas y se motorizaba el montaje mediático”, explicó el ministro y agregó que las causas “estaban armadas para insertar odio en la sociedad”.
De ese modo se refirió a la investigación periodística publicada el jueves en El Destape que reveló que Bullrich mantuvo reuniones secretas durante su gestión como ministra de Seguridad con quienes fueron procesados por el juez federal Alejo Ramos Padilla por estar vinculados a una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal y la extorsión.
Entre las visitas figuran los nombres del falso abogado Marcelo D’Alessio; el ex funcionario Pablo Pinamonti; los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone y el editor del diario Clarín, Daniel Santoro.
Al respecto, el ministro sostuvo que las reuniones eran ilegales porque “hay que llevar un registro oficial” y destacó que fue necesario la cooperación del poder político, el mediático y el judicial para llevar a cabo “esta picadora de carne” y “motorizar la Mesa Judicial”.
“Los funcionarios tenemos que informar por ley con quien nos juntamos, a quien recibimos, pero Bullrich se juntaba con jueces, fiscales, espías hoy procesados y no lo informaba” remarcó.
En ese sentido afirmó que hay investigaciones en las que se muestra la “manipulación de la opinión pública” y por eso desde el macrismo se oponen a reformar el funcionamiento de la Justicia porque quieren “mantener el status quo” aún cuando “el 85% de los argentinos descree de las decisiones del Poder Judicial”.
“No quieren mejorar el funcionamiento de la Justicia porque necesitan que los mismos jueces y fiscales con los que se reunían a escondidas para montar el armado de causas los defiendan”, completó.
Señaló que es l lamativo que los registros de las reuniones siempre sean “días antes o la semana previa” de que se dictara “alguna medida en algún expediente” en el que estaba involucrada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o algún empresario de las distintas causas.
“Si un funcionario judicial se pone a charlar con Mauricio Macri y con un periodista de Clarín y al día siguiente dicta un fallo para la tapa de los medios y para los 15 minutos de aire en un programa televisivo es porque tiene comprometida su independencia”, sostuvo.
Remarcó que es necesaria realizar las denuncias en el Consejo de la Magistratura para que investigue porque sino los integrantes de la Justicia llamados a excusarse van a seguir interviniendo en causas “sensibles a la política”.
“¿Carlos Rosenkrantz (juez) va a seguir interviniendo en causas políticas luego de saberse sus contactos con Pepin Rodríguez Simón? Tiene que excusarse”, apuntó.
Al respecto sostuvo que hoy no cuentan con los votos en el Consejo de la Magistratura para destituir o sancionar jueces y por eso señaló que es importante “seguir depurando el Poder Judicial”.
Al ser consultado por el proyecto de ley que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, Soria sostuvo que hay un sector de la oposición que se opone a “reformar su mal funcionamiento” y que es importante “avanzar con las reformas” que ya cuentan con media sanción en el Senado.
“La reforma judicial y la del Ministerio Público Fiscal tienen que ver con recuperar el normal funcionamiento del Poder Judicial, su independencia y la imparcialidad de sus funcionarios”, completó.
Por último comentó que esta ley busca evitar el “camino más corto” que eligió el macrismo de “crear una Mesa Judicial para armar causas y ensuciar a la oposición”, y en cambio utiliza al Congreso para “buscar consenso”.
“Desde que asumí como ministro me he juntado con todas las asociaciones de funcionarios judiciales y fiscales para tratar de consensuar las modificaciones necesarias para sacar una buena ley”, sintetizó.
El Partido Conservador Popular (PCP), de la diputada Liliana Salinas ya no existe más. La Cámara Nacional Electoral confirmó la caducidad dispuesta por la Justicia Federal en Entre Ríos. No tiene el mínimo de afiliados y no hubo internas. Salinas lanzó recientemente un frente con otros libertarios, ajenos al partido LLA.
Rubén Pagliotto, recientemente elegido dentro de UCR Activa Entre Ríos como precandidato a diputado nacional en primer término, opinó sobre el posicionamiento de algunos legisladores nacionales –entre los que mencionó al radical Atilio Benedetti-, y fue terminante al sostener que “con la salud y la educación no se negocia. Son derechos humanos, no moneda de cambio”.
El diputado nacional del MID Eduardo Falcone reconoció que el espacio se está “separando” de La Libertad Avanza y marcó sus diferencias con respecto a la políticas implementadas. "Hay que pasar a una etapa de desarrollo y crecimiento”, afirmó.
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Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
