El ex fiscal federal de Paso de Los Libres debía investigar redes de Trata, pero era cómplice, según lo acusan. El juicio es también contra un ex oficial de Gendarmería y otras 16 personas.
Judiciales 11/05/2023
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El juicio contra el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, acusado de encubrir una red de trata para explotación sexual, comenzó este miércoles en Corrientes, en el que también se juzga a un ex oficial de Gendarmería y a otras 16 personas. Las 18 personas involucradas están acusadas de integrar una red que explotó sexualmente a 36 víctimas de trata.
El debate comenzó en medio de denuncias públicas por amenazas, presiones y hostigamiento que realizó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que instruyó la causa en 2016.
La magistrada, quien estuvo al frente de la causa cuando subrogaba el Juzgado Federal de la localidad fronteriza, se refirió al hostigamiento del que es objeto por investigar una red de explotación sexual de víctimas de trata y sus conexiones y aseguró que “hay que dar visibilidad a estas situaciones, para que no prevalezca la impunidad”.
En este sentido, consideró: “Los jueces federales a veces nos encontramos solos frente a los casos del crimen organizado” y precisó que cuenta con seguridad en su domicilio y custodia para sus hijas. “Las señales son sistemáticas, permanentes y organizadas”, dijo Pozzer Penzo.
También hizo referencia a calumnias e injurias vinculadas a su desempeño, a lo patrimonial y a su apartamiento como subrogante de Paso de los Libres. Remarcó además que “el Juzgado está para impartir justicia y lo hacemos con una gestión de calidad, cumplimos con los requisitos de calidad ISO 9001 y transparencia”.
Pozzer Penzo se refirió a la última reunión del Consejo de Magistratura de la Nación que debía archivar una denuncia en su contra “sin pruebas", pero "no la archivan, cuando ya caducó”. “Esto demuestra que no estoy alucinando, los mensajes son sutiles pero contundentes”, expresó la magistrada.
El juicio que tiene en el banquillo de los acusados al ex fiscal Benito Pont y otras 17 personas destacó que “más allá de la condena a los autores de los delitos, es importante destacar que se logró cerrar el círculo prostibulario en Paso de los Libres, se rescató a las víctimas, y se les brindó asistencia a través de los programas Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”.
“Pusimos fin a la red prostibularia sobre la Ruta 117", resaltó en referencia a los nocturnos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi y el motel Momentos.
El caso
Benito Pont, denunciado en 2016 y procesado en 2017, es enjuiciado por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia surgió de los lazos detectados entre Pont con los responsables del negocio de la prostitución en Paso de los Libres, a raíz de una investigación abierta en diciembre de 2015. Para la Procuración de Trata del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el fiscal federal, que investigara los lugares dedicados a la prostitución a lo largo de los años siempre "sin éxito", resultó "ser amigo y socio comercial del dueño y administrador del hotel referido y cuñado de otro imputado que también estaría vinculado a la titularidad de este lugar".
Además del ex funcionario judicial (imputado como partícipe), están acusados Rosana Rodríguez, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, procesados como supuestos jefes de la asociación ilícita.
Y como presuntos coautores materiales, Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, mientras que Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el excomandante de Gendarmería, José María Viero (cuñado de Pont), llegan al debate como partícipes.
También, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, quienes figuran como coautores de los delitos investigados por 11 hechos y María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain como coautores por ocho veces reiteradas.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes está integrado por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra, mientras que el Ministerio Público es representado por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer.
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