Ex policía federal de Concordia reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

En el marco de un juicio abreviado celebrado en el Tribunal Oral Federal de Paraná, fueron condenados el transportista Rubén Darío Mieres y el ex policía Cristian Humberto Pablo Rivero por su participación en una red dedicada a la venta de estupefacientes que operaba en dos ciudades entrerrianas: Federación y Concordia. El caso, investigado desde 2013, reveló conexiones entre dos grupos dedicados a la venta de drogas, y expuso el papel clave de Rivero, quien, mientras se desempeñaba como funcionario de la Policía Federal Argentina en Concordia, brindaba información sensible a un narco.

El tribunal, integrado por la jueza Mariela Rojas, dictó sentencia en la causa caratulada "Mieres, Rubén Darío y otros s/Infracción Ley 23.737", tras un extenso proceso investigativo que incluyó intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia y múltiples allanamientos. En el proceso intervinieron, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy; y en ejercicio de la defensa técnica de los imputados Mieres y Rivero, los abogados José Esteban Ostolaza y Flavio Marcelo Sigot, respectivamente.

Rubén Darío Mieres, de 46 años, transportista y emprendedor de un local de comidas de Federación, fue condenado a cuatro años de prisión (bajo la modalidad domiciliaria), y una multa levísima de $18.750, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida de coerción le fue morigerada por razones de salud de su hijo.

Según la investigación, Mieres lideraba una estructura que operaba en Federación, vendía drogas al menudeo y utilizaba como centro logístico su propio domicilio, el de su suegra y otros puntos de resguardo. Contaba con la colaboración de varios familiares y allegados. Al principio de la investigación, el policía Nelson Gómez estuvo procesado ya que estaba sospechado de colaborar con el narco, pero fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

"Los elementos reunidos en sede instructoria, evidencian que Mieres acometía la actividad de comercialización de estupefacientes, situación que se ilustra a través de las tareas de vigilancias realizadas por agentes de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, quienes detectaron movimientos típicos de esta modalidad delictiva, 'pasamanos', realizadas por el propio Mieres. Lo referido, motivó intervenciones telefónicas a las líneas utilizadas por el encartado, verificándose a través de las transcripciones de llamadas y mensajes de texto, la distribución del material espurio con finalidad pecuniaria", dijo la jueza Rojas en la sentencia emitida el 12 de agosto.

El policía que filtraba información
Uno de los elementos más graves y destacados del juicio abreviado fue la condena al ex policía Cristian Humberto Pablo Rivero, de 53 años, quien prestaba servicios en la Subdelegación Concordia de la Policía Federal Argentina. Rivero fue considerado autor del delito de facilitación de elementos para la comercialización de estupefacientes, al haber filtrado información investigativa a un narco de apellido Sampietro. ¿Qué datos le proveía? Según la resolución a la que accedió UNO, suministraba "información relacionada a los procedimientos policiales, allanamientos, controles de la fuerza, como así también 'protección'".

Es decir, su rol era el de un “protector” interno, capaz de garantizar impunidad y anticipar movimientos de las fuerzas de seguridad. Esta posición lo convirtió en una figura fundamental para la operatoria de la banda en Concordia. Por estos hechos, Rivero fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque, debido al tiempo de detención ya cumplido, se le otorgó la libertad condicional, además de una multa irrisoria de $1.875.

Con respecto al ex policía, la jueza Rojas sostuvo: "Resulta adecuado a derecho atribuirle la responsabilidad como autor del delito de facilitación de elementos, para que R. Sampietro y otros implicados en la causa lleven a cabo la comercialización de sustancias estupefacientes (art. 10 de la ley 23.737). En el caso, Rivero proporcionó a Sampietro información relativa a procedimientos, allanamientos, controles de la fuerza, etc., así como proveerles de protección, para que el propio Sampietro como sus 'satélites', lleven a cabo la comercialización de sustancias estupefacientes. Como prueba de lo referido, están las profusas comunicaciones a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, obtenidos de las líneas telefónicas intervenidas".

Y completó: "Las penas acordadas resultan a mi juicio razonable, debido a que estamos en el marco de un procedimiento cuya esencia radica en el acuerdo de partes, quienes han valorado los extremos objetivos y subjetivos del hecho, el material probatorio existente, y la normativa aplicable al sub examine, con determinación de una sanción penal concreta".

El caso
La causa se originó en 2013, a partir de tareas de inteligencia de la Delegación de Toxicología de la Policía de Entre Ríos en Villaguay. Con el correr del tiempo, se identificaron dos organizaciones independientes —una en Federación y otra en Concordia—, aunque conectadas entre sí, que se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana. Las acciones culminaron con numerosos allanamientos el 25 de septiembre de 2015, cuando fueron detenidos varios de los implicados.

Además de Mieres y Rivero, el expediente incluye a una decena de personas, entre ellas familiares de Mieres, colaboradores de Sampietro y otros sujetos que oficiaban de revendedores en puntos estratégicos. Al tratarse de un abreviado que sólo incluye a dos de los involucrados, los demás investigados siguen procesados a la espera de ser juzgado o también llegar a un acuerdo con la Fiscalía que implique un reconocimiento de culpabildidad.