
Un fallo flexibilizó los criterios para la prisión domiciliaria y dejó abierta la puerta para que miles de presos salgan de la cárcel
La Sala I de la Cámara de Garantías de Morón le otorgó la domiciliaria a un detenido aunque no había pulseras disponibles y la decisión no esté firme, como prevé el Código Procesal bonaerense. Con ese antecedente, un abogado solicitó que se aplique el procedimiento a todos los detenidos bonaerenses en idéntica situación.
Judiciales27/04/2023

Un fallo de la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón dejó abierta la puerta para salgan miles de presos en la provincia de Buenos Aires. En el caso concreto, el tribunal permitió que se otorgue la domiciliaria, de manera inmediata, a un hombre acusado de un intento de asesinato pese a que la medida no estaba firme y que no se le había colocado la pulsera electrónica, dos de los requisitos que exige el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
El caso que motivó el polémico fallo tramita en el juzgado de Garantías 6 de Morón y tiene como protagonista a Santiago Martínez, quien está acusado de haber atacado a Nicolás García (20), porque estaba charlando con su ex novia. El hecho tuvo lugar el 12 de noviembre del año pasado en un boliche de Hurlingham. Martínez lo agredió con una copa rota y lo dejó al borde de la muerte.
En un primer momento, Martínez fue acusado de intento de homicidio y quedó detenido en una comisaría. Pero en marzo la Cámara cambió la calificación a “lesiones graves”, apartándose de su propia jurisprudencia.
A partir de ese momento, la defensa de Martínez reclamó la libertad morigerada, lo que fue rechazado en primera instancia. Al momento de decidir, la Sala I decidió dejarlo en libertad de manera automática pese a que la resolución no estaba firme y que todavía no se le había colocado una pulsera electrónica, lo que se concretó el 21 de abril.
Con ese antecedente, el abogado Fernando Sicilia presentó un habeas corpus y reclamó que “con los mismos argumentos que han dado los jueces de dicha Sala I en esta causa, resuelvan todos los juzgados de Garantías que se ejecuten de forma inmediata todas aquellas morigeraciones concedidas por algún órgano y apeladas, como así también todas aquellas que estén firmes, pero que no se hicieron efectivas por falta de pulseras de Monitoreo”. Dicho de otra manera, que se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria de todos los detenidos que estén en las mismas condiciones del caso de Martínez.
Entre otros argumentos, Sicilia sostuvo que se debe aplicar el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) consultadas por Infobae aclararon que “en este momento no hay faltante de pulseras”. Actualmente, hay un total de 3770 personas con ese dispositivo colocado. El dato corresponde a la provincia de Buenos Aires.
Las tobilleras electrónicas permiten mantener un monitoreo permanente de los casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención durante las 24 horas del día. Gracias a esta tecnología, las autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad pueden intervenir inmediatamente en caso de que se registre una alerta por incumplir la orden judicial.
Tras el habeas corpus presentado por el abogado Sicilia, el juez Ricardo Fraga le pidió a todos los magistrados de Morón que informen si tienen casos de “morigerados con espera de la efectivización de la medida por parte de la Dirección General de Monitoreo electrónico perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense”. Con las respuestas, se determinó que en esa jurisdicción solo aplicaba el caso de Gregorio Diaz, detenido por tenencia de droga.
Por ese motivo, el juez hizo lugar este martes al habeas corpus y dispuso que se efectivice su arresto domiciliario aunque no esté disponible la tobillera. El fallo destaca que hace un mes venía esperando ese beneficio.
Los jueces
Pero la polémica arrancó con el fallo de la Sala I de Morón, integrada por los jueces Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso. “Con este fallo, solo con la concesión por parte de algún órgano judicial, debería hacerse efectiva en forma inmediata la domiciliaria. Por otro lado, en un gran porcentaje se impone como medida que los detenidos beneficiados con prisión domiciliaria posean pulsera electrónica para su control, siendo que muchas veces se demora su traslado al domicilio por falta de estas”, se quejaron los abogados que representan a Nicolás García.


El amor venció los prejuicios de los hijos, convalidaron el casamiento de una mujer de 78 con un hombre de 64 años.
La Sala Civil del STJ ratificó la validez del matrimonio de una mujer pese a la oposición de sus hijos. La mujer tiene 78 años y su esposo 64.

La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.

Un año sin justicia: el caso Ruiz Orrico y el reclamo de familias destrozadas por la impunidad
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.

Lo que dijo un aspirante a fiscal titular en la Audiencia del Senado: Cada fiscal tenemos 1.000 causas, hacen faltan más fiscales.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."






Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.