Sorpresa en encuentro de fiscales: Santa Fe anuncia demanda por incendios

Precisamente, el jefe de los fiscales santafesinos interpuso en la Cámara de Responsabilidad Extracontractual de Rosario una demanda civil contra los dueños de campos  por el daño a la salud derivado del daño ambiental de los incendios a los habitantes rosarinos.

La novedad se conoció durante el II Encuentro de Fiscales de Entre Ríos que se desarrolló el viernes 21 en Victoria. Barraguirre cerró el encuentro junto al Procurador General Jorge Amílcar Luciano García.

Hasta ahora, todas las denuncias y demandas por los incendios han transitado por la Justicia Federal en aspectos que tienen que ver con la responsabilidad penal. Pero la Procuración de Santa Fe plantea una demanda en el terreno civil y busca que la Justicia habilite al fuero ordinario para pleitear en ese terreno.

Los incendios en el Delta se concentran en una zona determinada: en las islas frente a Victoria, que balconean a la inmensa Rosario. Entre Ríos tiene la propiedad sobre 192 mil hectáreas de tierras, de las cuales 180 mil están en el Delta, en su mayor parte, 128 mil hectáreas, en el departamento Victoria. Los efectos nocivos de los incendios sobre la salud no son nuevos, pero sí se han agudizado en el último tiempo.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto con el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, se ha reunido varias meses durante 2022 con autoridades del Juzgado Federal de Victoria. Las acciones de la cartera nacional en el combate del fuego se complementan con presentaciones de información en la Justicia para que pueda avanzar con las investigaciones y encontrar a los culpables de los incendios intencionales en el Delta.

La primera presentación durante 2022 fue a mediados de julio en la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, donde se presentaron imágenes detectadas por los Faros de Conservación para aportar pruebas georreferenciadas de los focos ígneos. En agosto, Cabandié y Federovisky viajaron a  Victoria para ampliar la información presentada en el Juzgado Federal  y solicitar a la provincia de Entre Ríos que brinde los datos catastrales de los terrenos que presentaban, de forma reiterada, focos ígneos. Allí además mantuvieron una reunión con el juez federal de Victoria, Federico Martín, y el fiscal Claudio Kishimoto.

Además, el 13 de septiembre el Ministerio de Ambiente presentó una medida cautelar a dicha sede judicial para aplicar sanciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego como la prohibición de cambios de uso de suelo en los lotes relevados que sufrieron incendios.

Pero la primera denuncia sobre incendios en esa región se radicó en junio del 2020 en el Juzgado Federal N° 2 de Paraná a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso. Hay una segunda causa, iniciada en julio de 2022, en el Juzgado Federal de Paraná N° 1 a cargo del juez Leandro Ríos. En ambas causas el Ministerio de Ambiente de la Nación es querellante.

El 11 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó constituir un “Comité de Emergencia Ambiental” para detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná. Fue al declarar la competencia en una acción de amparo colectivo ambiental, promovida por una asociación civil (“Equística Defensa del Medio Ambiente”) contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria, por los incendios irregulares que se vienen produciendo en el cordón de islas que están frente a la costa de la ciudad de Rosario.

Ordenó además que dicho Comité adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná, utilizando para ello las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (Piecas-DP) de 2009. Dispuso asimismo que, en el plazo de 15 días corridos, presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.

La Corte consideró que existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Señaló además que  no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.