Comisario cerca del juicio por poner la Policía a merced de un empresario

Judiciales 04/07/2022 Por Editor
Guillermo Ocampo, comisario de la Policía de Entre Ríos, disponía adicionales paralelos, custodia y operativos para el dueño de una distribuidora de gaseosas de Concordia.
Guillermo Ocampo
Guillermo Ocampo, comisario de la Policía de Entre Ríos, disponía adicionales paralelos, custodia y operativos para el dueño de una distribuidora.

Guillermo Ocampo, comisario de la Policía provincial, ponía la estructura policial a su alcance al servicio de un empresario de Concordia que distribuye gaseosas y a quien se sindica como “un hombre con un accionar temerario y vínculos en el ambiente delictivo.” Según las sospechas firme que existen en la investigación de la UFI Concordia, principalmente custodiaba con sus subalternos de la División Investigaciones a esa distribuidora cuando esos policías debían estar en funciones. Pero Ocampo también realizaba operativos y diversas averiguaciones requeridas por el empresario. El ex jefe de Investigaciones de Concordia fue detenido en diciembre del año pasado y está cerca de ser enviado a juicio, aunque antes le van a imputar otro hecho más.

La historia comenzó en el marco de otra investigación que se venía llevando adelante en la Fiscalía de Concordia, a cargo de Francisco Azcué, a una banda narco que asediaba distintos barrios de la ciudad. Uno de los sospechosos era el distribuidor de gaseosas, quien habría estado involucrado en la compra venta de armas de fuego. Y por las escuchas telefónicas se detectaron innumerables contactos y comunicaciones de este hombre con el entonces jefe de un área clave y sensible de la Policía, como lo es Investigaciones.

De este modo, el fiscal comenzó una investigación al respecto. La actividad ilícita que se pudo detectar en esa pesquisa era el servicio de custodia policial que prestaba Ocampo al empresario.

Se trata de un servicio llamado adicionales, que está reglamentado por la Policía y se realiza mediante pedidos formales a la Jefatura Departamental. Las autoridades envían al lugar requerido por el particular que solicita la seguridad en un lugar o evento, se firma un contrato y se paga a la misma administración pública. Luego se abona al policía el dinero correspondiente por las horas adicionales trabajadas, en su cuenta bancaria, y asentado en su recibo de sueldo.

Pero para este empresario, Ocampo decidió hacerlo más simple y redituable para él y sus muchachos. El personal policial que custodiaba su distribuidora de gaseosas Manaos era exclusivamente de Investigaciones, quienes en vez de estar cumpliendo funciones en su horario de trabajo, iba a la distribuidora o el lugar que el empresario necesitare, según las evidencias que se fueron incorporando al legajo de investigación.

Y se detectaron otros servicios que Ocampo le prestaba al empresario. Si éste veía un vehículo cerca de su distribuidora con personas a bordo que le parecían extrañas o sospechosas, llamaba al comisario, le pasaba datos de la patente y Ocampo le averiguaba quiénes eran. El favor no quedaba en el informe sobre la identidad de esos sospechosos, sino que encima el comisario enviaba una comisión policial y montaba un operativo para interceptar e identificar a esas personas. Es decir, la estructura del Estado que manejaba Ocampo, a la voluntad de un particular.

Otro dato elocuente sobre esta relación en la pesquisa surgió en torno al hermano del empresario, quien estaba detenido con prisión domiciliaria, imputado por un homicidio. Un deber de la policía en estos casos es lo que se conoce como control saltuario, es decir, ir a la vivienda del detenido para corroborar que el mismo se encuentre cumpliendo la medida judicial. Y resultó ser que los únicos que realizaban ese control al hermano del empresario era personal de Investigaciones, por lo que, a esta altura, sobran las dudas de si realmente lo hacían.

Un operativo especial para el empresario

El nuevo hecho que le imputará el fiscal a Ocampo, y que revela aún más cómo el comisario disponía de la policía a merced del empresario, tiene que ver con un conflicto que tenía el empresario. Este hombre quería imponer su monopolio en la distribución de gaseosas de una conocida marca en Concordia y la región de Salto Grande. Había un comerciante que no quería comprarle las gaseosas a él, sino que prefería conseguirlas en otros lugares. Lo presionaba y amenazaba reiteradamente, e incluso una vez denunció que le quería prender fuego su casa.

Un día, el comerciante viajó a Villaguay para comprar esas gaseosas y el empresario concordiense  lo siguió. En el trayecto, cuando el hombre regresaba con la mercadería, lo interceptó y lo amenazó. En ese momento, el empresario se comunicó con Ocampo y el comisario movilizó nuevamente la estructura policial: llamó a la policía caminera y pidió montar un operativo cerrojo para detener la marcha del vehículo del comerciante, con el argumento de que llevaba mercadería que no estaría en regla. El procedimiento policial se realizó y el conductor del vehículo explicó la situación, dijo que lo estaban amenazando y justificó el transporte de las gaseosas.

Todo esto quedó registrado en las actas que se labraron en el operativo, y hasta en el libro de guardia donde quedó asentado el llamado que realizó Ocampo para pedir el mismo.

El 9 de diciembre del año pasado, el fiscal Azcué solicitó los allanamientos a los investigados y se logró desbaratar el accionar delictivo. Y desde entonces, la causa avanzó con el análisis de más evidencias que fueron secuestradas. Así, surgió este segundo episodio que será endilgado a ambos acusados.

Una vez que este hecho sea imputado formalmente al comisario, la causa quedará prácticamente lista para ser enviada a juicio, donde la Fiscalía buscará una condena tanto para el policía como para el empresario, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.

Ocampo, que había llegado a la Policía de Concordia en 2013, en este momento se encuentra pasivo en la fuerza de seguridad provincial y probablemente, si lo terminan condenando, sea exonerado.

El narco, el penitenciario y el empleado judicial

La causa que investiga las torturas aplicadas a un preso por parte de un agente penitenciario, por orden de un narco de Concordia, sigue avanzando y se esperan unas pericias para consolidar la acusación de la Fiscalía. A los imputados les morigeraron las medidas cautelares.

Se trata de Martín Alejandro Muñoz, un ex futbolista involucrado en el narcomenudeo, y Federico Alejandro Saldivia, efectivo de la Unidad Penal 3 de Concordia.

El fiscal los imputó por el delito de torturas; Muñoz en calidad de instigador y Saldivia como autor material. Fue luego del asesinato de un hijo de Muñoz, cuando el acusado le encargó al penitenciario que torture al detenido, como venganza por el crimen.

El martes pasado, la Justicia otorgó la libertad con medidas de coerción para Saldivia, y a Muñoz le atenuaron la prisión preventiva de efectiva a domiciliaria, por 45 días y monitoreado por tobillera electrónica.

Ahora la Fiscalía está a la espera de una pericia a un celular secuestrado en los allanamientos de fines de marzo de este año.

Cabe recordar que en la causa también está implicado un empleado de la Unidad Fiscal de Concordia, quien mantenía un asiduo contacto telefónico con Muñoz. Este narco le enviaba mensajes consultándole por el trámite de causas, el empleado judicial no respondía pero sí lo llamaba por teléfono (por WhatsApp), por lo que no quedaba registrado el contenido de la comunicación.

El hombre recibió una sanción, mientras se lo sigue investigando por presuntos incumplimiento de funciones.

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