
Una motocicleta y un automóvil colisionaron esta tarde cerca de las 18:40 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Rocamora, dejando como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones de carácter grave.
En lo que va del 2022, legisladores macristas y del espacio de Javier Milei presentaron proyectos para sancionar las movilizaciones en las calles para satisfacer a una porción de la población que demanda ese tipo de medidas.
Política13/06/2022Dirigentes sociales y especialistas coinciden en que Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza mantienen una agenda común de proyectos de ley que buscan "criminalizar la protesta" y que, además de expresar "una actitud defensiva" ante el avance de los movimientos sociales, también persigue el "rédito" de un electorado que pide un "orden en las calles", algo "imposible" si no se atienden los reclamos de los sectores populares, el "sujeto político más activo de la actualidad".
A partir de que miles de vecinos de las ciudades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul salieron a reclamar a las rutas en junio de 1996 por los altos índices de pobreza y desocupación -producto de la privatización y desnacionalización de las empresas públicas YPF y Gas del Estado-, la protesta social en el país no solo comenzó a llamarse "piquete" sino que obligó a todos los gobiernos y expresiones políticas a optar distintas medidas y posicionamientos frente a ellos.
En lo que va del 2022, tres proyectos de ley fueron presentados por distintos legisladores opositores con el objetivo de sancionar las movilizaciones en las calles.
Hace dos semanas, el diputado de JxC Gerardo Milman llevó una iniciativa al Congreso para suspender la "personería jurídica y/o administrativa" y cualquier "beneficio económico" que recibe por parte del Estado a toda "organización involucrada en delitos o contravenciones" durante movilizaciones.
La respuesta de las organizaciones
"Hay actitudes defensivas de la derecha ante el avance de los trabajadores", dijo el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato.
El dirigente cuestionó a los sectores que son "contemplativos con los poderosos" pero que bregan por "mano dura" sobre "el campo popular y los humildes".
"Nunca nos trataron como trabajadores, siempre fuimos planeros, vagos, negros, generadores de crisis y caos", protestó Onorato.
Pese a esto, los movimientos populares "están reconstruyendo la participación política de los trabajadores y de los sectores más humildes del país", detalló el secretario gremial de UTEP, una organización que cumplirá en diciembre tres años de vida y que tiene 2 millones de adherentes de diferentes agrupaciones como el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.
Con la llegada del Frente de Todos (FdT) al Gobierno en 2019, algunos de los referentes de estas organizaciones alcanzaron cargos en nuevas estructuras especialmente diseñadas para que puedan articular con sus bases, como la Secretaría de Economía y Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Tanto el volumen de estas organizaciones como los "cargos de jerarquía y decisión" que tienen en el Gobierno sus líderes, son características que -según expone el diputado Milman en su proyecto de ley- deben motivar "aún más responsabilidad" en el "respeto de las normas y leyes" durante las manifestaciones.
"Me parece que les molesta la defensa de determinados intereses", señaló el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.
"Buscan estigmatizar la proveniencia de dirigentes que vienen de sectores populares para tomar decisiones en el Estado", agregó el subsecretario, que también es coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.
Menéndez cree que "penalizar el conflicto y no administrarlo" es parte de la "línea conservadora" y de "esquemas que ya fracasaron".
"Muestran la voluntad de perpetuar esas inequidades que son la causa de lo que después se expresa con conflictividad social, movilizaciones y reclamos", concluyó.
Según la consultora Diagnóstico Político, durante 2021 hubo 6.658 movilizaciones -la cifra más alta de los últimos siete años-, un dato que retoma el diputado de JxC Waldo Wolff en otro proyecto que también busca reducir las movilizaciones, pero con el foco puesto en penalizar a los manifestantes.
Esta iniciativa presentada a principios de abril, en la que se propuso quitar toda "prestación económica" que reciba el autor de "delitos o contravenciones" realizadas en manifestaciones, salió a la luz la misma semana en la que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió "sacarles los planes sociales a quienes corten las calles".
"La gente se organiza, sale a reclamar sus derechos, y los aparatos estatales tratan de ponerle un freno a través de la criminalización de cualquier hecho de protesta", dijo la referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú.
Hace más de 20 años que los movimientos sociales comenzaron a centralizar los reclamos de los sectores populares, convirtiéndose en "el sujeto político más activo" de la actualidad, subrayó la referente de Correpi.
"¿Qué otro espacio tiene este poder de convocatoria y movilización?", agregó Verdú al ejemplificar con la Marcha Federal, una manifestación que desde los '90 reclama por "trabajo y salario" y que congregó hace un mes a miles de personas de todo el país en Plaza de Mayo.
Milei avanza en la misma línea
Desde que el partido encabezado por el diputado Javier Milei, La Libertad Avanza, se consolidó como tercera fuerza en el territorio porteño al conseguir el 17,30% de los votos en las elecciones de 2021, la dirigencia de JxC debate internamente cómo hacer no para no competir con ese electorado sino cooptarlo.
Si bien mantienen diferencias, una de las cuestiones en común es el rechazo a la protesta social.
En la misma línea de las intenciones de los diputados Milman y Wolff, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra, presentó en febrero un proyecto de ley con el objetivo de "prohibir las interrupciones" de la circulación "por parte de dos o más individuos", y pidió "designar un espacio particular" para que las personas puedan manifestarse "sin molestar a terceros", lo que provocó repudio de dirigentes y organismos sociales.
"Este tipo de normativa se usa para criminalizar a los integrantes y las organizaciones mismas, y también tienen un efecto de disciplinamiento, de evitar que las organizaciones hagan tal o cual cosa", dijo a esta agencia el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró.
Esos proyectos "funcionan como una limitación previa al derecho a la protesta y una amenaza", agregó.
Además de considerar estas iniciativas como una "marcada de cancha" ante un escenario de creciente "conflictividad social", Tufró cree que estos proyectos contienen "una medida de corte demagógico".
"Buscan un rédito político explotando malestares de algunos sectores de la población y proponiendo una idea de orden en las calles que podría existir en Suecia, pero que es imposible con los problemas sociales que hay acá", remarcó el representante del CELS.
Una motocicleta y un automóvil colisionaron esta tarde cerca de las 18:40 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Rocamora, dejando como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones de carácter grave.
En un comunicado conjunto de CONSEJEROS PARTIDO JUSTICIALISTA CONCORDIA – PAR – JUVENTUD PERONISTA CONCORDIA, hecho llegar a los medios, expresan con vehemencia "los números que duelen", refiriéndose a que Concordia pasó a ser la ciudad que tiene más chicos pobres DEL MUNDO, superando a Haití y a la bombardeada GAZA, atribuyen que gran parte de la culpa la tiene el presidente municipal de Concordia, Francisco Azcué que viene siendo zamarreado en los últimos días por la dirigencia política y el periodismo.
La magistrada y ex viceintendenta de Paraná fue destituída por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia por ejercer violencia sobre sus subordinados en el Juzgado de Diamante.
“Si tiene diferencias de principios o crisis en sus valores partidarios, debería reflexionar al respecto, pero no cercenar al movimiento que a través de sus militantes logró el lugar que hoy ocupa”, manifestaron.
La senadora de Feliciano, Gladys Domínguez, anunció su apartamiento del bloque. Adujo un prolongado proceso jalonado por desencuentros con sus pares que crecieron por su abstención en la votación que transformó en Ley la creación de la OSER y significó la desaparición del Iosper. Denunció una “campaña de persecución política no solo hacia mi persona, sino también hacia mi familia y entorno, con escraches, amenazas, violencia física, repudios públicos y hostigamiento mediático en mi contra”.
La ex diputada nacional María Elena Herzovich (UCR-Paraná) confirmó que el plenario del Comité Departamental Paraná del radicalismo rechazó una alianza entre Juntos por el Cambiemos y La Libertad Avanza y marcó diferencias y cuestionamientos hacia la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos.
En el marco del a investigación que la Unidad Fiscal de Concordia abrió de oficio tras conocerse públicamente el escándalo por el desvío de fondos de los comedores escolares, este viernes por la mañana se llevaron adelante dos allanamientos: en la casa de la exfuncionaria echada Silvina Murúa, y en la distribuidora de dos proveedores, padre e hijo, sospechados de participar de la maniobra de sobornos.
Un punto de venta de drogas que ya había sido desarticulado volvió a operar en las sombras hasta ser nuevamente allanado. En esta segunda intervención, la Justicia secuestró cocaína, marihuana y más de 90.000 pesos en efectivo, detuvo a un hombre mayor de edad y dispuso la demolición total del búnker, que funcionaba en condiciones precarias y sin habilitación.
Dos hombres fueron detenidos este jueves tras una intensa persecución que comenzó en el acceso norte de Concordia y finalizó en una zona rural próxima al kilómetro 270 de la Ruta Nacional 14, donde intentaron ocultarse en un bañado. Llevaban consigo 250 gramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado en 2.500 dólares.
En un operativo realizado este jueves por la tarde, efectivos de la Comisaría Segunda ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la esquina de Rawson y Humberto Primo, donde detuvieron a dos hombres armados: padre e hijo, acusados de haber amenazado de muerte a un vecino semanas atrás en el marco de un conflicto por la propiedad de una casa.