El Gobierno de Bolivia informó este lunes el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.
El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien detalló que se trata de 40 mil municiones que estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana, que se suman a las 26.900 halladas el año pasado en manos de la policía de ese país, de un total de 70 mil enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.
"Esto confirma la totalidad de la prueba del delito", expresó Basteiro, en diálogo con el El Destape Radio.
El embajador consideró que estas 40 mil municiones halladas "refuerzan la denuncia por contrabando" e incluso se suman a "otros elementos que siguen reconfirmando" la comisión de ese delito.
Por ejemplo, mencionó "reuniones de la Embajada argentina (en tiempos de Cambiemos) con otras embajadas en las que se hablaba de preparar el terreno para que se avanzara en un golpe" contra Morales.
De igual manera, fuentes judiciales consideraron que se trata de un "avance significativo para la investigación judicial" y remarcaron que, aunque la respuesta no es completa, despeja interrogantes que existían sobre el destino de los pertrechos.
El Gobierno boliviano de Luis Arce halló las balas antitumulto que se entregaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y que habían sido distribuidas "en diferentes cuarteles y organismos" de la FAB.
El hallazgo de las municiones es parte de un exhorto que la justicia de Bolivia envió a la Argentina.
El documento consta de una serie de informes que da cuenta de que el entonces Gobierno de facto de Jeanine Áñez -tras la expulsión de Morales de la Presidencia boliviana- recibió el material armamentístico enviado de forma irregular por la gestión macrista.
En Argentina, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
En Bolivia, además, se investiga si las municiones enviadas por el gobierno de Mauricio Macri se emplearon en la represión de las manifestaciones populares que se produjeron en las calles de ese país en contra del golpe asestado a la administración de Morales.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.
Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente porque fueron aportados por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
El Presidente confirmó la decisión a través de un mensaje que publicó en las redes sociales. El dirigente del PRO viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Tras la salida de Guillermo Francos, el ahora exfuncionario también dejó su cargo tras permanecer durante tan sólo un mes y medio en la gestión. "Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos", expresó.
Agradeció a Javier Milei por la confianza para “una nueva etapa” donde será prioridad “profundizar las reformas”.
El saliente jefe de Gabinete se va tras los “persistentes trascendidos”. Agradeció la oportunidad y allanó el camino para Manuel Adorni.
El Gobierno solicitó a la Cámara de Senadores la designación de conjueces para reemplazar a vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de ellos. Entre los postulantes se encuentran ex legisladores, ex funcionarios y ex integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Entre los casos en que podrían intervenir, de ser necesario, están los de la fiscal Cecilia Goyeneche, y el de la ex jueza Josefina Etienot.
Un grave accidente laboral en el parque industrial de Chajarí se registró lunes. Consecuencia de la sucedido, un joven de 28 años perdió la vida.
Un pescador del departamento Federal denunció que, tras pasar el fin de semana en el arroyo Diego López, descubrió que su vehículo había sido arrojado al agua. El hecho generó indignación en redes sociales, donde el afectado relató su situación.
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El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) fue procesado en Entre Ríos y Córdoba por tres crímenes. Antes de matar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, ejecutó y descuartizó al remisero Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en distintos puntos de Entre Ríos.
