El Gobierno de Bolivia informó este lunes el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.

El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien detalló que se trata de 40 mil municiones que estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana, que se suman a las 26.900 halladas el año pasado en manos de la policía de ese país, de un total de 70 mil enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

"Esto confirma la totalidad de la prueba del delito", expresó Basteiro, en diálogo con el El Destape Radio.

El embajador consideró que estas 40 mil municiones halladas "refuerzan la denuncia por contrabando" e incluso se suman a "otros elementos que siguen reconfirmando" la comisión de ese delito.

Por ejemplo, mencionó "reuniones de la Embajada argentina (en tiempos de Cambiemos) con otras embajadas en las que se hablaba de preparar el terreno para que se avanzara en un golpe" contra Morales.

De igual manera, fuentes judiciales consideraron que se trata de un "avance significativo para la investigación judicial" y remarcaron que, aunque la respuesta no es completa, despeja interrogantes que existían sobre el destino de los pertrechos.

El Gobierno boliviano de Luis Arce halló las balas antitumulto que se entregaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y que habían sido distribuidas "en diferentes cuarteles y organismos" de la FAB.

El hallazgo de las municiones es parte de un exhorto que la justicia de Bolivia envió a la Argentina.

El documento consta de una serie de informes que da cuenta de que el entonces Gobierno de facto de Jeanine Áñez -tras la expulsión de Morales de la Presidencia boliviana- recibió el material armamentístico enviado de forma irregular por la gestión macrista.

En Argentina, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

En Bolivia, además, se investiga si las municiones enviadas por el gobierno de Mauricio Macri se emplearon en la represión de las manifestaciones populares que se produjeron en las calles de ese país en contra del golpe asestado a la administración de Morales.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.