Juró un conjuez de Gualeguay para acusar en el jury

Gastón Justet aceptó ejercer la función acusadora en el jury en marcha a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, resuelto el 30 de noviembre último por el Jurado de Enjuiciamiento al receptar sendas denuncias en su contra por supuesto mal desempeño en la tramitación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura al no haber apartarse oportunamente tras saberse que había mantenido una relación comercial uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

En su escueta presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento, Justet, que forma parte de la lista de conjueces aprobada por el Poder Ejecutivo, con acurdo del Senado, para suplir, en caso de excusación, a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), aceptó cumplir la función de fiscal ad hoc y así suplir al Ministerio Público Fiscal, que fue apartado de su función acusadora en el jury por decisión del Jurado de Enjuciiamiento.

Justet aseguró que “no existe motivos de apartamiento a tal designación y que cumplo con los requisitos legales para tal designación”.

Este jueves 30, a las 8,30, Justet prestó juramento y tomó posesión del cargo de fiscal ad hoc.

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Martín Carbonell –saliente titular del STJ, ya que en 2022 será reemplazado por Susana Medina- le tomó juramento de rigor. “Doctor Gastón A. Justet, ¿jura por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal ad hocpara el que ha sido designado y cumplir y hacer cumplir las Constituciones de la nación y de la Provincia’.

A la respuesta afirmativa de Justet, Carbonell siguió con la fórmula de rigor: “Si así no lo hiciera, que Dios y la Patria se lo demanden”.

La lista de conjueces –con acuerdo del Senado, a propuesta del Ejecutivo- está conformada por 14 varones y 4 mujeres: Alejandro Daniel Canavesio, Gastón Alberto Justet, Amado Siede, Martín Acevedo Miño, Raúl Barrandeguy, Roberto Behéran, Luis María Campos, María Susana Benítez, Enrique Marciano Martínez, Miguel Ángel Federik, Ladislao Fermín Uzín Olleros, Carlos Alberto Schiavo, Julio Federik, Blanca Raquel Acosta, Gabriela María del Carmen Ceballos, Alejandro Daniel Briozzo, María Elena Romero y Carlos Antonio Chemez.

A esa lista echó mano el Jurado de Enjuiciamiento para trocar los conjueces en fiscales ad hoc. Quince de los convocados rehusaron el convite. Pero finalmente el número 16, de un listado de 18, Justet, exconcejal del PJ de Gualeguay y exprecandidato a intendente de esa ciudad, aceptó ejercer la acusación contra Goyeneche.

Los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después, denunciaron a Goyeneche y pidieron la formación de jury. Estos dos últimos, también denunciaron al Procurador General, Jorge García.

El Jurado de Enjuiciamiento, en votación dividida, decidió abrirle causa, separar a Goyeneche de su función y, también, apartar a todo el Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury, y convocar fiscales ad hoc de la lista de conjueces. La decisión de apartar a los fiscales del proceso motivó un planteo de recusación por parte del Procurador General, Jorge García, que fue rechazado por el Jurado, pero que ahora está en proceso de apelación por un recurso de inconstitucionalidad.

García recusó a 4 de los 7 integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que votaron apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol acusatorio en los proceso de jury: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, y los miembros de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y a la representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Sonia Rondoni.

Además, los denunció ante la probable comisión de un delito al violentar el ordenamiento legal en cuanto a las funciones de Fiscalía y pidió que, hasta tanto se resuelvan esos planteos, el Jurado se abstenga «de continuar el trámite en tanto se sustancia la presente a fin de no agravar la presunta ilicitud denunciada».

Los otros tres integrantes del Jurado son Luis María Campos, que representa al Colegio de la Abogacía, el senador Armando Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer, que no acompañaron la moción de apartar al Ministerio Público Fiscal del rol acusatorio en el jury.

Las denuncias 

El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Ese mismo mes se presentó un segundo pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet acusaron por mal desempeño al Procurador General  y a la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, con pedido de apartamiento de sus funciones.

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de abrir causa a Goyeneche y separarla de su cargo y enviar a la Legislatura la denuncia contra García para un eventual juicio político se demoró más de lo suficiente, y se conoció antes por la prensa. Entre Ríos Ahora anticipó la novedad.  Esa demora malquistó al Procurador, que lo hizo notar en su presentación.   «La insólita situación irregular de darnos por notificados obedece a que sabemos a ciencia cierta de lo resuelto hace ya varios días, negándosenos el derecho a notificarnos, lo que obligó a que presentásemos en el día de ayer (por el miércoles) un requerimiento a V.E., con la salvedad de la tácita admisión en caso de omisión, lo que ha ocurrido», dice la presentación de García.

Pero así como el Procurador General recusó a 4 de los 7 jurados, Goyeneche pidió el apartamiento de 5 de los 7.

Goyeneche apuntó contra  la decisión de suspenderla en el cargo mientras dura el proceso de jury, que fue votada por cinco integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: los vocales del STJ Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia; la representantes de los abogados Sonia Rondoni, y el senador Armando Gay; en contra, votaron Luis María Campos y Gustavo Zavallo.

Goyeneche recusó a esos 5 jurados.

En un duro escrito presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento, Goyeneche sostiene que el jury en su contra obedece a una acción de “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción que se siguen en la Provincia. Esta acción deliberada tiende tanto a obstaculizar esas investigaciones concretas (…) como de infundir temor a jueces y fiscales, para de esa manera onseguir resultados más favorable a los investigados y acusados”.

Y resalta que esa “interferencia en la independencia del Ministerio Público Fiscal se concreta a tavés de un procedimiento de remoción que se encuentra condicionado por intereses de algunos actores del sistema político provincial, en particular por la amplia influencia que tienen o pueden tener personas imputadas en causas de corrupción, o allegadas a las mismas, en quienes ejercen la función de jurados”.