Alberto Lugones, uno de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación, le pidió al presidente del organismo, Horacio Rosatti -y titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que de “manera urgente” le solicite a las autoridades nacionales y de Santa Fe que se garantice la seguridad de los jueces y fiscales de la provincia ante los ataques y amenazas que sufren diariamente.

El pedido fue hecho mediante una nota -a la que accedió Infobae- que va en línea con lo que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) -la entidad que nuclea a jueces, fiscales y defensores oficiales federales de todo el país- planteó el fin de semana ante las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, respectivamente.

El consejero juez planteó “la alarmante situación en materia de seguridad que atraviesa desde hace tiempo y con un dramático incremento la Provincia de Santa Fe”. Y en esa línea, Lugones le pidió a Rosatti, como titular del Consejo, que las autoridades encargadas tomen cartas en el asunto: “Desde allí es que se solicita que, de manera urgente, se efectúe una petición institucional a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar la debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales”.

El jueves a la noche desde la localidad de Trelew llegó una amenaza de muerte al celular del senador provincial de Santa Fe Lisandro Enrico. “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía el texto.

La amenaza también incluía a Cuello Murúa, Arzubi Calvo, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Por el hecho hay dos causas penales que se iniciaron y que tienen como principales sospechosos a Matías Alvarez y a Mauro Novelino, dos narcos de la zona sur de Santa Fe. El primero está detenido en la cárcel de Trelew y hace dos semanas empezó a ser juzgado por narcotráfico. Y el segundo fue trasladado desde esa misma cárcel a Marcos Paz y el jueves a la mañana -el día de las amenazas- fue indagado por Cuello Murúa y Azubi Calvo por el mismo delito en otra causa contra el intendente Chiarella.

Tras los hechos, la AMFJN repudio los hechos y pidió que se garantice la seguridad de jueces y fiscales. “Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, sostuvieron a través de un comunicado el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.

En Rosario fue atacados a tiros edificios judiciales, viviendas de jueces y fiscales, unidades penitenciarias y comisarías. De hecho, ayer a la madrugada fue atacada a tiros la sede de la Policía Comunitaria, en el barrio Acindar del sur de Rosario, con una amenaza de muerte.

La Corte Suprema reunió a más de 100 jueces federales de todo el país en Rosario en mayo del año pasado durante un congreso para respaldar las causas contra el narcotráfico. Allí hubo reclamos para que se controle lo que ocurre en las cárceles -desde donde los jefes narcos siguen llevando adelante sus negocios-, que haya una coordinación entre las fuerzas federales y nacionales y que se cubran las vacantes de jueces y fiscales que investigan el crimen organizado.

La justicia federal de Rosario tiene la misma estructura de hace 20 años cuando la ciudad en esas dos décadas vio el crecimiento exponencial del crimen organizado. En Rosario hay 24 cargos de jueces y fiscales federales de las distintas instancias: ocho están vacantes. Es el 33 por ciento de los lugares.