
La Justicia investiga el secuestro y torturas a uruguayos en Concordia durante la dictadura. Las víctimas recorrieron la ciudad para reconstruir los hechos.

La Justicia investiga el secuestro y torturas a uruguayos en Concordia durante la dictadura. Las víctimas recorrieron la ciudad para reconstruir los hechos.

Plan Cóndor: una investigación judicial da cuenta del secuestro, torturas y abusos sexuales que sufrieron ciudadanos uruguayos en Concordia en la dictadura.

El detenido tenía pedido de captura de la ciudad de La Plata desde el año 2019 por un robo.

Tras afanosas investigaciones, la sección respectiva de la Departamental Concordia procedió a detener un ciudadano de 54 años sobre el que pesaba pedido de captura.

Pasadas las 18 horas de este jueves, varios móviles con efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento en la distribuidora de Manaos ubicada en calle Mendiburu, en una causa que investiga el presunto delito de amenazas coactivas.

La situación se produjo en medio de una discusión, en la que el individuo hirió en la pierna a la víctima. El agresor fue trasladado a la alcaidía de Tribunales.

El violento hecho ocurrió este miércoles frente a la escuela J. J. Valle de nuestra ciudad. La mujer fue detenida.

La mañana del viernes 26 de diciembre comenzó con un fuerte despliegue policial en Concordia. Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal.


Un total de cinco cabinas fueron completamente derribadas. Los trabajos en la Estación de Peaje Yeruá comenzaron el viernes y continuaron este sábado. En su lugar colocarían cabinas de Telepeaje.

Desde el Consejo Departamental del Partido Justicialista repudiaron la cesantía de un centenar de trabajadores a los que no se les renovaron los contratos temporales que tenían con el Gobierno provincial. Calificó la medida como un acto de "crueldad mileísta" y acusó al gobernador de utilizar argumentos falaces de eficiencia para encubrir una persecución laboral y disciplinar a los trabajadores estatales.
