A lo largo de toda la mañana y hasta entrada la tarde, una comitiva encabezada por el juez federal Pablo Seró y la fiscal Josefina Minatta recorrió este jueves una serie de sitios de Concordia para intentar reconocer centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico militar. La inspección judicial se realizó en el marco de la causa en la cual se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en esta ciudad entrerriana contra un grupo de ciudadanos uruguayos, en un capítulo de la coordinación represiva del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.
Tres testigos-víctimas de las violaciones a los derechos humanos investigadas en la causa participaron de las inspecciones, que incluyeron también al lugar donde funcionó el boliche bailable Hostal del Río, en el parque San Carlos, ya que allí fueron detenidas las personas contra quienes se perpetraron los crímenes.
Entre los sitios que recorrieron los integrantes de la comitiva estuvieron dos antiguas construcciones abandonadas, como son el Naranjal de Pereda y La Charita. Este viernes se continuará con la difícil tarea de reconstruir cómo y donde sucedieron los hechos hace 45 años, en una Concordia mucho más despoblada de lo que es hoy. Se prevé la visita a lugares ubicados en inmediaciones del camping La Tortuga Alegre y de la represa de Salto Grande.
Siete personas oriundas de la República Oriental del Uruguay fueron detenidas ilegalmente en Concordia el 3 de julio de 1977. Eran cuatro hombres, dos mujeres y un niño de 3 años de edad. La mayoría de esas personas fueron torturadas y mantenidas en cautiverio en distintos centros clandestinos de detención, que ahora se está intentando identificar a través de las inspecciones.
Cómo fueron las inspecciones
Además del juez Seró y la fiscal Minatta, en las inspecciones participaron tres de las víctimas; el coordinador del Registro Único de la Verdad (RUV) de la provincia, Marcelo Boeykens; el coordinador de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concordia, Eduardo Maschio; integrantes de organismos de Derechos Humanos de la ciudad y personal del RUV.
"Se decidió no inspeccionar el Regimiento Blandengues, la Jefatura Departamental de Policía y la Unidad Penal N° 3, porque ya está acreditado su funcionamiento como centros clandestinos de detención durante la dictadura", comentó Boeykens al terminar la extensa jornada. "Se intentó reconstruir algunos de los caminos que pudo haber hecho uno de los testigos víctimas que logró fugarse de uno de los lugares", agregó.
Se dedicaron a recorrer el campo de polo del Club Donovan, ubicado cerca del parque San Carlos, sobre la costa del río Uruguay, que es uno de los posibles sitios donde eran torturados los perseguidos políticos de Concordia durante la última dictadura cívico militar.
Otro lugar donde estuvo la comitiva es el Naranjal de Pereda, una construcción en ruinas donde antiguamente funcionó un saladero, que también está situada en inmediaciones de San Carlos y a orillas del río Uruguay, cerca de Salto Chico.
También inspeccionaron La Charita, una casa abandonada ubicada al sur de Concordia, en proximidades de Benito Legerén y Villa Adela. En ese lugar, el arroyo Yuquerí Grande desemboca en el río Uruguay.
El Hostal del Río también fue visitado, ya que la mayoría de las víctimas comprendidas en esta causa estaban trabajando allí, en la construcción del techo de paja del local, cuando fueron detenidas. De hecho, el motivo inicial de la detención, según la denuncia, fue un entredicho entre los obreros y su patrón por una disputa laboral, lo que hizo que interviniera la Policía. Fue así que las fuerzas de seguridad tomaron conocimiento de que estos ciudadanos uruguayos eran requeridos por la dictadura del vecino país, por ser militantes del Partido Comunista Revolucionario.
Integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia y de la agrupación H.I.J.O.S. Concordia estuvieron presentes para acompañar a las víctimas durante la recorrida, que se inició a las 8.30 y finalizó a las 17.
Los hechos
En el expediente se investiga la responsabilidad de miembros de la Policía Federal, la Policía de Entre Ríos y del Ejército argentino, así como de militares de Uruguay, por privaciones ilegales de la libertad, violencia sexual y torturas.
Tras ser detenidas, las víctimas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental de Policía, luego a otros sitios de torturas y finalmente a la Unidad Penal. En esos lugares estuvieron presentes militares uruguayos.
Finalmente fueron trasladados al país oriental, en operativos clandestinos por agua y por el puente de la represa Salto Grande, que fueron coordinados por las fuerzas represivas de ambos países, en lo que constituye un capítulo local del Plan Cóndor.
En este causa recientemente se constituyó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Delitos sexuales
Además de los secuestros y las torturas, por impulso de la fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta, quien lleva adelante la investigación, en esta causa se denunciaron también delitos sexuales cometidos contra una de las mujeres detenidas. Esto constituye una novedad en los procesos por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, puesto que hasta ahora los abusos sexuales y violaciones cometidos por los represores se venían contemplando como parte de la tortura y no en forma autónoma como en este caso. (Uno Entre Ríos)
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