En un reclamo formal, el Colegio de Abogados pidió que se reactive la presencialidad para garantizar el servicio de justicia en la provincia.
Judiciales10/06/2021
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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que los juzgados provinciales vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una "solución real" al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales, informaron desde la institución que nuclea a los abogadas y abogados de la provincia.
En la nota se pidió formalmente “que no se continúe con la forma de prestación del servicio de justicia" dispuesta por el STJ en el Acuerdo Especial del 21 de mayo, que hace referencia al trabajo remoto en el Poder Judicial entrerriano por motivo de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.
El pedido de los abogados se fundamenta en la flexibilización que a su criterio hay en las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicios, respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita.
Aseguraron que los abogados y abogadas han "respetado en todas sus formas" las medidas sanitarias y cuentan con protocolos propios aprobados por el COES provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales.
Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el artículo 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.
Además, resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al Colegio de la Abogacía a convocar a una mesa de diálogo en la Secretaría de Trabajo, cursando invitación de todas las partes, como la Secretaria de Justicia de la Provincia, el gremio de los judiciales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos.
Según el Colegio, todos se comprometieron a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero aseguran que "resulta necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.
“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución”, finaliza el escrito.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
La familia llamó desesperada a la Policía, que rápidamente lo trasladó hasta el Hospital San Roque. Sin embargo, no pudieron reanimarlo.
La víctima contó que le llegaron mensajes pidiéndole la firma del 08. El ladrón admitió que la cambió por una camioneta. Prefirió no decir quiénes eran los integrantes de la comunidad gitana.
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