En un reclamo formal, el Colegio de Abogados pidió que se reactive la presencialidad para garantizar el servicio de justicia en la provincia.
Judiciales10/06/2021
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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que los juzgados provinciales vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una "solución real" al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales, informaron desde la institución que nuclea a los abogadas y abogados de la provincia.
En la nota se pidió formalmente “que no se continúe con la forma de prestación del servicio de justicia" dispuesta por el STJ en el Acuerdo Especial del 21 de mayo, que hace referencia al trabajo remoto en el Poder Judicial entrerriano por motivo de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.
El pedido de los abogados se fundamenta en la flexibilización que a su criterio hay en las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicios, respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita.
Aseguraron que los abogados y abogadas han "respetado en todas sus formas" las medidas sanitarias y cuentan con protocolos propios aprobados por el COES provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales.
Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el artículo 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.
Además, resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al Colegio de la Abogacía a convocar a una mesa de diálogo en la Secretaría de Trabajo, cursando invitación de todas las partes, como la Secretaria de Justicia de la Provincia, el gremio de los judiciales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos.
Según el Colegio, todos se comprometieron a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero aseguran que "resulta necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.
“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución”, finaliza el escrito.
Este martes se inicia el Juicio por Jurados contra los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, imputados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018. El juicio es impulsado por la querella autónoma –que sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil- porque Fiscalía desistió de la acusación por falta de evidencias. La defensa va por un accionar legítimo.
El acusado del crimen del remisero y del doble femicidio en Córdoba habría trazado un recorrido minucioso por caminos rurales y de ripio para evitar los puestos camineros. Según la investigación, su fuga fue planeada paso a paso.
Este miércoles 5 de noviembre, en la Sala N.º 4 de los Tribunales de Concordia, se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el juicio contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable por un jurado popular el pasado 23 de octubre por el homicidio agravado de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024.
El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) fue procesado en Entre Ríos y Córdoba por tres crímenes. Antes de matar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, ejecutó y descuartizó al remisero Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en distintos puntos de Entre Ríos.
La medida fue ordenada por la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de Córdoba. El hombre está acusado por los crímenes de su ex pareja y de la madre de la joven.
Dos femeninas que regenteaban un kiosco de narcomenudeo fueron detenidas con un arma de fuego y cebollines de cocaína listo para su comercialización. Ahora están en la Comisaría del Menor y la Familia. Podrían ser enviadas a la Cárcel de Mujeres de Paraná.
La plana mayor de la policía de Entre Ríos, se encuentra en Concordia, junto a funcionarios de primer nivel del gobierno provincial en el marco de un megaoperativo que tiene en ejecución desde ayer y seguían en la madrugada:54 allanamientos simultáneo, una cifra mayor a las ordenadas por los jueces brasileños en la lucha contra los carteles de las favelas del país vecino. Más tarde, en conferencia de prensa, presentarán los resultados del más grande de los operativos en procura de neutralizar a los vendedores de armas que proveen al narcotráfico de la región.
A pesar de que todo parece ser un extraordinario golpe al tráfico de armas del narcotráfico. Movilizar a media provincia hacia Concordia con docenas de efectivos y móviles para secuestrar una tumbera y armas de fuego de bajo calibre (salvo una 9 mm. que no se vio en las fotos) no parece adecuado y genera dudas. Realmente hubo 9 departamentales de Policía que enviaron un móvil cada una con una dotación de tres funcionarios ?, pues esto nos daria nada menos que 27, más los grupos GIA de varias otras, daría que hubo más de medio centenar de policías extras y no resulta congruente.
