KAMIKAZE DE BANANA REPUBLIC

Así lo expresan los familiares mediante marchas y manifestaciones frente a Tribunales, lo dice también la funcionaria municipal del Área de la Mujer que atendió a la madre desesperada para que se tomasen medidas urgentes, de acuerdo a la gravedad de los sucesos.

A veces, vemos lo que nos parecen excesos en las atribuciones de los fiscales cuando ordenan detener a una persona que, a simple vista, no ameritaría la prisión en la Alcaidía para “aclarar” las cosas y en otras, como esta, se observa una llamativa quietud, pese a que estaríamos en presencia, de acuerdo a la información que tenemos, de un caso gravísimo.

Las reformas de la Constitución, los códigos procesales y la actualización del servicio de justicia ha traído aparejado que exista el Ministerio Público de la Acusación (fiscalía) y el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de personas que no están sujetas a control superior, salvo las acusaciones o pedidos de jury de enjuiciamiento como el que promocionan los abogados Mulet y Paglioto de Paraná contra el fiscal general de Entre Ríos y otros funcionarios a su cargo.

Fuera de esto, los ciudadanos quedan expuestos al arbitrio de lo que decidan, para bien o para mal, los fiscales  que deciden sobre vida y hacienda de todos y sin que tengan que rendir cuentas a nadie, salvo a un coordinador que parece estar en ese puesto, mediante el conveniente “espíritu de cuerpo” lo que significa que “entre bueyes no hay cornadas”.

Entonces, no hay “sensación” sino la realidad de que “no hay justicia” y no se puede acudir a los representantes del pueblo que fueron elegidos por la voluntad popular porque “ese es otro Poder”, con el cual no pueden inmiscuirse, surgiendo entonces que hay un notorio desbalance de poderes en la clásica definición democrática de: ejecutivo, legislativo y judicial, pues lo dos primeros son inquilinos de sus representaciones políticas por los cuatro años de mandato y el último está atornillado a sus cargos, del que se van cuando deciden jubilarse y mientras tanto son monarcas, príncipes o reyes, en una ¿república?

Esta “sensación” de INjusticia es mayor cuando menor son las posibilidades económicas de las víctimas. Al menos, quien tiene recursos podrá acudir al mejor abogado y llevar su caso hasta la Corte y después de esto puede ir a Washington o a La Haya, para reclamar ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, siempre que pueda pagar.

Los carentes, que en esta ciudad somos una gran mayoría, debemos contentarnos con protestar con ruidos y carteles frente a tribunales y acudir (como se ha hecho por esos días) a la prensa para que visualicemos sus casos, pero como hay algunos que se creen superiores incluso a sus pares, se ufanan que únicamente harán caso a su conciencia.

Sucede que su conciencia tiene perjuicios sociales, económicos y políticos, entonces hacen lo que les da la gana y nadie dice nada, ni siquiera nosotros que no tenemos nada que perder, pero respetamos las investiduras con que el pueblo, a través del Senado, les ha otorgado a estos funcionarios que no funcionan y nos quedamos mordiendo el freno, hasta que la realidad nos supera y hacemos catarsis, un descargo emocional que resulta insuficiente y que debería motorizarnos a acciones más comprometidas y fuertes aunque, de entrada, avizoro que en esta monarquía gobiernan los inquisidores y no tenemos igualdad de armas, pero nos damos fuerza para ser la voz de los que no tienen voz y kamikazes de la verdadera justicia.