Represión y delito

Antes de continuar con estas reflexiones vale adelantarnos a los primeros embates. El Estado está en la obligación de neutralizar la capacidad de daño de cualquier individuo aunque sea a costa de su libertad. Por las dudas lo repetimos: El Estado está en la obligación de neutralizar la capacidad de daño de cualquier individuo aunque sea a costa de su libertad.

Dicho esto vale adentrarnos en algunas cifras que demuestran la incongruencia de relacionar castigo con seguridad.

Estados Unidos tiene una tasa que ronda los 6 homicidios cada 100 mil habitantes. El índice de Finlandia es de 1 a pesar de que la cantidad de policías por habitante en este país es aproximadamente la mitad de aquel.

En nuestro país la tasa de homicidios es de 3,6, relativamente baja si tenemos en cuenta que América Latina y el Caribe están consideradas las regiones más violentas y desiguales de la tierra.

En cuanto a la tasa de encarcelamiento Estados Unidos está cuarto con 542 presos, en tanto que los delitos violentos ascienden a 380…siempre cada 100 mil habitantes.

Un índice en la otra cara de estas relaciones se vincula con Islandia, que tiene 36 presos por cada 100 mil habitantes. En total varía entre 130 y 140 en total.

No son los países más seguros los que tienen un sistema más represivo sino lo contrario. Los primeros puestos lo integran países que tienen bajos índices de criminalidad y sistemas que no se basan en el populismo punitivo.

Los países más seguros, según el Índice de Paz Global, son Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Suiza, que tienen instituciones democráticas muy sólidas y bajos niveles de desigualdad económica y corrupción.

Este índice registrado en 2023 coloca a la Argentina en el puesto 54, a China en el 80 y a Estados Unidos en el 131. El último, con el número 163, es Afganistán.

¿Efecto disuasivo?

Quienes defienden el punitivismo suelen argumentar que mayores penas ayudan a la disuasión de cometer delitos. Pues está demostrado que ello no es así. Saber que va a ser atrapado disuade más que la severidad del castigo.

Programas de prevención y políticas sociales y humanitarias han de ser más disuasivas que la amenaza de cárcel de por vida.

En Estados Unidos hay estados en los que se aplica la pena de muerte y en otros no. En los que sí los índices de criminalidad no son menores. Habitualmente los estados sin pena de muerte suelen registrar tasas de homicidio más bajas.

¿El que las hace las paga?

Quien haya transitado unidades penales de nuestro país no puede ignorar qué tipo de personas las pueblan: pobres. El perfil mayoritario en nuestras cárceles es ser pobre, joven y con escasos o ningún nivel educativo.

¿Es que acaso cometer delitos es una condición exclusiva de los pobres? Bien sabemos que no, pero es difícil y extraño ver figuras de la política o el mundo económico purgando allí alguna pena. No importa que estos puedan contabilizar millones y millones producto de sus manejos y que aquellos acaso estén ahí por arrebatar un celular.

Apostar a programas de reinserción social sería mucho más saludable que tratar de corregir los problemas de seguridad aumentando las penas. Educación, capacitación laboral, salud y deporte deberían ser herramientas primordiales de las políticas en contextos de encierro.

A estos argumentos suele enfrentarse con aquello de que hay personas irrecuperables. En respuesta a esa sentencia me despido de estas líneas con lo que me contestó Jouko Pietilä -con quien comencé esta columna- a mi pregunta

-¿No cree usted que hay personas irrecuperables?

-Si yo pensara eso no podría estar donde estoy.