Desalojo exprés: la bomba social que Concordia no está mirando

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otros puntos acelera los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Por los cambios introducidos, la iniciativa deberá volver al Senado, que decidirá si acepta el texto de Diputados antes de su sanción definitiva.

Cuando la ley rija y comiencen a tramitarse las primeras acciones por usurpación en Concordia, se estima que no menos de 5.000 familias —alrededor de 20.000 personas— podrían ser desalojadas. Ese impacto caerá sobre una ciudad cuyos índices oficiales de pobreza e indigencia no dejan de crecer, y anticipa lo obvio: quienes sean desplazados no tendrán posibilidad de comprar un lugar donde vivir.

Una tierra que no está al alcance

Es previsible que los lotes que se liberen salgan luego a la venta. Pero en Concordia un terreno con infraestructura no cuesta menos de 30 a 50 dólares el metro cuadrado: un lote tipo de 200 m² ronda entre 6.000 y 10.000 dólares. Una cifra inalcanzable para quien fue expulsado precisamente por no tener recursos.

A esto se suma el crecimiento demográfico. Muchos hijos de familias trabajadoras siguen viviendo con sus padres o levantan una pieza en el fondo del terreno para formar su propio hogar. La demanda no es solo la de los desalojados: es también la de una generación entera que no puede acceder a un lote propio.

Un Estado municipal atrasado

La autonomía que la Constitución garantiza a los municipios pone en sus manos las ordenanzas de uso del suelo, la zonificación y los factores de ocupación. En esa materia, Concordia está muy atrasada.

Mientras se autorizan edificios de varios pisos en el centro —donde el hogar se reduce a un departamento con, a lo sumo, un balcón, y solo los de mayor categoría ofrecen solárium, gimnasio o espacios comunes—, las normas de loteo diseñadas por técnicos ajenos a la realidad local exigen apenas cuatro lotes por manzana, de 40 metros de frente por 40 de fondo: 1.600 m² cada uno. Llevar alumbrado, red eléctrica, agua potable y cloacas a frentes de esa dimensión eleva tanto el costo final que deja afuera tanto a los futuros desplazados como a quienes simplemente quieren construir su casa propia y no “en el fondo de la casa de los viejos”.

El sector público, que en otros tiempos construía barrios enteros —como La Bianca, concebido por Enrique Tomás Cresto como “ciudad satélite” y levantado íntegramente por el IAPV—, hoy tiene en marcha menos de 50 viviendas en Concordia. A eso se suma el intento de terminar casas de madera abandonadas en barrios del oeste que aparecen a diario en la crónica policial, lo que desalienta el asentamiento de nuevas familias justamente donde existen lotes municipales ociosos.

Las cuentas que nadie hace

Para dimensionar el problema: si una familia necesita 200 m² para vivir dignamente, una manzana admite 32 lotes. Para 5.000 familias harían falta unas 160 manzanas. Sumando escuelas, centros de salud, comisarías, plazas y espacios verdes, la necesidad supera las 250 a 300 hectáreas.

La única forma de ampliar el tejido urbano en esa escala sería incorporar las tierras ociosas de pequeña superficie —una, dos o tres hectáreas— que ya están dentro del ejido, cuentan con servicios y no están ocupadas. El obstáculo es el precio: una hectárea urbana con servicios se cotiza entre 200.000 y 300.000 dólares. El resultado ronda los 60 millones de dólares, una suma imposible para las arcas públicas.

Antecedentes que no sirvieron

No es la primera vez. En una crisis habitacional no tan lejana, la CAFESG abrió un registro para quienes quisieran acceder a terrenos parcialmente financiados por el Estado. En dos semanas se inscribieron más de cinco mil interesados. El plan terminó antes de empezar: funcionó como válvula de escape y los anotados siguen esperando.

Hoy los fondos de la CAFESG se destinan a reparar y construir escuelas y hospitales. El desarrollo regional para el que fue creada quedó para tiempos mejores; cubre lo que la Provincia no quiere —o no puede— atender. Aquel sueño de Goyo Soler sobre lo que significaría Salto Grande para la región no lo vio concretarse en vida, y cuando la obra se hizo realidad, sus objetivos se desviaron para tapar los baches del Estado provincial.

Por su parte, la Municipalidad disolvió el organismo creado específicamente para la política de tierras y vivienda. Quien absorbió sus funciones está ocupado en otros menesteres —bacheo, repavimentación— y no muestra intención de planificar para un futuro que está a la vuelta de la esquina. Tal vez, con lógica de rédito político, se espere a que la crisis estalle para presentar entonces un plan “revolucionario” que dé tierra a los desplazados y a quienes necesitan un lote para proyectar su vida en familia, en sintonía con las tres “T” del Papa Francisco: tierra, techo y trabajo.

Visión, antes que estalle

Lo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes es visión: una mirada amplia, capaz de anticipar los problemas y resolverlos ANTES DE QUE ESTALLEN. Cuando esa mirada es miope, cuando la gestión se limita a hacer la plancha y dejarse llevar por la corriente sin que ninguna ola la incomode, los votantes buscan otras opciones, más comprometidas. Opciones que les permitan sentirse parte de una ciudad que honre su nombre —Concordia— y dejar de ser los convidados de piedra de la pobreza y la exclusión.