Habiendo finalizado el trabajo en las comisiones del Senado provincial, queda claro que las diferencias entre el oficialismo del PRO-UCR-LLA y la seudo «oposición» del peronismo, son de forma y no de fondo respecto a la quita de derechos con la reforma de la Ley 8732. Es más, esta reforma solo puede tratarse con la complicidad y el quórum dado por el peronismo que es mayoría en Senadores.
En el proyecto oficialista, el ajuste recae sobre todos los trabajadores públicos de la provincia. Se aumenta la edad ordinaria a 60 y 65 años para mujeres y varones respectivamente, llevando a 35 años los aportes, habrá un cambio regresivo en el cálculo del haber inicial promediando los últimos 15 años de servicios y se mantendrá el mal llamado «aporte solidario» de quienes están en un régimen especial como el docente. Respecto a las pensiones, bajan el haber del 75% al 70%.
Pero además, todo esto puede ser peor, porque declara la emergencia previsional por 2 años, habilitando al gobernador actual o próximo, a aplicar todo tipo de arbitrariedades en línea con el ajuste que ya implica el proyecto.
Por su parte, el peronismo en su dictamen hace recaer el ajuste y la quita de derechos en los nuevos trabajadores que ingresen luego de sancionada la Reforma. Así, eleva la edad ordinaria a 60 y 65 años como el oficialismo, baja el haber del pensionado también a 70%. En el caso del régimen especial docente, aumenta a 57 y 59 años la edad, llevando a 30 años los servicios con 20 frente a alumnos. Para el sector de educación especial y trabajadores del Copnaf, aumenta la edad a 50 años también con 30 de aportes y 20 en tareas diferenciadas.
Como vemos en sus dictámenes, oficialismo y «oposición» acuerdan en reformar la Ley 8732 quitando derechos, para no afectar los intereses del sector que concentra la riqueza de la provincia y sostener con esos recursos los derechos consagrados.
Para disimular esto, el PJ menciona la creación de un Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, que evidentemente es algo cosmético que no solventaría el supuesto «déficit», ya que como vimos su propio dictamen también es profundamente regresivo.
Párrafo aparte, merecen las senadoras peronistas Domínguez y Miranda, que ya en el robo del Iosper colaboraron con Frigerio, y según sus propias declaraciones lo volverían a hacer. Como en el Congreso Nacional, el PJ siempre aporta los votos necesarios a Milei o Frigerio, aunque discursivamente jueguen de «opositores».
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