
Memoria y democracia
Videla en un encuentro con personajes de la cultura: Horacio Ratti, Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); Jorge Luis Borges; Ernesto Sabato y Leonardo Castellani, sacerdote y escritor. El régimen buscaba legitimarse y acercarse a la sociedad civil.
TABANO SCA 50 años del golpe de Estado que inició la etapa más oscura de nuestra historia moderna, la Argentina atraviesa una profunda paradoja. Diversos estudios de opinión pública señalan que si bien el rechazo al autoritarismo y el respaldo a la democracia como sistema se mantienen muy firmes entre la población, existe gran insatisfacción con el funcionamiento concreto de las instituciones y un temor latente a que hechos similares a los ocurridos en la última dictadura puedan repetirse.
1. No se puede pensar la Constitución sin sus elites
Las Constituciones fueron elaboradas por pactos de elites, en 1787, 1853 o 1994, y son llevadas a la práctica -o sistemáticamente violadas- por sus elites en competencia por poder y recursos. Un país es construido por su pueblo pero la dirección de la construcción es de las elites en disputa. En la modernidad ese proyecto político estaba en la Constitución.
En 1976 la elite judicial le garantizó la estabilidad a la elite militar y financiera para su accionar represivo y criminal. El Golpe no construyó al poder judicial, esa estructura cómplice era preexistente y lo sucederá.
Cuando las elites judiciales otorgan impunidad a otras elites por dinero es una cosa. En contraste, cuando para garantizar impunidad se le concede nuevos poderes estamos ante un cambio de régimen. Uno que permite la supremacía judicial sobre la política democrática. Un tutelaje judicial parecido al rol que las fuerzas armadas tuvieron en el Siglo XX.
Cuando una nueva elite decide destruir el país que habita, rediseñarlo, ese pueblo puede apoyar ese momento mesiánico o elegir otra elite para que detenga ese salto al vacío.
Los pueblos no son infalibles y se mienten a sí mismos con la ayuda de sus elites. Con la convertibilidad, por ejemplo, gracias a una dirigencia miope, la elite financiera robará -una vez más- los ahorros de los argentinos en 2001. La amnesia del pueblo es un problema. La anomia perversa y la impunidad de la elite, otros más graves.
La Constitución de Chile de 1980 refleja el proyecto de las elites militares y económicas de Chile que impulsaron el golpe de 1973. En Argentina la elite militar fracasó con un plan económico tensionado por sus facciones y se autodestruyó con una guerra demente e improvisada. La derrota de Malvinas y la debacle económica no le impidió hacer pública la deuda privada y dejar a salvo a sus elites financieras, diplomáticas y judiciales que trabajaron para el poder militar mientras éste obedecía al poder empresarial.
La elite económica, jefa de las Juntas militares, hizo la transición democrática con una soltura legal sin igual. Muchas de sus trampas inconstitucionales (deuda externa) crecieron como un cáncer y muchos de sus engendros -ley de entidades financieras- siguen vigentes. Sus asesores económicos y legales han sido figuras centrales de la vida política y judicial, hasta de los derechos humanos.
En 1970, por un lado, la pobreza en Argentina era menos del 5 por ciento y había condiciones de pleno empleo. En ese contexto, que amplios sectores de la elite política y universitaria, gran parte de la juventud, abrazaran la violencia armada eclipsó el horizonte y aceleró la llegada de los tiempos más crueles, del mal absoluto. Por otro lado, ya en 1976, la dirigencia cultural representada por Borges y Sábato apoyará a Videla. Después de su colapso lo juzgarán severamente.
2. La demencia de las elites
Las elites no siempre ganan el poder. A veces la otra elite lo pierde, se descompone. Peor es cuando a un elite demente la sucede otra más demente y sádica. Tristemente nadie tiene un proyecto alternativo a Milei. Se espera que su proyecto explote para rapiñar poder en el vacío. Primero el poder, después vemos. Esa circulación de las elites por colapso siempre trae más dolor y pobreza para la sociedad.
El colapso de la dictadura no significó la derrota de su ecosistema de elites sino su circulación, su reformulación. Después de su caída, las elites judiciales que co-gobernaron con las Juntas juzgarán a sus elites militares, a sus Juntas. Hoy justamente las elites de economistas y financistas están dejando atrás las elites tradicionales de abogados en el poder desde 1983. Las elites pos-democráticas están dejando atrás las elites democráticas de los últimos cuarenta años. Esa circulación tiene espiral descendente hacia lo desconocido.
La elite militar previa a 1976 tuvo a Genaro Carrió (1956), Guillermo O’Donnell (1963) o Emilio Mignone (1966) como ministros de Gobierno de diferentes dictaduras. La clase oligárquica en la que nacieron líderes sociales y políticos -por ejemplo Jaime de Nevares- no existe más. Era una oligarquía que construyó un país. Su comparación con la actual da escalofríos. Ésta no tiene marco ni freno moral alguno, es cínica y sádica. Es una necro-elite, una oligarquía de la destrucción.
La elite bipartidaria tradicional ignoró el intenso malestar que gestó su propia contraelite en sintonía con la sociedad enojada. Ejerció un negacionismo del malestar en democracia.
La calidad de las elites determinan la estabilidad del sistema político y el futuro del país. Nuestros derechos más básicos -trabajo, salud, seguridad- dependen de ellas o pueden ser privatizados por ellas.
El apoyo explícito de Borges a Videla -y a Pinochet- representa la ceguera de una elite, -una de tantas, la cultural pero también la civil, la eclesial, la periodística, etc- que construyó legitimidad para la peor dictadura de la Argentina. Otra ceguera preocupante hoy es la de las elites de gobierno democráticas de una nación en una encrucijada vital, ante una sociedad harta y fragmentada. Esa sociedad hace tiempo siente que las elites democráticas la traicionaron, la abandonaron. Esas emociones negativas parecen abrir un ciclo de tiempos posdemocráticos. La acción de reconstruir y reparar lo roto nos sigue esperando.
*Abogado y profesor de Derecho Constitucional.
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