La primera reacción a las medidas de fuerza resueltas este miércoles por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que arrancan con un paro por 24 horas este jueves, provino del Colegio de la Abogacía de la Provincia que reclamó la constitución de una mesa interjurisdiccional de la que tomen parte el gremio de los empleados del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el propósito de garantizar «el funcionamiento pleno de la administración de justicia».
Judiciales03/06/2021
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En el marco de un reclamo por actualización salarial, pero también en rechazo a la posible prórroga a la Ley de Emergencia Solidaria -cuya vigencia vence a fin de mes y que con su implementación supuso retracciones en los salarios de activos y pasivos para sostener el sistema previsional provincial-, los judiciales iniciaron paros y retención de servicios de forma sostenida. Como sus demandas no han sido satisfechas, las medidas de fuerza han comenzado a resentir el servicio de justicia en Entre Ríos, ya de por sí afectado por el confinamiento y el trabajo no presencial.
Este miércoles se reunió el plenario de la AJER y resolvió la realización de un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y desconexión total al teletrabajo para este jueves 3, que continuará en las próximas semanas con dos días de paro los días jueves y viernes (10 y 11 de junio; 17 y 18 de junio y 24 y 25 de junio), convocándose un nuevo plenario el viernes 25 de junio.
Ante ese escenario, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos convocó a los distintos estamentos involucrados en el servicio de Justicia “para encontrar soluciones alternativas ante la medida de fuerza anunciada por el gremio de los empleados judiciales”. Desde la entidad que nuclea a los matriculados de la provincia convocaron a autoridades del Superior Tribunal de Justicia, del Gobierno de Entre Ríos, de AJER y Asociación de Magistrados “a sentarse a dialogar para garantizar el servicio de justicia tal como lo plantea la Constitución Provincial”.
Desde el Colegio remarcaron que “ante la nuevas medidas de fuerza dispuestas por AJER, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se ve en la obligación de señalar que toda la sociedad sufre la pandemia y la grave crisis económica y que los distintos estamentos sociales entre los que nos encontramos los abogados, los empleados públicos, los y las jubiladas provinciales estamos soportando esta situación crítica que afecta a la Provincia”.
“Somos los operadores judiciales, -empleados, magistrados y la abogacía-, quienes debemos contribuir agotando todos los esfuerzos necesarios para garantizar el servicio esencial de Justicia, el acceso a la justicia y la tutela judicial continua y efectiva, fundamentalmente para los sectores de mayor vulnerabilidad social y económica de nuestra provincia”, señalaron.
Al respecto, exigió “que todos realicen un esfuerzo a fines de garantizar concretamente el funcionamiento pleno de la administración de justicia provincial y superar la actual situación”.
La Sala Civil del STJ ratificó la validez del matrimonio de una mujer pese a la oposición de sus hijos. La mujer tiene 78 años y su esposo 64.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Por la grave agresión se dispuso la detención de dos mujeres, mayores de edad, que agredieron a la menor de 13 años. Según la fiscal, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características
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A días del receso invernal, la actividad turística en Concordia parece sumida en una parálisis. Los empresarios del sector advierten una temporada con reservas mínimas, casi inexistentes, y no disimulan su frustración: el Estado no genera nuevos atractivos ni promociona los ya existentes. Las ideas escasean. El único recurso que parece manejarse con destreza es el de crear nuevos impuestos o retocar los viejos con maquillaje semántico.
El asesinato de un hombre a manos de su expareja, que le clavó un cuchillo mientras él sostenía en brazos al hijo de 11 meses de ambos, ha conmocionado a Brasil
El Directorio y el personal de CAFESG expresan su profundo pesar por el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo Alexis Rebot y acompañan a él y su familia en este momento de dolor.
