Cierre de la Radio Urbana Municipal: Cuando el ajuste silencia voces

El cierre de la Radio Pública Municipal de Concordia, decidido por Ordenanza del Concejo Deliberante, es mucho más que una medida presupuestaria. Es una acción política con alto impacto en el ecosistema local de medios y en la vida concreta de trabajadores de la comunicación que hoy quedan desamparados. Más de una docena de periodistas, operadores y productores independientes —sin asignación en otras dependencias— pierden su fuente laboral en un contexto socioeconómico adverso. No hay reubicación administrativa, no hay plan de transición, y sobre todo, no hay explicación pública que contemple el valor simbólico, democrático y comunitario de un medio estatal en manos de la ciudadanía.

Un ajuste con nombre y frecuencia

La Municipalidad argumenta que el costo operativo de la radio —estimado en $150 millones anuales— resulta insostenible y que los fondos serán reasignados a obras. Es válido discutir prioridades en el uso del erario, pero resulta regresivo convertir el ajuste en un silenciamiento. ¿Es verdaderamente dispendioso sostener un canal de expresión comunitaria? ¿No hay alternativas de reforma o reestructuración que compatibilicen eficiencia fiscal y derechos comunicacionales?

Cuando la política calla al periodismo

Resulta preocupante que se insista en calificar a la radio como “aparato de propaganda oficial”, omitiendo que numerosos periodistas —muchos ajenos al poder político de turno— construyeron allí espacios informativos, culturales y de servicio. Instalar que su origen responde a un intento de disciplinamiento interno del peronismo no habilita a desmantelar el presente de decenas de trabajadores. Tampoco justifica el retiro estatal de la producción informativa en ciudades donde los medios privados, muchas veces precarizados, no alcanzan a cubrir demandas comunitarias o territorios de la periferia.

Comunicación como derecho, no como gasto

La Constitución Nacional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconocen la comunicación como derecho humano. Cuando un municipio cierra su radio pública, no solo resigna una herramienta institucional: desactiva una plataforma de pluralidad, participación y memoria social. El silencio que deja el cierre de la Radio Urbana no es solo ausencia sonora: es retracción del Estado en un ámbito fundamental del desarrollo democrático.

Una periodista de la ahora ex Radio Municipal relató a otro medio que, desde sectores del poder local, se acusaba a los comunicadores de "no prestar micrófono a los funcionarios". Ella descartó esa afirmación de plano, señalando que los micrófonos estuvieron abiertos incluso en plena campaña electoral para que expresaran ideas y propuestas. Ese testimonio desmiente la tesis de censura inversa y confirma lo que parece ser el verdadero objetivo: acallar voces incómodas, no porque hayan cerrado el diálogo, sino porque conservaron independencia editorial.

A la par del cierre, desde la Oficina Municipal de Prensa se notificó que quedan suspendidas las pautas publicitarias. La decisión no solo desarticula la Radio Pública: impacta directamente sobre pequeños y medianos emprendimientos periodísticos que sobreviven gracias a ese ingreso en medio de la crisis. Se aproxima un silencio que no será solo radial, sino transversal: una parálisis informativa que desactiva a todos los medios y pone en revisión el papel mismo de una oficina de prensa que emite comunicados sin interlocutores. No es solo el cierre de una frecuencia. Es la clausura de un espacio público, plural y necesario.