Editorial: La Fábrica de órdenes de allanamiento

Este ritmo frenético revela que, con cuatro jueces de Garantías en Concordia, cada uno emite un promedio de tres órdenes de allanamiento por día, acumulando más de 250 allanamientos por juez en tres meses. Si esta tendencia se mantiene, en un año se habrán realizado 4.000 allanamientos, y en cuatro años, durante el mandato actual, se alcanzaría la alarmante cifra de 16.000 irrupciones en los hogares de los concordienses. Con aproximadamente 33.000 viviendas en la ciudad, esto implicaría que casi la mitad de los hogares estaría bajo sospecha de delitos graves, justificando la violación de puertas, el ingreso armado de policías y la búsqueda exhaustiva de pruebas, afectando incluso a niños y mujeres. Todo esto representa una clara violación al derecho a la intimidad, que protege la esfera privada de las personas, incluyendo su domicilio y vida familiar.

Por otro lado, el ministro estimó que en tres meses se realizaron 700 detenciones, lo que equivale a casi 8 personas por día. A este ritmo, en un año se detendrían 2.920 personas, y en cuatro años, 11.680 ciudadanos perderían su libertad. Esto significa que un 6,8% de la población de Concordia enfrentaría la posibilidad de ser encarcelada.

La pregunta inevitable es: ¿dónde serán alojadas estas personas? Aunque se ha mencionado la construcción de una nueva cárcel en Paraná, el proceso está lejos de ser inmediato, considerando los requisitos de licitación y plazos. Cabe recordar que el exgobernador Bordet prometió una nueva cárcel en su primer mandato, pero esa promesa quedó en el olvido. Mientras tanto, la cárcel de Concordia, construida en 1874, está superpoblada y las comisarías no son aptas para alojar detenidos. La alcaidía, con capacidad para apenas 24 presos, se llenaría en cuestión de días bajo esta política de encarcelamiento masivo.

Esta "bukelización" de la política criminal, que prioriza más presos como sinónimo de mayor seguridad, contradice los principios de los Derechos Humanos, sistemáticamente vulnerados por el Estado. Los jueces, convertidos en meros escribanos de fiscales, parecen competir por quién encarcela a más ciudadanos, ignorando las implicaciones humanas y sociales de sus acciones.

En contraste, el Papa Francisco, en sus recientes reflexiones sobre el sistema carcelario, ofrece una visión espiritual y humana que está diametralmente opuesta a la lógica imperante en nuestra justicia. Su mensaje nos invita a repensar el enfoque punitivo y a buscar soluciones que respeten la dignidad humana.