El hábeas corpus presentado por el exgobernador Sergio Urribarri para lograr salir de su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº 1 dictado el martes 19 por la Cámara de Casación Penal al hacer lugar a un pedido del Ministerio Público Fical, será ahora analizado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Judiciales27/11/2024
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En primera instancia, el hábeas fue rechazado por la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo y confirmado por el juez de juicio Santiago Brugo, que ante una petición de los defensores de Urribarri, Javier Baños y Leopoldo Cappa, entendió que «corresponde conceder por ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Entre Ríos, el Recurso de Apelación interpuesto por dichos letrados».
La Casación entendió que Urribarri -y también su cuñado Juan Pablo Aguilera- podrían fugarse en función de la gravedad de los hechos ilícitos que se le enrostraron -negociaciones incompatibles con la función pública, peculado- y lo gravoso de la pena: Urribarri, 8 años de cárcel; Aguilera, 6 años y 6 meses. En su voto, la jueza Marcela Davite dijo: “De allí que no pueda resultar desproporcionado y menos irracional, pronosticar que, así como se sirvieron de los cargos públicos que detentaban y de la estructura que crearon para cometer los delitos, se servirán de esas mismas circunstancias, más la disponibilidad de los elevados montos de dinero (de los que siguen disponiendo, porque el Estado aún no los recuperó), para eludir el cumplimiento de la condena, fugándose”.
A ese voto adhirieron las otras dos juezas de Casación, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
La prisión preventiva en la cárcel es hasta que la condena en el megajuicio quede firme, un tiempo impreciso por cuanto el caso está con un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia. Por eso mismo, la defensa de Urribarri procuró mediante un hábeas corpus lograr su liberación en tiempo perentorio, pero la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo les dijo que no era la vía.
La resolución de Bacaluzzo debió ser refrendad por un magistrado de una instancia superior. Pero dos vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo y Gervasio Labriola, se excusaron; un tercero, Alejandro Grippo, giró el caso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que no resolvió ningún camino. Una vía posible sería definir qué juez debía analizar lo resuelto por la jueza Bacaluzzo; otra, intervenir de forma directa en el hábeas. Este fin de semana no ocurrió ninguna novedad.
De modo que Urribarri, y su cuñado Aguilera, más el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado en el megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión, continuarán alojados en la Unidad Penal. Urribarri y Aguilera ya recurrieron el fallo de Casación con una impugnación extraordinaria; Báez lo hará este lunes. De ese modo, pretenden llegar a la máxima instancia provincial, la Sala Penal del STJ.
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La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
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