El hábeas corpus presentado por el exgobernador Sergio Urribarri para lograr salir de su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº 1 dictado el martes 19 por la Cámara de Casación Penal al hacer lugar a un pedido del Ministerio Público Fical, será ahora analizado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Judiciales27/11/2024
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En primera instancia, el hábeas fue rechazado por la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo y confirmado por el juez de juicio Santiago Brugo, que ante una petición de los defensores de Urribarri, Javier Baños y Leopoldo Cappa, entendió que «corresponde conceder por ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Entre Ríos, el Recurso de Apelación interpuesto por dichos letrados».
La Casación entendió que Urribarri -y también su cuñado Juan Pablo Aguilera- podrían fugarse en función de la gravedad de los hechos ilícitos que se le enrostraron -negociaciones incompatibles con la función pública, peculado- y lo gravoso de la pena: Urribarri, 8 años de cárcel; Aguilera, 6 años y 6 meses. En su voto, la jueza Marcela Davite dijo: “De allí que no pueda resultar desproporcionado y menos irracional, pronosticar que, así como se sirvieron de los cargos públicos que detentaban y de la estructura que crearon para cometer los delitos, se servirán de esas mismas circunstancias, más la disponibilidad de los elevados montos de dinero (de los que siguen disponiendo, porque el Estado aún no los recuperó), para eludir el cumplimiento de la condena, fugándose”.
A ese voto adhirieron las otras dos juezas de Casación, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
La prisión preventiva en la cárcel es hasta que la condena en el megajuicio quede firme, un tiempo impreciso por cuanto el caso está con un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia. Por eso mismo, la defensa de Urribarri procuró mediante un hábeas corpus lograr su liberación en tiempo perentorio, pero la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo les dijo que no era la vía.
La resolución de Bacaluzzo debió ser refrendad por un magistrado de una instancia superior. Pero dos vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo y Gervasio Labriola, se excusaron; un tercero, Alejandro Grippo, giró el caso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que no resolvió ningún camino. Una vía posible sería definir qué juez debía analizar lo resuelto por la jueza Bacaluzzo; otra, intervenir de forma directa en el hábeas. Este fin de semana no ocurrió ninguna novedad.
De modo que Urribarri, y su cuñado Aguilera, más el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado en el megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión, continuarán alojados en la Unidad Penal. Urribarri y Aguilera ya recurrieron el fallo de Casación con una impugnación extraordinaria; Báez lo hará este lunes. De ese modo, pretenden llegar a la máxima instancia provincial, la Sala Penal del STJ.
Este martes se inicia el Juicio por Jurados contra los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, imputados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018. El juicio es impulsado por la querella autónoma –que sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil- porque Fiscalía desistió de la acusación por falta de evidencias. La defensa va por un accionar legítimo.
El acusado del crimen del remisero y del doble femicidio en Córdoba habría trazado un recorrido minucioso por caminos rurales y de ripio para evitar los puestos camineros. Según la investigación, su fuga fue planeada paso a paso.
Este miércoles 5 de noviembre, en la Sala N.º 4 de los Tribunales de Concordia, se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el juicio contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable por un jurado popular el pasado 23 de octubre por el homicidio agravado de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024.
El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) fue procesado en Entre Ríos y Córdoba por tres crímenes. Antes de matar a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, ejecutó y descuartizó al remisero Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en distintos puntos de Entre Ríos.
La medida fue ordenada por la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de Córdoba. El hombre está acusado por los crímenes de su ex pareja y de la madre de la joven.
La plana mayor de la policía de Entre Ríos, se encuentra en Concordia, junto a funcionarios de primer nivel del gobierno provincial en el marco de un megaoperativo que tiene en ejecución desde ayer y seguían en la madrugada:54 allanamientos simultáneo, una cifra mayor a las ordenadas por los jueces brasileños en la lucha contra los carteles de las favelas del país vecino. Más tarde, en conferencia de prensa, presentarán los resultados del más grande de los operativos en procura de neutralizar a los vendedores de armas que proveen al narcotráfico de la región.
A pesar de que todo parece ser un extraordinario golpe al tráfico de armas del narcotráfico. Movilizar a media provincia hacia Concordia con docenas de efectivos y móviles para secuestrar una tumbera y armas de fuego de bajo calibre (salvo una 9 mm. que no se vio en las fotos) no parece adecuado y genera dudas. Realmente hubo 9 departamentales de Policía que enviaron un móvil cada una con una dotación de tres funcionarios ?, pues esto nos daria nada menos que 27, más los grupos GIA de varias otras, daría que hubo más de medio centenar de policías extras y no resulta congruente.
Hay 24 heridos. El chofer del ómnibus dio positivo de alcoholemia y está detenido.
