Policías acusados: Informe de Gendarmería consideró la hipótesis de un caso de gatillo fácil

Lo sostuvo un comandante de Gendarmería que declaró en el juicio ante un jurado popular para establecer la responsabilidad de dos policías en la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en septiembre de 2018 en barrio Capibá. El informe, que se realizó en base a las evidencias incorporadas al expediente que sustanció la Policía, se contradice con las conclusiones del que realizó el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, que sostuvo que la víctima estaba en movimiento al recibir el disparo.

La quinta jornada del juicio ante un jurado popular que se sustancia para determinar la responsabilidad de los policías, Rodrigo Molina –sospechado como autor del disparo- y Diego Íbalo –imputado por impedir que su compañero disparara-, en la violenta muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en medio se graves incidentes con arma de fuego entre bandas del barrio enfrentadas, se destacó porque todos los testigos que declararon realizaron las pericias y los informes basados en aquellas, tras la remoción de la Policía en la pesquisa para dar lugar a Gendarmería Nacional.

 
Este lunes, tras la reanudación del debate que tuvo su última audiencia el viernes con la reconstrucción del hecho en barrio Capibá- declararon dos gendarmes que aclararon que realizaron los respectivos informes tomando como basamento los cuerpos que componen el expediente que sustanció personal de la Policía de Entre Ríos. También declararon efectivos de la fuerza provincial que dieron cuenta de las tareas que realizaron para formar el expediente de investigación.

 
Por la fuerza nacional declararon dos comandantes. El dato distinto lo aportó uno que sostuvo que tras analizar las cientos de fotos y la planimetría que componen el legajo, y el informe de la autopsia, llegó a la hipótesis de que la “distancia del disparo era nula”. Añadió que arribó a aquella suposición después de evaluar el lugar de hallazgo de una vaina servida calibre 9 milímetros –donde se presume que estaba el tirador- y las excoriaciones que tenían el cadáver en las rodillas y el hombro derecho, de las que dijo que ocurrieron en el lugar del hecho, añadiendo que “no eran previas” y que tras la herida de muerte Gusmán se “desploma inmediatamente”.

 
Aquella hipótesis –que se concluyó en 2024- confronta con la que dio el titular del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, que sostuvo que Gusmán estaba “en movimiento” al momento de recibir el impacto y que como consecuencia del mismo cayó hacia adelante “por la inercia y el impacto del disparo”. También afirmó que las marcas que el cuerpo del joven tenía en las rodillas era de antes del hecho.

 
El comandante también sostuvo que no fue posible determinar otras situaciones, como la correspondencia de la vaina servida secuestrada con el arma del supuesto tirador, porque no se encontró el proyectil que atravesó el cráneo del joven que tenía 23 años.

 
El otro comandante aportó que no se pudo determinar de manera “fehaciente ni categórica” la trayectoria del proyectil, como así tampoco la posición en la que estaba Gusmán al momento del impacto, pero sí realizar “consideraciones” a partir de las evidencias y del protocolo de autopsia. El gendarme sostuvo que tampoco fue posible determinar la distancia del disparo y la ubicación del tirador, pero especuló que estaba cerca del lugar donde se levantó la vaina servida, a una distancia de 49,26 metros, longitud casi exacta con la que se logró determinar en la reconstrucción del hecho.

 
De los funcionarios de la fuerza de seguridad provincial, se destacó el del director de Investigaciones, Horacio Blazón, que en año del hecho era titular de la División Homicidios. El funcionario sostuvo la hipótesis de un enfrentamiento en el que los funcionarios imputados repelieron la agresión de Gusmán, que estaba armado y previamente disparó contra los uniformados que llegaron al barrio ante los numerosos llamados al 911 por las balaceras que involucraron a Gusmán con integrantes de otra banda del barrio.

 
También declararon tres policías más, entre los que se encontraba un fotógrafo que seis meses después del hecho realizó un informe fotográfico con la ubicación de los cuatro testigos “presenciales del hecho”. En este sentido se debatió sobre las condiciones de visibilidad que tenía cada testigo al momento del hecho.

 
Otro funcionario policial dio detalles del sistema de monitoreo por GPS de los móviles de la fuerza. Sostuvo la precisión del sistema y detalló que el 911 tiene alrededor de 30 móviles afectados al patrullaje y si se adicionan los de las comisarías y demás direcciones y divisiones, alcanzarían los 80 móviles con condición de ser monitoreados por el sistema HT.

 
El debate continuará el martes 18 con nueva prueba testimonial más el abordaje de la filmación de la reconstrucción del hecho para que la pueda observar el jurado popular. Una vez concluida aquella etapa será el turno de los alegatos de clausura del juicio y las partes harán sus respectivos pedidos.