En los últimos meses, las Defensorías Públicas han experimentado un notable incremento en el número de casos que deben atender, ya sean penales como civiles. Este fenómeno ha generado preocupación en las autoridades judiciales que advierten la necesidad de dotar a la Defensoría de mayores recursos y apoyo para enfrentar esta creciente demanda que va en aumento.
Judiciales01/09/2024
Editor
Según datos obtenidos del presupuesto Plurianual 2021 – 2023 de la Provincia de Entre Ríos, el Ministerio Publico de la Defensa recibe un 50% menos de recursos que el Ministerio Público Fiscal, órgano que sólo atiende causas penales. Esta disparidad en la asignación de recursos, sumada a la crisis económica actual, ha llevado a una sobrecarga de trabajo para los defensores públicos.
Por un turno de cuatro días -sólo en Paraná- un defensor público atiende a unas 40 personas que son detenidas por distintos delitos, en su mayoría contra la propiedad. En este relevamiento no se suman los casos que ingresan por abuso y violencia de género.
La situación económica actual ha exacerbado este problema provocando un aumento en las detenciones por delitos contra la propiedad y en causas civiles por alimentos. La crisis económica ha llevado a muchas familias a situaciones de vulnerabilidad, incrementando la demanda de asistencia legal en casos de alimentos y otras disputas civiles. Este incremento en las causas civiles por alimentos es otro reflejo de la creciente dificultad que atraviesan muchas familias para cumplir con sus obligaciones económicas básicas.
Las autoridades judiciales están trabajando en propuestas para mejorar la situación, incluyendo la implementación de nuevas tecnologías y la capacitación continua de los defensores públicos. Estos esfuerzos requieren de un compromiso firme por parte del gobierno y de la sociedad para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una defensa justa y equitativa.
El aumento de casos en las Defensorías Públicas es un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer estas instituciones clave para el sistema judicial. Solo a través de un apoyo adecuado y una gestión eficiente se podrá garantizar el derecho a una defensa de calidad para todos.
Las jurisdicciones más grandes poblacionalmente son Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En estas ciudades hay defensorías especializadas en derecho Penal, Civil, que abarca lo atinente a familia y niñez.
En el resto de los Departamentos hay defensorías multifueros. Es decir, defensores que se ocupan de todas las temáticas. Esto es porque en esos lugares tiene mucho menor incidencia lo penal.
Una mirada humana de un problema grave
El Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez, habló sobre el aumento de las detenciones y los casos que atiende el área. “Este año hubo un importante incremento las causas. Tenemos aproximadamente un 35 o un 40% más de personas detenidas en lo que va del año en todos los Departamentos. En algunos (como Paraná y Concordia) supera los 40, en otros menos”. Sin embargo, el jefe de los Defensores Públicos señaló que el impacto más grande actualmente lo tienen en las defensorías civiles. “Es decir, ya esto nos ha ocurrido en otros momentos de crisis económica del país, donde se ha incrementado muchísimo a partir de que, por ejemplo, una persona que tenía fijada una cuota alimentaria pierde el trabajo.
Lógicamente no puede pagar la cuota alimentaria, entonces viene la ex-cónyuge o la expareja a reclamar el pago de la cuota alimentaria, se la cita a la persona, la persona no tiene trabajo o perdió un trabajo en blanco y ahora está trabajando en forma informal, lo que resulta muchísimo más difícil de obtener una cuota alimentaria coherente”, y agregó: “También tenemos problemas con muchos supuestos donde los papás o las mamás no pueden cumplir con la cuota alimentaria, es solicitar cuota alimentaria a los abuelos. Y ustedes saben la situación que se encuentra en general los jubilados, sobre todo los jubilados nacionales, solicitar una cuota alimentaria a veces es prácticamente imposible. Entonces se están fijando realmente cuotas alimentarias muy bajas. También la crisis económica, la crisis en lo laboral trae problemas en crisis familiares, problemas que se reflejan en primer término en la Defensoría Civil, seguramente, y ojalá esto no ocurra, pero si se prolonga este periodo de crisis económica a lo mejor se empiece a reflejar también más profundamente, como ocurrió en el 2001, en los penales”.
En ese sentido, Benítez sostuvo: “En lo penal no se refleja inmediatamente, porque cuando se pierde el trabajo, al mes siguiente ya no se paga la cuota alimentaria. En cambio, en lo penal, el deterioro se va produciendo muy paulatinamente y se va a reflejar dentro de un tiempo. Eso es lo que no ha ocurrido en otros periodos de crisis. Como también cuando existen periodos de bonanza, ese periodo de bonanza se refleja años después, no se refleja en forma inmediata. Pero, lógicamente, ha aumentado muchísimo en todos los departamentos de la provincia la actividad de la defensa pública”.
Recursos para mayor calidad
Benítez contó que vienen gestionando mayores recursos para la Defensa Pública. “Estamos gestionando mayores recursos. En este momento hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados tendiente a generar mayor cantidad de recursos humanos de manera tal de fortalecer la defensoría pública para dar atención a todos estos justiciables. La defensoría pública es la puerta de entrada al acceso a la justicia en todos lados. Por lo tanto, si queremos brindar acceso a la justicia a los ciudadanos y que ese acceso a la justicia sea eficaz y eficiente y que el resultado sea eficaz y eficiente, debemos fortalecer la defensa pública. Independientemente de eso, también estamos en conocimiento que la Judicatura ha pedido al Poder Ejecutivo y a la Legislatura cargos para fortalecer determinadas áreas que son críticas en este momento y también lo ha solicitado el Ministerio Público Fiscal”.
Sobre las personas que pueden pagar un abogado, pero eligen la defensa pública, Benítez dijo que “el artículo 8 del Pacto San José-Costa Rica, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exige que toda persona que esté imputada un delito tenga un defensor. Si esa persona no propone un defensor, lógicamente para que el proceso se siga se le impone el defensor oficial. Muchísimas de las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad han sido defendidas por la defensa pública porque era necesario que se les brindara una defensa. En ese sentido nosotros estamos obligados a ejercer esa defensa, pero para estar en una condición de igualdad y porque el servicio público de defensa está fundamentalmente destinado a las personas que carecen de recursos, lógicamente a esas personas se les cobra un honorario, el honorario que regula el juez, y eso va con destino a biblioteca, perfeccionamiento, recursos de la defensa pública. Pero tenemos muy pocos casos”. (Análisis)
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